Creada por los acuerdos de paz con las Farc, esta entidad
tiene la difícil tarea de pasar la página de la violencia sin reabrir ni
profundizar heridas.
Una semana antes de lo anunciado, el Comité de Escogencia
hizo pública la lista de los elegidos para conformar la Comisión de la Verdad
creada por los acuerdos entre el gobierno y las Farc. Se trata de una pieza
clave de la compleja arquitectura diseñada para hacer viable el cambio de la
lucha armada por la actividad política legal, basada en el principio de verdad,
justicia, reparación y no repetición.
Aparte
de la fecha de la noticia, el Comité de Escogencia –compuesto por 3 expertos
nacionales y 2 colombianos– no sorprendió. En términos generales, mantuvo los
criterios con los que ya había llenado las vacantes de la justicia especial
para la paz: amplia presencia de la mujer (5 de 11), representatividad regional
(hay 5 antioqueños), hojas de vida con vasta experiencia en el campo e
inclusión de minorías étnicas. Tampoco hubo diferencia en la preferencia por
miembros con trayectoria en la defensa de los derechos humanos, que en ambos
casos ha generado críticas en la derecha, que la interpreta como un supuesto
sesgo ideológico.
Estaba
cantado que el sacerdote jesuita Francisco de Roux saldría elegido y que sería
el presidente. Su trabajo en favor de los derechos humanos es ampliamente
reconocido. Fue el primer ganador del Premio Nacional de Paz, por su labor con
las comunidades del Magdalena Medio, y su personalidad discreta y prudente
genera respeto en todos los sectores. El propio expresidente Álvaro Uribe,
crítico de los acuerdos con las Farc y del trabajo del Comité de Escogencia de
la JEP y de la Comisión de la Verdad, se refirió en forma positiva a su
nombramiento en entrevista concedida a RCN Radio.
Junto
con De Roux, la comisión quedó conformada por Marta Ruiz, consejera editorial
de SEMANA; Saúl Franco Agudelo, médico de la Universidad de Antioquia; María
Patricia Tobón, asesora de resguardos indígenas; el español Carlos Beristain,
el único extranjero, quien laboró en las Comisiones de la Verdad de Paraguay y
Perú; Lucía González, con trabajos en temas de memoria y resolución de
conflictos sociales; María Ángela Salazar, vocera de la Mesa Departamental del
Conflicto Armado de Antioquia; Carlos Ospina Galvis, exmiembro del Ejército;
Alfredo Molano, periodista y escritor; Alejandra Miller, investigadora de la
Comisión de la Verdad de las Mujeres Víctimas del Conflicto; y Alejandro
Valencia, quien se ha desempeñado en actividades semejantes en Guatemala, Perú
y Ecuador.
Es
frecuente que los procesos de negociación política para terminar conflictos
incluyan un mecanismo de esta naturaleza. Así ha ocurrido en todo el mundo,
porque las diferencias sobre la interpretación de la historia de la violencia
son una de las causas mismas del enfrentamiento. En consecuencia, construir una
narrativa unificada que reúna altos niveles de consenso se considera una
condición necesaria para cambiar el curso de la historia. Las víctimas de la
guerra, además, no van a ser resarcidas con justicia plena para los victimarios
–porque se aplicarán penas reducidas dentro del concepto de justicia
transicional–, y la construcción de una verdad compensa esa necesidad. Hay
víctimas que prefieren el conocimiento pleno de los hechos sobre la aplicación
de la justicia.
Pero
satisfacer esos anhelos enfrenta muchos obstáculos. La investigación sobre la
verdad es una fórmula para pasar la página, pero también puede reabrir y
profundizar heridas. La línea divisoria es delgada. En la era de la posverdad y
las manipulaciones políticas de las versiones sobre hechos tan complejos, el
trabajo de la comisión tiene que resultar tan efectivo como prudente. Y bajo
una polarización como la que ha generado el proceso de paz, se requerirá de mucho
rigor y tino para que la exploración a fondo de la realidad del conflicto no
exacerbe aún más los ánimos, lo contrario a su naturaleza.
Colombia
tiene experiencias en este campo. El informe ¡Basta ya!, emanado de la Ley de
Justicia y Paz con la que se desmovilizaron los grupos paramilitares, fue un
primer esfuerzo de recopilación de la historia violenta de los últimos años. El
hecho de que la comisión de nombramiento, ahora, no haya incluido al
historiador Gonzalo Sánchez, quien encabezó su redacción, se ha interpretado
como una señal de que la Comisión de la Verdad no debe repetir lo ya hecho.
Tampoco se trata de una instancia paralela para el tratamiento judicial de los
procesos penales de quienes participaron en el conflicto, de lo cual se hará
cargo la JEP.
Análisis: Los desafíos que tendrá que encarar la Comisión
de la Verdad
Los
propios comisionados recientemente elegidos, bajo la presidencia de Francisco
de Roux, tendrán un papel en la definición de su trabajo. Aunque hay parámetros
fijados por los acuerdos entre el gobierno y las Farc, la comisión definirá sus
procedimientos para conocer la realidad de las regiones y para abrir mecanismos
de comunicación con las víctimas de diversos sectores. La tarea, para la que
tendrá un plazo de tres años, con seis meses anteriores de preparación,
definitivamente no significa encerrarse en un salón para redactar un nuevo
informe. Lo único claro es que no será fácil. Por: Semana.com – 11 – 11 – 2017
Comcrear Óriente: Organo de Expresión del Movimiento Cívico
“Ramón Emilio Arcila”
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