7/31/2017

En Granada se clausuró diplomado en cultura política, derechos humanos y...



Comcrear Óriente: Organo de Expresión del Movimiento Cívico “Ramón Emilio Arcila”

Diplomado Movimiento Cívico - Acto protocolario y conclusiones (Julio 22...



Comcrear Óriente: Organo de Expresión del Movimiento Cívico “Ramón Emilio Arcila”

El Oriente Antioqueño y la Resistencia Civil

 Ramón Emilio Arcila
La resistencia civil perdura y revive en diversas y numerosas formas organizativas de las víctimas del conflicto social y armado. Una de tantas, el Movimiento Cívico Ramón Emilio Arcila, en cabeza de Carlos Ruiz, sobreviviente de esa época, lidera por estos días un reencuentro de líderes y amigos en Marinilla, para elaborar, conjuntamente, con otras organizaciones de jóvenes y mujeres del Oriente, una memoria histórica de los hechos e iniciar una nueva lucha en favor de las víctimas.
   Tierra bendecida por la naturaleza, pero maldecida por la codicia humana. El Oriente Antioqueño es una de las nueve subregiones en que se divide el departamento de Antioquia, cuenta con una extensión territorial de 7.021 kms², 55 kms² de área urbana y 6.966 kms² rurales. Del área total, el 22.85% corresponde a pisos térmicos cálidos, el 34.8% a pisos medios, el 40% a pisos fríos y el 2.35% a páramos. Comprende 23 municipios y una población actual aproximada de 570.000 habitantes.
   Producto del abandono del Estado, de megaproyectos como hidroeléctricas, la autopista Medellín-Bogotá, y el aeropuerto internacional José María Córdova y de su manejo excluyente, emerge un movimiento de resistencia civil que se llamó Movimiento Cívico del Oriente Antioqueño (MCOA). Movilización que abarcó la totalidad de municipios de esa región, donde al fragor de la lucha emergió una nueva dirigencia social y política que fue reprimida a sangre y fuego por la élite política y económica antioqueña. Posteriormente fue azotada por grupos armados que a nombre de ideologías extremas de izquierda y de derecha, quisieron someter a la población.
   La región empieza a tener importancia desde los sesenta, con la construcción de las hidroeléctricas de San Carlos, Guatapé, Jaguas, Calderas, Tafetanes y Playas. Hoy, el oriente antioqueño genera el 33% de la energía del país.
   Con la construcción de los embalses y la autopista Medellín-Bogotá, ocurrieron los primeros desplazamientos de la población. El casco urbano del Peñol fue trasladado en su totalidad y se dieron inundaciones en otras zonas del mismo. La comunidad se enfrentó a la reubicación en nuevas tierras y a cambios bruscos, tanto sociales como laborales. Llegaron a la localidad maquinaria pesada, numerosos foráneos, se especuló con la tierra y allí ocurrió el primer asesinato contra los que se oponían a los designios del desarrollo y el progreso.
   Cuenta Humberto León Rivera Galeano en su libro “El Ave Fenix”, donde relata lo acaecido en el Peñol que, “cuando se anunció que se iba a embalsar el pueblo, don Demetrio que era uno de los mayores propietarios de vegas aledañas al río Nare, dijo que no le interesaba vender sus tierras. Esto le valió que el día 19 de octubre de 1.965 sobre las cinco de la tarde, presumiblemente un carabinero que estaba de servicio en la mayoría de Guatapé, lugar en donde estaban las oficinas de EPM, lo matara a tiros en la entrada de su casa. Con este acto se garantizaba que el patrimonio de don Demetrio “se volvería harinas” y los herederos negociarían más fácilmente sus derechos sucesorios con las EPM”.
   Los gobernantes antioqueños crearon por esos días la Electrificadora de Antioquia S.A, que se dedicó a la comercialización de energía. Le compraba en bloque a EPM para luego revenderla a otros municipios distintos al Área Metropolitana. El mal servicio, acrecentó el malestar de los pobladores de la región. En noviembre de 1.981, la empresa notificó el alza gradual de las tarifas en un 35%, lo que provocó el rechazo generalizado. Se convocaron asambleas en distintos municipios del oriente, donde definieron el no pago de las facturas y se constituyeron juntas cívicas en representación de los usuarios.
   Puede decirse que este fue el detonante y motor a la vez de la protesta. La empresa de energía respondió con el corte de energía ante el no pago y la gente reaccionó impidiendo el corte del servicio. Mientras que la empresa emprende intensa propaganda contra el movimiento, el 26 de junio de 1.982 se realiza una asamblea en Marinilla, donde se constituye la Coordinadora Regional de Juntas Cívicas Pro defensa de los Usuarios de la Energía, cuya tarea era pugnar por la liquidación de la electrificadora, presionar una negociación y fortalecer el movimiento.
   El primer paro cívico se convoca para el 9 de septiembre de 1982, con una duración de 48 horas. Rionegro, Marinilla, La Unión, El Retiro, El Santuario, San Vicente, Guarne, La Ceja, El Carmen de Viboral, El Peñol, Cocorná, Granada y San Carlos, fueron los municipios que se vincularon a la protesta. Se planteaba entre otros: prestación del servicio de energía por parte de las Empresas Públicas de Medellín, sin intermediarios. Tarifas preferenciales, en razón de ser una región productora de energía y en compensación por la afectación acarreada con las hidroeléctricas, así como la congelación de las tarifas. También se demandó la eliminación de las multas por el no pago de las facturas y un plazo de doce meses para su cancelación.
   El paro fue calificado de subversivo por parte del gobernador y fueron detenidos más quinientos manifestantes. El incumplimiento de los acuerdos por parte de las autoridades departamentales conllevó a dos paros más, el último de los cuales se realizó en febrero de 1.984, con una duración de una semana, al cabo del cual se iniciaron graves amenazas a sus dirigentes más connotados quienes fueron señalados por la prensa de extremistas, subversivos y agitadores profesionales. El MCOA se enfrentaba nada más y nada menos que a Álvaro Villegas Moreno, gobernador de esa época, el hoy dueño de la constructora que en su codicia llevó al derrumbamiento del edificio space en octubre de 2.013 y al archiconocido Álvaro Uribe Vélez -temporalmente alcalde de Medellín- quien se oponía radicalmente a que se aceptaran las peticiones del movimiento. La protesta y la intervención de la fuerza pública produjeron varios muertos y heridos.
   Ante la fuerte y organizada resistencia civil de la gente, se respondió con la represión y el asesinato sistemático de los dirigentes del movimiento ciudadano. Estos empezaron a ser asesinados el 23 de octubre de 1983, cuando un sicario acribilló al médico Julián Conrado David en San Carlos. Proseguirá una ola de persecución y asesinato sistemático de los líderes a manos de sicarios provenientes, principalmente, del Magdalena Medio.
   Pero el MCOA no se quedó solo en la protesta, pasó a la propuesta de convertirse en una fuerza política alternativa y en varios municipios presentaron listas al concejo y aspirantes a las alcaldías en forma exitosa. Fue un grito de independencia frente la caduca dirigencia política de liberales y conservadores. De “la protesta a la propuesta” fue una consigna que encarnaba, no solo la renovación democrática por fuera de los partidos tradicionales, sino que representaba un profundo sentimiento de rebeldía de los habitantes en contra del abandono oficial. La idea fue de Ramón Emilio Arcila, reconocido dirigente cívico de Marinilla, inmolado el 30 de diciembre de 1989 siendo candidato a la alcaldía de ese municipio. Según cifras del Cinep, de enero de 1988 a octubre de 1991, en el Oriente antioqueño fueron asesinados 66 miembros de movimientos sociales.
   La oleada de crímenes contra los dirigentes del MCOA se entrecruzó con el exterminio de la Unión Patriótica, cuyo diputado por Antioquia, Gabriel Jaime Santamaría, caía asesinado el 27 de octubre de 1989. A los que no alcanzaron las balas, tuvieron que salir de la región e incluso del país.
   Pero la tragedia no paró aquí, la danza macabra de la muerte prosiguió su paso por la región con el enfrentamiento de fuerza pública, guerrilla y paramilitares. De la sarracina de los armados, se cuentan por miles las víctimas. Desplazamiento forzado, desaparición forzada, tortura, violaciones, secuestro, extorsión, falsos positivos, masacres, homicidio, toma de pueblos, campos minados, sabotaje a la infraestructura… acciones todas demenciales de las que los grupos armados echaron mano para conseguir una victoria y que afectaron profundamente el tejido social de la región.
   No se sabe a ciencia cierta el número de víctimas que dejó la violencia en esta región. Se calcula que solo en 2002, uno de los peores años, los grupos armados dejaron 30 mil víctimas civiles entre desaparecidos, mutilados por la minas, desplazados, secuestrados y muertos.
   En los años más duros, el municipio del que más salieron desplazados fue Cocorná, con 16 mil personas entre 1995 y 2003, le siguen San Carlos con 13 mil y San Luis con 9 mil. Entre 1997 y 2010, del oriente de Antioquia, salieron más 175.000 desplazados por el conflicto armado.
   A pesar del dolor, la gente trata de recuperarse del huracán violento que les rompió el alma y la convivencia. El acuerdo de paz logrado con las Farc, trae nuevas esperanzas a los habitantes del oriente del antioqueño.
   La resistencia civil perdura y revive en diversas y numerosas formas organizativas de las víctimas del conflicto social y armado. Una de tantas, el Movimiento Cívico Ramón Emilio Arcila, en cabeza de Carlos Ruiz, sobreviviente de esa época, lidera por estos días un reencuentro de líderes y amigos en Marinilla, para elaborar, conjuntamente, con otras organizaciones de jóvenes y mujeres del Oriente, una memoria histórica de los hechos e iniciar una nueva lucha en favor de las víctimas. También para desarrollar una agenda territorial de cultura política, derechos humanos, y paz territorial, con el objetivo de restablecer una condiciones mínimas de democracia participativa, justicia social, desarrollo sostenible, y una sana convivencia. Sobre todo entienden que tienen que trabajar y desarrollar una cultura de paz que empieza por la reconciliación y el perdón.
   La gente y sobre todo las víctimas, están ávidas de verdad, que los actores armados cuenten las motivaciones de su cruel accionar, la verdad que los llevó a esa vorágine de violencia que destruyó tanta gente y tantos sueños.
Por: Jaime Vargas Ramírez. Julio 25 de 2017
El oriente antioqueño y la resistencia civil by Jaime Vargas Ramírez

http://nuevagaceta.co/inicio/el-oriente-antioqueno-y-la-resistencia-civil
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7/14/2017

Petro Arranca Su Camino por la Presidencia - Inscribió Su Candidatura, Convencido de Poder Ganar las Elecciones del 2018

Aunque Gustavo Petro alcanzó trascendencia nacional como congresista del Polo Democrático, el mayor triunfo de su carrera política lo alcanzó por fuera de los partidos políticos.
En 2011 ganó las elecciones a la Alcaldía de Bogotá,  a las que se inscribió por firmas, y ese mismo camino es el que escogió para llegar a la presidencia de la República.
Después de su salida del Polo y de la fusión de su movimiento, Progresistas (en la Alianza Verde), al exalcalde no le quedaba otra alternativa.
Encuesta Gustavo Petro primero entre 14 precandidatos
A diferencia de hace seis años, esta vez el camino puede ser más espinoso. A pesar de su buen registro en las primeras encuestas de in tención electoral, sobre su aspiración pesa la incertidumbre de su presunta inhabilidad, por cuenta de una sanción de la Contraloría.
Aun así, Petro comenzará su andadura este viernes, en la Registraduría Nacional, cuando se inscriba el Comité Promotor que saldrá a recoger firmas para respaldar su candidatura.
‘Colombia Humana’, como no podría ser de otra manera, es el nombre con el que se inscribirá este comité, en relación directa con el proyecto político del exalcalde Petro cuyo plan de gobierno en la capital fue precisamente ‘Bogotá Humana’.
Maria Alejandra Ramírez, abogada caleña; José Daniel Rojas, economista bogotano; y Álvaro Moisés Nincoa, samario, estudiante de Política y Relaciones Internacionales, son los tres jóvenes que integran el Comité Promotor. Tendrán que recoger las 386.148 firmas necesarias para inscribir a Petro, aunque se trazaron la meta de presentar la candidatura con un millón de firmas de respaldo.
 “La necesidad de transitar de un proyecto de país enquistado en el Siglo XX y dependiente de los combustibles fósiles hacia una Colombia del Siglo XXI, que priorice la vida por encima de los intereses particulares, fortalezca lo público extirpando la corrupción y adapte el país al cambio climático” son los objetivos principales del comité promotor. ‘Colombia Humana’, dicen, también pretende conformar la “más amplia” coalición, pero con sectores sociales. Candidatos. Por: Semana.com –  14 – 07 - 2017
Colprensa. El Colmbiano.com – 14 – 07 – 2017: “Pienso que son bienvenidos y bienvenidas al esfuerzo -y en eso quiero ser claro-, de ejercer el gobierno. No estamos aquí para participar en unas elecciones, ya lo hemos hecho antes, estamos aquí para ganar. Por tanto invito a todas las fuerzas progresistas de Colombia a prepararse para ejercer el gobierno”, afirmó el aspirante.
Las palabras del exalcalde se dieron tras preguntarle sobre si seguía sintiendo “reducido”, por la alianza que buscan sectores de Alianza Verde con Claudia López, el Polo con Jorge Robledo, y Sergio Fajardo. A pesar de esto Petro no dio una respuesta exacta al respecto, sobre la alianza dijo que dependería de las fuerzas ciudadanas.
Sobre el acuerdo firmado con las Farc, Petro, quien también aspira a recoger un millón de firmas, aseguró que se tiene que respetar, pero que falta hacer el verdadero acuerdo con la ciudadanía.
“Ese acuerdo de paz, tiene que ver con los problemas que están impidiendo la convivencia nacional que no son solamente los que están escritos en los acuerdos de La Habana, sino que tienen que ver con la salud de los colombianos, con el cambio de modelo económico hacia uno que nos equilibre con la naturaleza y produzca millones de empleos (...) “, dijo.
Y finalmente sobre la posible inhabilidad por las sanciones que le impuso la Procuraduría por reducir las tarifas en Transmilenio y las consecuencias fiscales que se generaron, dijo que eso no le impide ser presidente.

“La Corte Constitucional en varias sentencias ha dicho que no se pueden ampliar las inhabilidades de un presidente, sino que son exclusivamente las que están escritas en la Constitución. 
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La Justicia le Teme a Uribe, el Fujimori Colombiano. Fiscalía ha Tardado más de 20 años en Acusar

Con más miedo y tardanzas que en Perú respecto del expediente criminal del ex dictador Alberto Fujimori, la justicia colombiana –de poco vigor y poca fuerza– se alista por primera vez para juzgar por homicidio agravado y otros crímenes mayores a un pariente en primer grado de Álvaro Uribe Vélez: su hermano menor y lugarteniente Santiago Uribe Vélez.
La Fiscalía General de la Nación se ha tomado más de 20 años para asumir su responsabilidad como acusador, en nombre de la sociedad, contra quien dirigió personalmente un escuadrón de la muerte que adquirió característica de ejército y dominó a sangre y fuego un área del departamento de Antioquia, donde los Uribe Vélez poseen tierras y una intrincada red de hacendados y narcotraficantes que todavía hoy dominan impunemente la región al ritmo de sus antojos y caprichos. Dos de ellos son los narcotraficantes confesos Santiago Gallón Henao y un hermano suyo, ambos registrados en la Lista Clinton (ver aquí). Estos, lo mismo que Santiago Uribe Vélez, aparecen en expedientes judiciales como socios prominentes de la “Oficina de Envigado”, la multinacional del crimen, hasta hoy inmortal, que fundó Pablo Escobar para cobrar y ajustar cuentas en el bajo mundo. Gallón Henao recibió –por medio de su empresa Clamasan S.A.– millonarios “incentivos” de fondos públicos durante los dos gobiernos consecutivos de Uribe (2002-2010) a través del programa Agro Ingreso Seguro, por lo cual la Corte Suprema de Justicia condenó a cárcel al ex ministro de Agricultura Andrés Felipe Arias (alias ‘Uribito’), hoy prófugo en Miami. Gallón Henao ha tenido abultados negocios con la compañía Uribe Vélez S.A. y figura entre los autores intelectuales del ampliamente conocido y siempre deplorado asesinato del futbolista Andrés Escobar, a quien una facción de la mafia ordenó matar porque en el Mundial de Fútbol de 1994, celebrado en Estados Unidos, perdió una apuesta multimillonaria por culpa de un autogol histórico de este deportista que cambió el resultado esperado en el partido que ofrecía mejores expectativas para el equipo colombiano.
El escuadrón de la muerte de Santiago Uribe Vélez se llamó “Los Doce Apóstoles” debido a que entre la jefatura mayor estaba un sacerdote-asesino que cargaba un arma entre una Biblia y colaboraba en la elaboración de las listas de personas que, con la venia final del hermano de Uribe, debían ser asesinadas (ver aquí).
La acusación contra Santiago Uribe Vélez fue formulada por Carlos Iván Mejía, fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, contra quien el “Troll-Center” [maraña de agresivas páginas en Internet sin nombres responsables y cuentas apócrifas en las redes sociales] del uribismo ha lanzado ataques, injurias, amenazas, ofensas y agravios con el claro propósito –aunque malogrado– de alejarlo del caso.
La batería de abogados de los Uribe Vélez también ha enredado sin pausa la investigación penal en el caso de los “Doce apóstoles” mediante el uso del derecho sin rigor, apelando a trucos manidos de rábula y apelaciones sin sentido que se han ido cayendo una a una.
La última apelación intentó tumbar el llamado a juicio hecho por el eficaz y activo fiscal Mejía. La demanda fue revisada por la vice fiscal general, María Paulina Riveros, quien, en una decisión de 165 páginas, consideró que abundan las razones, las pruebas, los testimonios y las disposiciones legales necesarias para sentar en el banquillo de los acusados al hermano de Uribe por crímenes de lesa humanidad.
La señora Riveros rechaza los alegatos de la defensa en el sentido de que la inmensa banda de asesinos de los Uribe Vélez no existió y explica: “el propósito de este grupo criminal era la comisión de homicidios selectivos de personas señaladas de ser auxiliadores de la guerrilla o indeseables sociales” y agrega, en la página 99: “los homicidios perpetrados no obedecían al capricho o al arbitrio de los miembros de la organización, sino que, por el contrario, dependían de las directrices que se trazaran por parte de sus líderes”, quienes elaboraron una “lista negra”, sobre la cual indica: “fue el nombre que recibió el soporte que contenía los nombres de estas personas”.
Los testigos principales son Juan Carlos Meneses Quintero (ex oficial de policía), Pablo Hernán Sierra García (paramilitar), Alexander de Jesús Amaya Vargas, Eunicio Alfonso Pineda Luján, Albeiro Martínez Vergara, John Jairo Álvarez Agudelo y Ólguan de Jesús Agudelo Betancur.
La vice fiscal conceptuó también: “se puede establecer como un hecho cierto y probado que el señor Santiago Uribe Vélez ejercía la dirección y coordinación del grupo de Los Doce Apóstoles”.
“A partir de las directrices que trazaba él [Santiago Uribe] con los otros líderes de la organización al margen de la ley, se diseñaban las estrategias para lograr el asesinato de las personas que aparecían en la famosa lista”.
Todavía no ha sido fijada la fecha en que comenzará el juicio y el hermano de Uribe permanece “preso” –ilícitamente– en la zona de recreo de una guarnición militar, que él mismo escogió, próxima a una de las fincas del expresidente, situada en la zona de Rionegro, cerca de Medellín. En ese lugar goza de la servidumbre que le prestan soldados destacados para su servicio y recibe a sus amigos, con los que hace amenas tertulias alrededor de botellas de aguardiente.
La posibilidad de que un artilugio de tinterillo lo ponga en libertad en cualquier momento, antes del juicio, nunca ha dejado de estar latente. Puede ocurrir también que no vuelva a fallar un nuevo intento de asesinato en la cárcel contra Meneses, uno de los testigos estelares. Si algún juicio en Colombia está rodeado de peligros, es este. Porque después de él, debe celebrarse otro, por orden de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal superior de Medellín que ordenó a la Fiscalía General de la Nación investigar a 50 maleantes, entre ellos los dos hermanos Uribe Vélez, por crímenes de lesa humanidad, distintos a los cometidos por los escuadrones de la muerte de
Gonzalo Guillén
“Los Doce Apóstoles”. Varios de los que deben ser investigados ya han reconocido sus procederes criminales, como es el caso del ya mencionado Gallón Henao.
Hasta ahora no podemos decir en este caso que la justicia colombiana cojea, pero llega. En cuanto a los Uribe Vélez, a duras penas repta con lentitud de babosa, sin mayores ánimos de ir exactamente a ninguna parte. - Autor:  - 12 – 07 – 2017 - http://www.hispanopost.com/
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6/29/2017

La Corte Suprema determinó que, a los ojos de la justicia ordinaria, el líder indígena no había cometido un crimen.

Feliciano Valencia estaba privado de la libertad desde noviembre de
2015, en el resguardo Munchique Los Tigres, zona rural de Santander 
de Quilichao David Campuzano – El Espectador
Este proceso comenzó en 2010: Las razones de la Corte Suprema para absolver a Feliciano Valencia
 “Ordenar la libertad inmediata e incondicional del procesado Feliciano Valencia Medina, la cual se hará efectiva si no es requerido por otra autoridad”. De esa manera, la Corte Suprema de Justicia determinó que Valencia, un reconocido líder indígena de la comunidad nasa, abandonara el “sitio de armonización” en el resguardo Munchique Los Tigres, zona rural de Santander de Quilichao, donde se encontraba desde el 6 de noviembre de 2015 tras haber sido condenado a 18 años de prisión por el Tribunal Superior de Popayán. Valencia, señaló el alto tribunal, no cometió ninguna falta contra la ley.
Este líder indígena fue sentenciado por cuenta de un supuesto crimen: el secuestro del cabo del Ejército Jairo Danilo Chaparral, miembro de un batallón contraguerrilla que el 14 de octubre de 2008 fue interceptado por la guardia indígena mientras caminaba por un sendero alterno en zona rural de Piendamó, Cauca. Para la Corte Suprema, sin embargo, ese crimen en realidad no fue tal: a su juicio, la comunidad nasa aplicó la jurisdicción especial indígena a la que tiene derecho al encontrar en su territorio a un intruso, vestido de civil, pero armado, que inicialmente negó ser parte de las Fuerzas Militares. Los indígenas no estaban seguros de si era un militar o un guerrillero.
Chaparro, recordó la Corte, estaba de permiso e iba de regreso a su batallón ubicado en el Meta, pero una minga indígena había bloqueado la vía Panamericana y el militar optó por un camino secundario. La Guardia Indígena lo detuvo al detectar su presencia. Él se identificó como miembro de un resguardo vecino, afirmación que pronto se desmoronó. Luego señaló que estaba en busca de unos medicamentos. Al final admitió ser un cabo del Ejército. Los indígenas lo encerraron en una jaula metálica dos días y le pidieron que se excusara públicamente por haber invadido su territorio. Chaparro se rehusó y recibió un castigo de nueve latigazos, que implicaron una capacidad de 29 días sin secuelas.
El 16 de octubre de 2008, dos días después de su detención, el cabo Chaparro fue trasladado a una cancha, donde la asamblea indígena determinó que el castigo eran los latigazos. A pesar de que fue una decisión colectiva, sólo una persona terminó sancionada: Feliciano Valencia. El gobernador del reguardo Munchique Los Tigres alegó que este era un caso para la justicia indígena, porque el imputado pertenecía a su comunidad y los hechos habían sucedido en su territorio, pero la Fiscalía se mantuvo en su posición y lo llamó a juicio en septiembre de 2010. En primera instancia fue absuelto, pero el Tribunal de Popayán estableció que era culpable y lo condenó a 18 años de prisión.
Lo absurdo de esta historia es que, al final, la Fiscalía —la misma que lo había llevado ante los jueces— determinó que Valencia no era culpable de ningún delito a los ojos de la justicia ordinaria y le pidió a la Corte Suprema que casara el fallo, es decir, que declarara al líder indígena inocente “ante la clara violación del debido proceso en su componente del juez natural, porque en su concepto la jurisdicción especial indígena debía conocer del asunto”. La entidad incluso fue más allá: concluyó que ni siquiera se había cometido un secuestro, que la retención del cabo Chaparro “fue por la aplicación del pueblo nasa de sus usos y costumbres ancestrales”.
Lo que la Corte tuvo en cuenta
El estudio del caso que hizo la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, a partir de la ponencia del magistrado Eugenio Fernández Carlier, duró más de un año y medio. El planteamiento que se hizo el alto tribunal, que terminó con la absolución del líder indígena, es que la justicia ordinaria, al condenarlo en segunda instancia, desconoció que la Constitución de 1991 le da un amparo especial a las comunidades indígenas para que desarrollen su propia justicia dentro de sus resguardos. La Corte recordó que en el primero y el séptimo artículos de la Carta Política se reconoce la diversidad étnica y cultural del país para, precisamente, “mantener la armonía social, propender por la convivencia pacífica o de baja conflictividad y fortalecer la democracia”.
El reconocimiento de esa pluralidad de creencias y comunidades permitió, además, que se les diera una atribución especial para que cada una de ellas manejara su propia jurisdicción dentro de sus territorios. El objetivo de esa misión, recuerda la Corte en la sentencia, es que “las autoridades tradicionales sean quienes investiguen, de acuerdo con sus normas y procedimientos, para reconocer y preservar sus costumbres, valores e instituciones, siempre y cuando no sean contrarias al ordenamiento jurídico nacional”. Bajo ese parámetro, la Corte encontró que Feliciano Valencia había actuado de acuerdo con los derechos que la Constitución de 1991 le atribuyó a él y a su comunidad.
La Sala Penal de la Corte, asimismo, explicó que el caso del cabo Jairo Danilo Chaparral fue considerado por la comunidad indígena como una lesión y una ofensa para sus territorios sagrados y de paz y, por eso, se ameritaba un “juzgamiento a manera de armonizarlo”. El alto tribunal recordó un hecho que, explica, fue completamente ignorado por el Tribunal Superior de Popayán, que condenó a Valencia en 2015, y que no se podía dejar por fuera de la decisión, pues se trataba de un hecho directamente relacionado con el contexto en el que fue castigado el miembro de Ejército: la Minga de Resistencia Social y Comunitaria que se desarrolló ese año, 2008, en el resguardo La María, en Piendamó (Cauca).
En ese momento, la comunidad estaba en máxima alerta, pues el presidente de entonces, Álvaro Uribe, había dicho que la protesta indígena estaba “infiltrada” por guerrilleros. Por eso, que apareciera una persona vestida de civil, con un uniforme militar en la maleta, sin explicar la razón por la cual estaba en el territorio del resguardo que lideraba Valencia, levantó todas las sospechas dentro de la comunidad. Además, el hecho de que las autoridades indígenas le dieron la oportunidad al militar de defenderse, de explicar por qué estaba en ese lugar y de pedir disculpas por sus acciones —a lo cual el cabo Chaparro se rehusó—, es para la Corte la evidencia de que no se violó ninguna ley y que, por el contrario, la comunidad actuó bajo los derechos que le da la Carta Política del 91.
“El carácter pluralista de la Constitución Política implica reconocer también un pluralismo jurídico para dar cabida al derecho consuetudinario de los pueblos indígenas, de ahí que la limitación de la libertad de locomoción que afectó a Jairo Danilo Chaparral Santiago obedeció al cumplimiento de la función por parte de los órganos establecidos por la comunidad nasa para resolver un asunto que estimaron ofensivo, en una clara manifestación de decisión y control de su autonomía y ejercicio de justicia”, se lee en el fallo que absolvió a Valencia.
La Corte Suprema, por otra parte, calificó de “nimia” la queja que hizo la defensa del militar al decir que los latigazos que recibió el cabo configuraban una tortura. El alto tribunal recordó un fallo de la Corte Constitucional de 1997, en el que se indicó que, aunque “indudablemente (los latigazos) producen aflicción, su finalidad no es causar un sufrimiento excesivo, sino representar el elemento que servirá para purificar al individuo. Es pues, una figura simbólica o, en otras palabras, un ritual que utiliza la comunidad para sancionar al individuo y devolver la armonía. En este caso, la Corte estima que el sufrimiento que esta pena podría causar al actor, no reviste los niveles de gravedad requeridos para que pueda considerarse como tortura”.
La absolución de Valencia la celebraron las comunidades indígenas del país. Para ellos, la decisión de la Corte es crucial para el respeto de sus derechos. Ya lo había dicho Valencia el año pasado en entrevista con El Espectador , cuando explicó que su actuación era el resultado de una tradición que milenariamente han realizado los indígenas y que está protegida por las leyes. Que un tribunal de la altura de la Corte Suprema le recuerde al país que es legal que estos pueblos tengan su propia jurisdicción para proteger sus tradiciones, y deben gozar de un amparo especial por parte de todas las instituciones del Estado para preservar su cultura, significa la reivindicación, una vez más, de los derechos especiales que tienen las comunidades indígenas de Colombia. El Espectador.com - 28 – 06 - 2017 - Redacción Judicial
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