Antes de su
traslado a la Fiscalía
la sala de interceptaciones del Ejército había sido protagonista de varios
incidentes.
No es nuevo
que los militares estén involucrados en ‘chuzadas’. En 2008 informes del
desaparecido DAS, irónicamente, documentaron que miembros de inteligencia
militar en Antioquia sobornaban a integrantes del CTI para tener acceso a
chuzadas ilegales y a las salas de interceptación y nada ocurrió en ese
entonces (ver documento).
Tampoco
cuando incluso la propia ‘sala gris’ del Ejército salió salpicada en episodios
de chuzadas ilegales. Uno de esos casos ocurrió en septiembre de 2009, en pleno
escándalo de las chuzadas del DAS.
Desde la
‘sala gris’ del Ejército se interceptó ilegalmente al entonces magistrado
estrella de la parapolítica, Iván Velásquez, en unas conversaciones con su
familia y con el agregado judicial de la embajada de Estados Unidos en Bogotá.
El número de
Velásquez y una alta funcionaria de la Procuraduría fueron ingresados ilegalmente y
escuchados en la sala de los militares. Esas chuzadas fueron detectadas y la
investigación determinó que dos funcionarios del CTI que trabajaban con los
militares en esa sala metieron subrepticiamente esos números simulando que se
trataba del celular de un miembro del frente 53 de las FARC que hacía
extorsiones.
Camuflar un
número de una víctima de chuzada en un proceso de un caso real es uno de los
modus operandi usados para tratar de meter goles en las salas de
interceptación. Los funcionarios fueron condenados a 11 años de prisión.
Aunque esas
chuzadas ocurrieron en el corazón de una de las más importantes unidades del
Ejército ningún militar resultó involucrado en la investigación. Aunque quedó
claro que la ‘sala gris’ era susceptible a infiltraciones y los controles no
impedían que se pudieran meter goles, la sala no se cerró en ese entonces.
Tampoco
sucedió con otro incidente. En febrero de 2010 una operación de la DEA y la Fiscalía terminó con la
captura y posterior extradición de Ramiro Antury, quien como fiscal 10
antiterrorismo delegado ante fuerzas militares durante años fue uno de los
hombres más cercanos, apreciado y de confianza de la inteligencia militar
quienes lo veían como uno de los suyos y con acceso a la información de la
‘sala gris’.
Ante la Corte del Distrito sur de
Columbia aceptó cargos y fue condenado a casi cinco años de prisión en una
cárcel estadounidense por haber participado en envíos de droga y de suministrar
información a mafiosos sobre cuáles de sus teléfonos estaban siendo
intervenidos, datos que conseguía en la 'sala gris'. Su arresto y extradición
fue una sorpresa para algunos de sus amigos militares que obviamente negaron
saber los malos pasos en los que andaba su fiscal de confianza. Semana.com
- 03 02 - 2014
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