1/10/2018

LEONARDO BOFF: ¿QUE ES LA VERGÜENZA?

Benjamín Franklin (1706-1790) fue editor, refinado intelectual, escritor, pensador, naturalista, inventor, educador y político. Proponía como proyecto de vida un pragmatismo ilustrado, asentado sobre el trabajo, el orden y la vida sencilla y sobria. Fue uno de los padres fundadores de la patria estadounidense y un participante decisivo en la elaboración de la Constitución de 1776. Ese mismo año fue enviado a Francia como embajador. Frecuentaba los salones y era celebrado como sabio hasta el punto de que el propio Voltaire, ya anciano de 84 años, salió a recibirle en la Real Academia.
Cierta tarde, se encontraba en el Café Procope de Saint-Germain-des-Près, cuando irrumpió salón adentro un joven abogado y revolucionario, Georges Danton, diciendo en voz alta para que todos lo oyesen: «El mundo no es más que injusticia y miseria. ¿Dónde están las sanciones?»
dirigiéndose a Franklin le preguntó provocativamente: «Señor Franklin, ¿por detrás de la Declaración de Independencia norteamericana, no hay justicia, ni una fuerza militar que imponga respeto? Franklin serenamente contestó: «Se equivoca, señor Dantón, detrás de la Declaración hay un inestimable y perenne poder: el poder de la vergüenza (the power of shame)».
Es la vergüenza la que reprime el impulso a violar las leyes y frena la voluntad de corrupción. Ya para Aristóteles la vergüenza y el rubor eran indicios inequívocos de la presencia del sentimiento ético. Cuando faltan, todo es posible. La vergüenza pública obligó a Nixon a renunciar a la presidencia. Cada cierto tiempo, vemos a ministros y a ejecutivos importantes teniendo que pedir la dimisión inmediata por actos vergonzosos. En Japón llegan a suicidarse por no soportar la vergüenza pública. Sentir esa vergüenza es tener un límite intraspasable. Violado, la sociedad desprecia a su violador, pues sin límites no se puede convivir.
¿Qué es tener vergüenza? El diccionario Aurelio de la lengua portuguesa lo define así: «tener sentimiento de la propia dignidad; tener pundonor». Es lo que más nos falta en la política, en quienes ostentan poderes públicos, en diputados, senadores, ejecutivos, y tantos otros ladrones y corruptos de cuello blanco. Con el mayor descaro y sin avergonzarse niegan crímenes manifiestos, mienten sin escrúpulos en los interrogatorios y en las entrevistas a los medios de comunicación. Son personas que a fuerza de hacer lo ilícito y de saberse impunes perdieron el sentido de la propia dignidad.
Robar del erario público, asaltar recursos destinados hasta para la merienda escolar o falsificar medicamentos no les ruboriza ni les hace enrojecer. Crimen es la estupidez de quien deja rastro o se deja pillar con las manos en la masa. No les importa, pues saben que saldrán impunes, basta con pagar buenos abogados y presentar recurso sobre recurso, hasta que expire el plazo. Parte de la justicia ha sido montada para facilitar estos recursos y favorecer con el poder a quienes no tienen vergüenza.
Como trasfondo de todo está una cultura que siempre negó dignidad a los indios, a los negros y a los pobres. Les robó su valor ético, porque la mayoría tiene vergüenza y un mínimo de dignidad. Como me decía un amigo que vive de la basura con el que trabajé cerca de veinte años: «lo que más me duele es tener que tragarme la vergüenza y sujetarme a vivir de la basura. Pero no soy un “buscabasuras”, soy un trabajador que con mi trabajo digno consigo alimentar a mi familia». Si nuestros políticos desvergonzados tuviesen el sentido de la dignidad de este trabajador, digna y dignificante sería la política de nuestro país.
Dimos lectura a un artículo del humanista sacerdote católico Leonardo Boff uno de los inspiradores de la Teología de la Liberación. - LEONARDO BOFF - 31 DE AGOSTO DE 2007
Comcrear Óriente: Organo de Expresión del Movimiento Cívico “Ramón Emilio Arcila”

Elecciones en Colombia: Entre la Vieja y la Nueva Política

La percepción negativa de la vieja política ha llevado a la mayoría de los candidatos actuales a intentar deslindarse de la partidocracia.
A la fecha, algunas alianzas se consolidan y otras se mantienen a la espera de las consultas internas que definan los candidatos de movimientos y partidos.
El primer semestre del año 2018 será definitorio para los próximos cuatro años de Colombia y de la región. El 11 de marzo se llevarán a cabo elecciones legislativas, en las que los colombianos elegirán senadores y miembros de la Cámara de Representantes del Congreso, y el 27 de mayo serán las elecciones presidenciales, cuya segunda vuelta –de ser necesaria– sería el 17 de junio.
El complejo escenario social y político que atraviesa Colombia está signado por continuos escándalos de corrupción, las incidencias de los Acuerdos de Paz y el posconflicto, la creciente desconfianza de los colombianos ante los partidos políticos, la pobreza, la salud y el desempleo como los más grandes problemas sociales que aquejan a la mayoría de la población.
Históricamente la carrera presidencial en Colombia ha estado ceñida a muy pocas opciones políticas, ya que las mismas familias y grupos detentan la direccionalidad de los partidos políticos. En las últimas dos décadas han sido protagonistas de alto peso la diada hoy enfrentada Uribe-Santos, ambos miembros de las clases gobernantes del país, continuadores del modelo desarrollado por sus predecesores Gaviria y Pastrana.
La percepción negativa de la vieja política ha llevado a la mayoría de los candidatos actuales a intentar deslindarse de la partidocracia, buscando legitimar sus candidaturas por medio de la recaudación de firmas (más de once candidatos) y agrupándose en torno a movimientos no partidistas. Los partidos tradicionales apuestan a su vez por coaliciones fuertes que ayuden a desagraviar su participación y ofrecer una opción plausible.
De más de una treintena de candidatos presidenciales que se avizoraban en 2017, para enero de 2018 hay al menos catorce candidatos que esperan aún consolidar su candidatura mediante mediciones interpartidistas algunas, coaliciones y alianzas otras, perseverancia y audacia las menos apalancadas por maquinarias o plataformas fuertes.
El reto de la abstención
El principal reto a vencer para todos los candidatos será la abstención. Colombia es, junto con Chile, el país latinoamericano con más abstención en elecciones. En los comicios presidenciales recientes, la abstención en la primera vuelta fue de 59,90 % y en el plebiscito sobre los Acuerdos de Paz de 2016 llegó a 62.60 %.[1] El desprestigio de la vieja política ha convertido en clamor popular la necesidad de cambio, por lo que varias de las candidaturas actuales han hecho del “cambio” su bandera programática. Queda la expectativa de si algunas de las propuestas logran romper efectivamente el cerco histórico de la abstención y remover al electorado colombiano.
Coaliciones vs. programas
A la fecha, algunas alianzas se consolidan y otras se mantienen a la espera de las consultas internas que definan los candidatos de movimientos y partidos. Las coaliciones surgen como estrategia para sumar maquinarias que convenientemente puedan incidir en el número de votantes. Sin tener acuerdos consolidados en cuanto a programas de gobierno se asoman y anuncian alianzas que refuerzan tal o cual candidatura. Es el caso de tres de las colaciones que más protagonismo han tomado en las últimas semanas, encabezadas por los candidatos Sergio Fajardo, Iván Duque y Gustavo Petro, respectivamente. El elemento unificador más resaltante es la posición de los candidatos con respecto a los Acuerdo de Paz, cuestión que ha polarizado la disputa a partir de las opciones del Sí o el No en el plebiscito, pero que no implica necesariamente una propuesta programática al respecto.
La derecha se une
La coalición recién armada por la derecha une al partido uribista Centro Democrático y al Partido Conservador, liderado por Andrés Pastrana. Los tres nombres que se manejan como posibles candidatos son Iván Duque, el ungido por Álvaro Uribe como sucesor, Marta Lucía Ramírez, del Partido Conservador y exministra de Defensa de Uribe, y el exprocurador Alejandro Ordoñez, uno de los más extremistas detractores de los Acuerdos de Paz.[2] La principal propuesta de esta potencial coalición consiste en revertir los Acuerdos de Paz y exonerar del pago de impuestos a los grandes capitales y las multinacionales. Como suele suceder, las opciones de derecha se unen fácilmente en una visión similar de modelo social y económico de país, sin embargo, aunque comparten casi el total de los enunciados hasta ahora hechos sobre el programa de gobierno, el exvicepresidente Germán Vargas Lleras decidió participar por su cuenta.
Vargas Lleras inscribió su candidatura mediante la recaudación de firmas, en un intento de deslindarse de la vieja política apartándose de su partido Cambio Radical, el cual está implicado en procesos por delitos de corrupción y parapolítica.[3] En general, y a pesar del persistente intento de distanciarse del santismo, la propuesta del exvicepresidente se proyecta como la continuación y profundización de las medidas actuales en materia económica y social[4]. Es probable que, de no unirse en una segunda vuelta, Vargas Lleras apoye o sea apoyado por la coalición Uribe-Pastrana.
Centro, izquierda y progresismo
La llamada Coalición Colombia reúne al ex alcalde de Medellín Sergio Fajardo y su movimiento Compromiso Ciudadano con Claudia López de Alianza Verde y Jorge Robledo del Polo Democrático. Estos últimos dieron paso a Sergio Fajardo como candidato presidencial de la coalición quien enarbola un discurso cauteloso bastante cercano al centro cuyo principal eje programático es la lucha contra la corrupción.[5] Una de las propuestas de Fajardo que más ruido ha generado es la de subir la edad de las jubilaciones, alegando que “si las personas viven más tiempo se debe aumentar la edad de las pensiones”.[6]
Gustavo Petro, el exalcalde de Bogotá, quien inscribió su candidatura por firmas a través del movimiento Colombia Humana, busca conformar una coalición de centro izquierda que fortalezca su propuesta. Para las elecciones legislativas anunció la alianza con la también candidata Clara López, de la Alianza Social Independiente (ASI). Aún está por definirse si Petro logrará aliarse con candidatos como Humberto de la Calle del Partido Liberal, quien fuera jefe por parte del actual gobierno de Santos de las negociaciones con las FARC. Petro propone un programa donde el crecimiento vaya de la mano con la equidad y basa su planteamiento en la educación como pilar de la productividad.[7]
El hastío que siente la sociedad colombiana por la vieja política y la creciente deslegitimación de la institucionalidad representada por el gobierno actual, despeja la arena para la participación de candidatos no vinculados a partidos o movimientos tradicionales. Piedad Córdoba es una de ellas. Su candidatura fue inscrita por firmas a través del movimiento Poder Ciudadano y su propuesta programática tiene un claro componente progresista, basado en la reindustrialización, la reforma tributaria “donde los que más tienen paguen más y los que menos tienen no paguen nada” y la inclusión de las mayorías en planes sociales de empleo, educación y salud.[8] Piedad Córdoba ha sido blanco permanente de la estigmatización mediática y política, sin embargo, logró más de un millón de firmas de apoyo en su recorrido por Colombia.[9]
En un documento recientemente publicado[10], la Coalición Colombia de Sergio Fajardo esgrime puntos de encuentro con las propuestas de Gustavo Petro y Piedad Córdoba, sobre todo en lo concerniente a la educación, la salud, el medio ambiente y los derechos de las mujeres como fundamentos estratégicos de una política social para las mayorías. Resta escuchar el desarrollo de estos ejes transformados en propuestas concretas aún poco enunciadas, por lo menos en el caso de Fajardo, para medir si es posible que en una supuesta segunda vuelta puedan encontrar más puntos en común que divergencias y unirse en una misma candidatura.
La FARC y el desafío de la Paz
La gran primicia política en esta contienda es la participación del candidato del ahora partido político FARC (Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común), Rodrigo Londoño. Como parte de los Acuerdo de Paz, tendrán cinco curules en las elecciones del Senado y cinco en la Cámara de Representantes. Para las presidenciales Rodrigo Londoño va acompañado de la economista Imelda Daza como candidata a vicepresidente. La propuesta principal del partido FARC es consolidar la paz como escenario de la nueva política, por lo que todas sus energías están puestas en hacer efectivos los acuerdos, de hecho, la primera comunicación de Londoño en 2018 fue para saludar a las fuerzas militares y policiales del Estado en un gesto que busca profundizar la reconciliación.[11] Más allá de los votos que logre el partido FARC, su participación inaugura un época en la política colombiana, que aún debe vencer el fantasma del exterminio de la Unión Patriótica y trabajar la estigmatización de la disidencia en el sentido común colombiano.
A diferencia de otros años, en 2018 el panorama de las candidaturas presidenciales es altamente heterogéneo. La vieja política no parece tener más credibilidad ni legitimidad lo que alienta nuevas propuestas y advierte posibles sorpresas. Las encuestas se superponen, pero no logran atinar proyecciones certeras, el desprestigio de los métodos con los que se llevan a cabo y los intereses que las circundan les restan credibilidad.[12] Todo indica que en Colombia comienza un tiempo de complejización de la política, donde diversos actores surgen y se organizan para disputar el poder político y el modelo de país. - Por: Giordana García Sojo / Celag – Telesur.com - Publicado 5 enero 2018
[1] https://www.elespectador.com/noticias/politica/ademas-del-no-gano-abstencion-fue-mas-alta-los-ultimos-articulo-658178
[2] http://www.eltiempo.com/politica/partidos-politicos/yo-no-estoy-excluido-de-ninguna-coalicion-ordonez-166482
[3] Ver: https://www.elespectador.com/opinion/el-historial-criminal-de-cambio-radical-columna-710182
[4] http://www.semana.com/nacion/articulo/german-vargas-lleras-propuestas-economicas-elecciones-2018/547752
[5]http://www.eltiempo.com/politica/partidos-politicos/coalicion-colombia-presenta-propuestas-para-candidatura-de-sergio-fajardo-163412
[6] Ver: https://www.youtube.com/watch?v=tpKyrecw9Fc
[7] Ver: https://gustavopetroblog.wordpress.com/
[8] Ver: http://www.poderciudadano.com.co
[9] https://www.lafm.com.co/politica/piedad-cordoba-presento-mas-de-un-millon-de-firmas-para-avalar-su-candidatura-presidencial/
[10] Ver: http://caracol.com.co/radio/2017/12/20/politica/1513783692_985705.html
[11] Ver: https://www.farc-ep.co/comunicado/saludo-a-las-fuerzas-militares-y-de-policia.html
[12] http://www.semana.com/opinion/articulo/columna-opinion-daniel-coronell-por-que-las-encuestas-se-estan-equivocando-tanto/550968

y https://www.telesurtv.net/opinion/Por-que-las-encuestas-no-aciertan-en-America-latina-20171024-0036.html
Comcrear Óriente: Organo de Expresión del Movimiento Cívico “Ramón Emilio Arcila”

11/27/2017

Cinismo de Corruptos, que por desgracia Gobernaron a Colombia

Gabriel Bustamante‏: @bustamantep - El Cinismo Hecho Expresidente
Comcrear Óriente: Organo de Expresión del Movimiento Cívico “Ramón Emilio Arcila”

11/12/2017

Los 11 Elegidos Que Pondrán a Andar la Comisión de la Verdad

Creada por los acuerdos de paz con las Farc, esta entidad tiene la difícil tarea de pasar la página de la violencia sin reabrir ni profundizar heridas.
Una semana antes de lo anunciado, el Comité de Escogencia hizo pública la lista de los elegidos para conformar la Comisión de la Verdad creada por los acuerdos entre el gobierno y las Farc. Se trata de una pieza clave de la compleja arquitectura diseñada para hacer viable el cambio de la lucha armada por la actividad política legal, basada en el principio de verdad, justicia, reparación y no repetición.
Aparte de la fecha de la noticia, el Comité de Escogencia –compuesto por 3 expertos nacionales y 2 colombianos– no sorprendió. En términos generales, mantuvo los criterios con los que ya había llenado las vacantes de la justicia especial para la paz: amplia presencia de la mujer (5 de 11), representatividad regional (hay 5 antioqueños), hojas de vida con vasta experiencia en el campo e inclusión de minorías étnicas. Tampoco hubo diferencia en la preferencia por miembros con trayectoria en la defensa de los derechos humanos, que en ambos casos ha generado críticas en la derecha, que la interpreta como un supuesto sesgo ideológico.
Estaba cantado que el sacerdote jesuita Francisco de Roux saldría elegido y que sería el presidente. Su trabajo en favor de los derechos humanos es ampliamente reconocido. Fue el primer ganador del Premio Nacional de Paz, por su labor con las comunidades del Magdalena Medio, y su personalidad discreta y prudente genera respeto en todos los sectores. El propio expresidente Álvaro Uribe, crítico de los acuerdos con las Farc y del trabajo del Comité de Escogencia de la JEP y de la Comisión de la Verdad, se refirió en forma positiva a su nombramiento en entrevista concedida a RCN Radio.
Junto con De Roux, la comisión quedó conformada por Marta Ruiz, consejera editorial de SEMANA; Saúl Franco Agudelo, médico de la Universidad de Antioquia; María Patricia Tobón, asesora de resguardos indígenas; el español Carlos Beristain, el único extranjero, quien laboró en las Comisiones de la Verdad de Paraguay y Perú; Lucía González, con trabajos en temas de memoria y resolución de conflictos sociales; María Ángela Salazar, vocera de la Mesa Departamental del Conflicto Armado de Antioquia; Carlos Ospina Galvis, exmiembro del Ejército; Alfredo Molano, periodista y escritor; Alejandra Miller, investigadora de la Comisión de la Verdad de las Mujeres Víctimas del Conflicto; y Alejandro Valencia, quien se ha desempeñado en actividades semejantes en Guatemala, Perú y Ecuador.
Es frecuente que los procesos de negociación política para terminar conflictos incluyan un mecanismo de esta naturaleza. Así ha ocurrido en todo el mundo, porque las diferencias sobre la interpretación de la historia de la violencia son una de las causas mismas del enfrentamiento. En consecuencia, construir una narrativa unificada que reúna altos niveles de consenso se considera una condición necesaria para cambiar el curso de la historia. Las víctimas de la guerra, además, no van a ser resarcidas con justicia plena para los victimarios –porque se aplicarán penas reducidas dentro del concepto de justicia transicional–, y la construcción de una verdad compensa esa necesidad. Hay víctimas que prefieren el conocimiento pleno de los hechos sobre la aplicación de la justicia.
Pero satisfacer esos anhelos enfrenta muchos obstáculos. La investigación sobre la verdad es una fórmula para pasar la página, pero también puede reabrir y profundizar heridas. La línea divisoria es delgada. En la era de la posverdad y las manipulaciones políticas de las versiones sobre hechos tan complejos, el trabajo de la comisión tiene que resultar tan efectivo como prudente. Y bajo una polarización como la que ha generado el proceso de paz, se requerirá de mucho rigor y tino para que la exploración a fondo de la realidad del conflicto no exacerbe aún más los ánimos, lo contrario a su naturaleza.
Colombia tiene experiencias en este campo. El informe ¡Basta ya!, emanado de la Ley de Justicia y Paz con la que se desmovilizaron los grupos paramilitares, fue un primer esfuerzo de recopilación de la historia violenta de los últimos años. El hecho de que la comisión de nombramiento, ahora, no haya incluido al historiador Gonzalo Sánchez, quien encabezó su redacción, se ha interpretado como una señal de que la Comisión de la Verdad no debe repetir lo ya hecho. Tampoco se trata de una instancia paralela para el tratamiento judicial de los procesos penales de quienes participaron en el conflicto, de lo cual se hará cargo la JEP.
Análisis: Los desafíos que tendrá que encarar la Comisión de la Verdad

Los propios comisionados recientemente elegidos, bajo la presidencia de Francisco de Roux, tendrán un papel en la definición de su trabajo. Aunque hay parámetros fijados por los acuerdos entre el gobierno y las Farc, la comisión definirá sus procedimientos para conocer la realidad de las regiones y para abrir mecanismos de comunicación con las víctimas de diversos sectores. La tarea, para la que tendrá un plazo de tres años, con seis meses anteriores de preparación, definitivamente no significa encerrarse en un salón para redactar un nuevo informe. Lo único claro es que no será fácil. Por: Semana.com – 11 – 11 – 2017
Comcrear Óriente: Organo de Expresión del Movimiento Cívico “Ramón Emilio Arcila”

10/18/2017

Hechos Victimizantes con Impacto en el “Movimiento Cívico "Ramón Emilio Arcila" Victima del Conflicto Armado del Oriente Antioqueño

Narración de los hechos victimizantes con impacto en el colectivo no étnico del grupo “Movimiento Cívico del Oriente Antioqueño”
Antecedentes
Ramón Emilio Arcila
El oriente antioqueño tiene una historia muy rica en las organizaciòn de las bases sociales. En 1962 en Marinilla (Antioquia) hubo la primera expresión en la protesta por el servicio de acueducto, en 1964 fue en el Peñol por motivo de servicios públicos; en la Unión en 1962 se efectuó una fuerte movilización ciudadana motivada por la minería extractiva del Caolín, en 1975 en Marinilla nuevamente en temas de servicios públicos y la Ceja protagoniza un fuerte paro cívico en 1978 con el objetivo de reclamar el derecho a la educación. Pero la primera manifestación subregional se dio  cuando se organizó una presión ciudadana muy fuerte para que se respetara la firma del contrato maestro del Peñol (firma realizada en el año 1969), donde se unieron las comunidades de San Rafael, Guatapé y el Peñol. Esta movilización inicio en el año 1975 y se prolongó por varios años, convirtiéndose en una expresión más depurada de participación ciudadana conocida como MOVIMIENTO DE ACCIÓN PEÑOLITA, de la cual se desprende la primera alcaldía popular de extracción cívica en el oriente antioqueño.
En Marinilla se llevó a cabo la asamblea popular el 22 de diciembre de 1981 en el teatro Parroquial y luego el movimiento se esparce por toda la región e incluso otras subregiones del departamento y del país. Luego vino la consolidación de un proceso regional surgido de la proliferación de protestas cívicas a principios de los años 80, el cual tiene como punto de partida el municipio de Marinilla y la posterior consolidación de Juntas Cívicas en La Unión (Marzo de 1982) y luego el resto de municipios orientales.
El movimiento cívico no fue un proceso legalmente constituido, de hecho una de las acciones era confrontar las políticas del Estado. Sin embargo, el movimiento sí existió como una expresión regional donde se respetaban las particularidades de las juntas cívicas locales, tuvo una estructura organizaciones que empezaba con las Juntas Cívicas en la base y la Coordinadora Regional como expresión regional. Existían mecanismos de participación directa con las asambleas populares locales y una asamblea regional que se convocaba mediante delegados para casos excepcionales. El movimiento cívico hizo un Congreso Nacional Cívico en Bogotá (1985), pues este proceso era un ejemplo nacional.
A principios de la década del 80, había presencia en el oriente del MAS (escuadrones de la muerte), los cuales incursionaron a la región desde el Magdalena Medio.
En el año 1982 se constituye la Coordinadora Regional de los Movimientos Cívicos del Oriente y se convocan por parte de esta a dos paros regionales, en los meses de septiembre y octubre. En 1984 se realiza el tercer paro cívico, esta vez extendido a otras regiones del departamento. El movimiento tenía tres componentes: participación territorial (municipios), sectorial (JAC, Sindicatos, comerciantes, entre otras) y participación política, esta última excluyendo la participación electoral, característica que cambiaría una vez aprobada la reforma política de 1986 que propició la elección popular de alcaldes
El 2 de agosto de 1985 se funda el movimiento cultural del oriente antioqueño, el cual fue la base del proyecto cultural del departamento de Antioquia. El presidente del proyecto fue el líder de derechos humanos Héctor Abad Gómez.
Desde el 2006 la familia de Ramón Emilio ha estado gestionando frente a la Unidad de Víctimas el ser reconocido como sujeto de reparación y dicen ellos que ha sido muy humillante pues en algunos momentos se ha sugerido que Ramón Emilio no era sujeto de este derecho; desde esto lo que se busca con este proceso de declaración colectiva es también reivindicar el nombre de Ramón y su papel en la construcción del movimiento. Desde que se hizo la denuncia en fiscalía sobre la muerte de Ramón, el proceso investigativo ha pasado varias veces a manos generando impunidad; aparece inclusive en un proceso de investigación contra miembros de la UNIÓN PATRIÒTICA, lo cual no obedece a la realidad. El caso concreto es que no se sabe quiénes fueron los autores intelectuales y hasta el momento no se ha podido llegar a un veredicto final, quedando la duda en relación a quienes se beneficiaron de  alguna manera con la muerte de Ramón y sus consecuencias en la desarticulación del movimiento cívico regional.
Se sabe por testimonios de sobrevivientes que la postura política de Ramón Emilio Arcila, fue abiertamente crítica de los sectores liberales y conservadores, pero que también fue con sus actuaciones un fuerte crítico de las desviaciones de los sectores de izquierda, lo cual lo puede ubicar como una postura de centro, hecho que incidió en la caracterización política pluralista del Movimiento Cívico. Su frase “protesta con propuesta” resume esta posición política.
Después de mediados del 85, el movimiento cívico había tomado la iniciativa de apoyar los procesos de diálogo nacional y a algunos líderes los acusaron de ser miembros del grupo insurgente M-19, sin embargo, esto nunca se comprobó, pero fue consecuencia para que a muchos de ellos los asesinaran, los señalaran y desplazaran de sus lugares de origen.
Uno de los factores que influyeron para que la lógica haya cambiado en el 90, fue que al Carmen, La Unión y Sonsón (Antioquia) llegó el ELN, lo que desembocó en que otro tipo tensiones en la región y que influyeron negativamente en el desempeño del movimiento cívico en lo local y regional.
Para sofocar los primeros levantamientos contra el duro régimen tarifario de la Electrificadora de Antioquia un grupo de parlamentarios de Antioquia liderado por el representante a la cámara Gilberto Salazar Ramírez a instancias del ministro de minas y Energía de esa época, Humberto Ávila Mora, se dedicaron a delinear los primeros trazos de la ley 56 de 1981 sobre las recomendaciones de una investigación llamada “impactos regionales de los proyectos hidroeléctricos”, elaborado por el Departamento Administrativo de Planeación de Antioquia, cuyo investigador principal era Luis Diego Vélez Gómez. Sobre las recomendaciones de esta investigación el profesor Gerardo Molina oriundo del municipio de Gómez Plata, municipio que ya había sufrido los impactos del proyecto Guadalupe I, ubicado en la vereda El Salto, en una acto de madurez política tuvo la feliz idea de acordar con el Ministro de esa época, promover la aprobación de la Ley 56 de 1981, cuyas principales reivindicaciones desde el punto de vista territorial eran: la electrificación rural, el pago del impuesto de industria y comercio por kilovatio/hora instalada, la reforestación de la cuenca hidrográfica y además garantizar un mecanismo de detención al desmonte de los bosques nativos. Estas reivindicaciones quedaron plasmadas en la Ley 56 del 1981 cuyo primer efecto compensatorio era el 4% de las ventas de energía, efecto contrarrestado al darse la definición de la base de liquidación y manejo de los recursos a las empresas generadoras.
Quien coordinaba la difusión y bases económicas de la Ley 56, el director de la división de desarrollo Económico del Departamento de Planeación de Antioquia el doctor Vélez Gómez, da fe que sus argumentaciones eran fuertemente confrontadas por el dirigente cívico Ramón Emilio Arcila quien en forma contundente argumentaba que nuestro Estado “era tan incapaz que ni siquiera garantizaba la reglamentación de las propias leyes que creaba”, este argumento se vio reflejado en la construcción del pliego de peticiones del movimiento cívico regional, como uno de los puntos de negociación que finalmente se tradujo en la creación de lo que hoy conocemos como CORNARE (Ley 60 de 1.983) , modelo de institución regional que se convirtió en referente de la gestión financiera de los recursos de la Ley 56 de 1981 para el país. Ramón Emilio, como cabeza visible del movimiento cívico, lideró permanentemente una lucha paralela a la movilización popular, mediante el estudio juicioso de las normas legales, el cuestionamiento a su implementación y la argumentación jurídica. Ejemplo de ello fue su liderazgo en las luchas jurídicas en el pago de industria y comercio por parte de las electrificadoras, el pago de espacio público a los municipios por la ocupación de los postes de energía, el cobro de los impuestos de SAYCO-ACIMPRO, entre otras.
Antes del asesinato de Ramón Emilio Arcila, él sale del país entre el mes de junio y octubre de 1989 a representar a las organizaciones sociales a Europa. Sin embargo, antes de viajar él había sido desplazado hacia la ciudad de Medellín. Aseguran los compañeros vivos en la actualidad que él se encontraba en inminente peligro, afirma un compañero “tanto que cuando regresó, lo mataron.” El hecho que Ramón Emilio no aceptara esa condición de desplazado, no quiere decir que no fue desplazado. Esta es una situación de dignidad de él, en realidad aprovechó ese respiro para salir porque en realidad estaba en riesgo.
El movimiento cívico en 1989, en decisión regional aprueba la participación en la elección popular de alcaldes, saca dos candidatos cívicos a la alcaldía, uno en el municipio de La Unión y otro en Marinilla. En el primero sabían que no ganaban con Juan Carlos Vallejo como líder cívico, pero quisieron empezar a ganar reconocimiento y en Marinilla sí le apostaban al poder local con Ramón Emilio Arcila a quien asesinan el 30 de noviembre de 1989.
Para 1993 el Estado, los opositores al movimiento cívico y los paramilitares estaban consiguiendo lo que querían “eliminar el Movimiento Cívico del oriente.” Sin embargo muchas de sus expresiones continuaron durante más de 6 años aunque en menor proporción y con menos protagonismo
La coordinadora regional del movimiento cívico tuvo apoyo de personajes destacados del país. Uno de ellos fue Manuel Mejía Vallejo, quien colaboraba en el tema logístico, y Orlando Fals Borda. Pero dos que jugaron un papel importante en el movimiento y que se identificaban con él eran Jesús María Valle, quien da un discurso en el sepelio de Ramón Emilio Arcila y Héctor Abad Gómez que ayudaba en el movimiento cultural del oriente que se juntaba a las otras tres líneas que se tenían: proyecto económico, social y el político. La cuarta línea que se estaba construyendo era el proyecto cultural, donde crearon CORPORIENTE y uno de los artífices de eso fue Héctor Abad Gómez que también lideraba la defensa de los derechos humanos en toda Colombia
A raíz de la primera alcaldía de elección popular de Arcesio Botero, quien trabajó buscando recursos para El Peñol con la gobernación de Álvaro Uribe, este municipio se radicalizó por parte de los grupos subversivos, ante las estigmatizaciones surgidas por la intervención de la gobernación de Álvaro Uribe. ASOFIQUE, donde había algunos líderes del oriente antioqueño y el movimiento cívico, debía desaparecer como movimiento agrario del oriente y se le debe a Polímeros Echavarría.
En el 98 en el gobierno de Pastrana hubo una reforma política que afectó al movimiento cívico del oriente. Se estableció que para participar de las elecciones de concejo, alcaldías, etc., había que hacerlo por medio de partidos legalmente constituidos ¿qué implicaciones tuvo eso? Hasta ese momento los movimientos cívicos inscribían una lista y debían llevar sino la cédula, pero luego de la reforma no se ven candidatos cívicos en las alcaldías y concejos. Por ejemplo, en La Unión había un concejal del partido de la U Alberto Vera, pero esta persona había sido cívico toda la vida; este hecho se repite en toda la región, aspecto por el cual no aparecen concejales cívicos propiamente en los cabildos de la región.
El movimiento cívico se congeló en el 2001 y solo se reactivó 25 años después en la conmemoración de la muerte de Ramón Emilio Arcila a mediados del 2014, con el reecuentro de algunos de los sobrevivientes y familiares, amigos.
La Clásica Ramón Emilio Arcila se institucionalizó luego de la muerte del líder y hasta el día de hoy se celebra, para muchos es un mensaje de paz y en general sirve para reinvindicar el nombre y la lucha social del líder.
Los tres picos de violencia del movimiento cívico coincide con los picos de violencia de todo el oriente antioqueño: empezando los 80, entre el 88 y 91 y otra vez en el 97 hasta el final. El movimiento regional fue un proceso que se exterminó de muchas maneras: estigmatización, muerte física, desaparición, exilio, entre otras. Hay un caso particular y es la finalización de dos “alumnos” de Ramón Emilio Arcila: José Luis y Juan Carlos Vallejo. Ellos dos fueron elegidos en el 98 alcaldes populares, en sendas coaliciones donde participaron como candidatos del movimiento cívico ¿qué sucede allí? Esas alcaldías si se pudieran analizar tuvieron un sello cívico. Un ejemplo que ha sido único y bandera en toda Colombia fue cuando Juan Carlos en La Unión hizo un referendo revocatorio voluntario y le dijo a los campesinos de La Unión “me evalúan el primer año de gobierno, y si pierdo dejo la alcaldía”. José Luis brilló en Marinilla por los resultados eficientes de su gestión. Ambos fueron víctimas de una modalidad de persecución, la  jurídica, muy utilizada por el establecimiento y los gamonales políticos para “eliminar a contrarios políticos”. Juan Carlos Vallejo terminó en la cárcel perseguido por Cesar Pérez García, “dueño de la alcaldía de La Unión” cuando era parlamentario. Estuvo exactamente en la cárcel 6 meses y un día y su caso terminó en condena por causa de formalismo olvidado en un documento, sin compromiso de recuros económicos contra el patrimonio público. La gente supo entender que fue una víctima más de esa mafia poderosa y macabra de César Pérez, quien hoy está pagando una condena por la masacre Segovia. Cosa similar le pasó a José Luis, perseguido por la mafia goda de Marinilla que ha estado históricamente en el poder; en las asambleas del 80 Ramón siempre les dijo a los líderes del movimiento cívico “no me lancen a la alcaldía que me matan”, esa mafia goda que mató a Ramón masacró jurídicamente a José Luis quien está inhabilitado al igual que Juan Carlos. Fueron los dos que culminaron lo que Ramón quiso hacer cuando quería estar en la alcaldía de Marinilla o Ernesto ser alcalde de La Unión.
Juan Carlos Vallejo dice que él ve un policía en la calle y le da miedo, pues algún día volvió a fiscalía a hacer una vuelta y lo detuvieron por 20 minutos y apareció por una pantalla estigmatizado. La justificación fue que era un error en el sistema de acceso al bunker
Uno de los ideales de Ramón Emilio era la disputa para que el oriente antioqueño fuera provincia. En la actualidad esa pelea la viene dando el movimiento social del oriente antioqueño, El Congreso de los Pueblos y el Movimiento por La Vida y la Defensa del Territorio, MOVETE.

En la actualidad, el oriente antioqueño ha mantenido una propuesta de lucha para la región desde el punto de vista social, político, cultural y económico. Las estructuras de poder que han estado en los municipios, incluso de las asambleas y en los entes nacionales, han visto competido su poder político, y han enfilado baterías contra el movimiento de varias maneras: jurídicamente, estigmatizando, entre otras. Pero la resistencia continúa, en este momento en 13 municipios se está construyendo el Movimiento por La Vida y la Defensa del Territorio: MOVETE. La lucha de los movimientos sociales sigue reinvindicando los derechos del territorio y se hacen movilizaciones relacionadas con los nuevos desafíos que el desarrollo trae sobre la región con proyectos tales como  la construcción de cerca de  60 microcentrales en el territorio; también se han tenido problemas fuertes con el grupo ARGOS, porque es el que está sacando 7.200 toneladas de cemento diario en la zona de debajo de Rio Claro y corregimiento de Jerusalén. Igualmente se lucha por la defensa del río Samaná y general por la defensa del potencial hídrico del oriente.
Comcrear Óriente: Organo de Expresión del Movimiento Cívico “Ramón Emilio Arcila”