Narración de los
hechos victimizantes con impacto en el colectivo no étnico del grupo
“Movimiento Cívico del Oriente Antioqueño”
Antecedentes
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Ramón
Emilio Arcila
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El
oriente antioqueño tiene una historia muy rica en las organizaciòn de las bases
sociales. En 1962 en Marinilla (Antioquia) hubo la primera expresión en la
protesta por el servicio de acueducto, en 1964 fue en el Peñol por motivo de
servicios públicos; en la Unión en 1962 se efectuó una fuerte movilización
ciudadana motivada por la minería extractiva del Caolín, en 1975 en Marinilla
nuevamente en temas de servicios públicos y la Ceja protagoniza un fuerte paro
cívico en 1978 con el objetivo de reclamar el derecho a la educación. Pero la
primera manifestación subregional se dio cuando se organizó una presión ciudadana muy fuerte
para que se respetara la firma del contrato maestro del Peñol (firma realizada
en el año 1969), donde se unieron las comunidades de San Rafael, Guatapé y el
Peñol. Esta movilización inicio en el año 1975 y se prolongó por varios años,
convirtiéndose en una expresión más depurada de participación ciudadana
conocida como MOVIMIENTO DE ACCIÓN PEÑOLITA, de la cual se desprende la primera
alcaldía popular de extracción cívica en el oriente antioqueño.
En
Marinilla se llevó a cabo la asamblea popular el 22 de diciembre de 1981 en el
teatro Parroquial y luego el movimiento se esparce por toda la región e incluso
otras subregiones del departamento y del país. Luego vino la consolidación de
un proceso regional surgido de la proliferación de protestas cívicas a
principios de los años 80, el cual tiene como punto de partida el municipio de
Marinilla y la posterior consolidación de Juntas Cívicas en La Unión (Marzo de
1982) y luego el resto de municipios orientales.
El
movimiento cívico no fue un proceso legalmente constituido, de hecho una de las
acciones era confrontar las políticas del Estado. Sin embargo, el movimiento sí
existió como una expresión regional donde se respetaban las particularidades de
las juntas cívicas locales, tuvo una estructura organizaciones que empezaba con
las Juntas Cívicas en la base y la Coordinadora Regional como expresión
regional. Existían mecanismos de participación directa con las asambleas
populares locales y una asamblea regional que se convocaba mediante delegados
para casos excepcionales. El movimiento cívico hizo un Congreso Nacional Cívico
en Bogotá (1985), pues este proceso era un ejemplo nacional.
A
principios de la década del 80, había presencia en el oriente del MAS
(escuadrones de la muerte), los cuales incursionaron a la región desde el
Magdalena Medio.
En
el año 1982 se constituye la Coordinadora Regional de los Movimientos Cívicos
del Oriente y se convocan por parte de esta a dos paros regionales, en los
meses de septiembre y octubre. En 1984 se realiza el tercer paro cívico, esta
vez extendido a otras regiones del departamento. El movimiento tenía tres
componentes: participación territorial (municipios), sectorial (JAC,
Sindicatos, comerciantes, entre otras) y participación política, esta última
excluyendo la participación electoral, característica que cambiaría una vez
aprobada la reforma política de 1986 que propició la elección popular de
alcaldes
El
2 de agosto de 1985 se funda el movimiento cultural del oriente antioqueño, el
cual fue la base del proyecto cultural del departamento de Antioquia. El
presidente del proyecto fue el líder de derechos humanos Héctor Abad Gómez.
Desde
el 2006 la familia de Ramón Emilio ha estado gestionando frente a la Unidad de
Víctimas el ser reconocido como sujeto de reparación y dicen ellos que ha sido
muy humillante pues en algunos momentos se ha sugerido que Ramón Emilio no era
sujeto de este derecho; desde esto lo que se busca con este proceso de
declaración colectiva es también reivindicar el nombre de Ramón y su papel en
la construcción del movimiento. Desde que se hizo la denuncia en fiscalía sobre
la muerte de Ramón, el proceso investigativo ha pasado varias veces a manos
generando impunidad; aparece inclusive en un proceso de investigación contra
miembros de la UNIÓN PATRIÒTICA, lo cual no obedece a la realidad. El caso concreto
es que no se sabe quiénes fueron los autores intelectuales y hasta el momento no
se ha podido llegar a un veredicto final, quedando la duda en relación a
quienes se beneficiaron de alguna manera
con la muerte de Ramón y sus consecuencias en la desarticulación del movimiento
cívico regional.
Se
sabe por testimonios de sobrevivientes que la postura política de Ramón Emilio
Arcila, fue abiertamente crítica de los sectores liberales y conservadores,
pero que también fue con sus actuaciones un fuerte crítico de las desviaciones
de los sectores de izquierda, lo cual lo puede ubicar como una postura de
centro, hecho que incidió en la caracterización política pluralista del
Movimiento Cívico. Su frase “protesta con propuesta” resume esta posición
política.
Después
de mediados del 85, el movimiento cívico había tomado la iniciativa de apoyar
los procesos de diálogo nacional y a algunos líderes los acusaron de ser
miembros del grupo insurgente M-19, sin embargo, esto nunca se comprobó, pero
fue consecuencia para que a muchos de ellos los asesinaran, los señalaran y
desplazaran de sus lugares de origen.
Uno
de los factores que influyeron para que la lógica haya cambiado en el 90, fue
que al Carmen, La Unión y Sonsón (Antioquia) llegó el ELN, lo que desembocó en
que otro tipo tensiones en la región y que influyeron negativamente en el
desempeño del movimiento cívico en lo local y regional.
Para
sofocar los primeros levantamientos contra el duro régimen tarifario de la
Electrificadora de Antioquia un grupo de parlamentarios de Antioquia liderado
por el representante a la cámara Gilberto Salazar Ramírez a instancias del
ministro de minas y Energía de esa época, Humberto Ávila Mora, se dedicaron a
delinear los primeros trazos de la ley 56 de 1981 sobre las recomendaciones de
una investigación llamada “impactos
regionales de los proyectos hidroeléctricos”, elaborado por el Departamento
Administrativo de Planeación de Antioquia, cuyo investigador principal era Luis
Diego Vélez Gómez. Sobre las recomendaciones de esta investigación el profesor
Gerardo Molina oriundo del municipio de Gómez Plata, municipio que ya había
sufrido los impactos del proyecto Guadalupe I, ubicado en la vereda El Salto,
en una acto de madurez política tuvo la feliz idea de acordar con el Ministro
de esa época, promover la aprobación de la Ley 56 de 1981, cuyas principales
reivindicaciones desde el punto de vista territorial eran: la electrificación
rural, el pago del impuesto de industria y comercio por kilovatio/hora
instalada, la reforestación de la cuenca hidrográfica y además garantizar un
mecanismo de detención al desmonte de los bosques nativos. Estas
reivindicaciones quedaron plasmadas en la Ley 56 del 1981 cuyo primer efecto
compensatorio era el 4% de las ventas de energía, efecto contrarrestado al
darse la definición de la base de liquidación y manejo de los recursos a las
empresas generadoras.
Quien
coordinaba la difusión y bases económicas de la Ley 56, el director de la
división de desarrollo Económico del Departamento de Planeación de Antioquia el
doctor Vélez Gómez, da fe que sus argumentaciones eran fuertemente confrontadas
por el dirigente cívico Ramón Emilio Arcila quien en forma contundente
argumentaba que nuestro Estado “era tan
incapaz que ni siquiera garantizaba la reglamentación de las propias leyes que
creaba”, este argumento se vio reflejado en la construcción del pliego de
peticiones del movimiento cívico regional, como uno de los puntos de
negociación que finalmente se tradujo en la creación de lo que hoy conocemos
como CORNARE (Ley 60 de 1.983) , modelo de institución regional que se
convirtió en referente de la gestión financiera de los recursos de la Ley 56 de
1981 para el país. Ramón Emilio, como cabeza visible del movimiento cívico,
lideró permanentemente una lucha paralela a la movilización popular, mediante
el estudio juicioso de las normas legales, el cuestionamiento a su
implementación y la argumentación jurídica. Ejemplo de ello fue su liderazgo en
las luchas jurídicas en el pago de industria y comercio por parte de las
electrificadoras, el pago de espacio público a los municipios por la ocupación
de los postes de energía, el cobro de los impuestos de SAYCO-ACIMPRO, entre
otras.
Antes
del asesinato de Ramón Emilio Arcila, él sale del país entre el mes de junio y
octubre de 1989 a representar a las organizaciones sociales a Europa. Sin
embargo, antes de viajar él había sido desplazado hacia la ciudad de Medellín.
Aseguran los compañeros vivos en la actualidad que él se encontraba en
inminente peligro, afirma un compañero “tanto
que cuando regresó, lo mataron.” El hecho que Ramón Emilio no aceptara esa
condición de desplazado, no quiere decir que no fue desplazado. Esta es una
situación de dignidad de él, en realidad aprovechó ese respiro para salir
porque en realidad estaba en riesgo.
El
movimiento cívico en 1989, en decisión regional aprueba la participación en la
elección popular de alcaldes, saca dos candidatos cívicos a la alcaldía, uno en
el municipio de La Unión y otro en Marinilla. En el primero sabían que no
ganaban con Juan Carlos Vallejo como líder cívico, pero quisieron empezar a
ganar reconocimiento y en Marinilla sí le apostaban al poder local con Ramón
Emilio Arcila a quien asesinan el 30 de noviembre de 1989.
Para
1993 el Estado, los opositores al movimiento cívico y los paramilitares estaban
consiguiendo lo que querían “eliminar el Movimiento Cívico del oriente.” Sin
embargo muchas de sus expresiones continuaron durante más de 6 años aunque en
menor proporción y con menos protagonismo
La
coordinadora regional del movimiento cívico tuvo apoyo de personajes destacados
del país. Uno de ellos fue Manuel Mejía Vallejo, quien colaboraba en el tema
logístico, y Orlando Fals Borda. Pero dos que jugaron un papel importante en el
movimiento y que se identificaban con él eran Jesús María Valle, quien da un
discurso en el sepelio de Ramón Emilio Arcila y Héctor Abad Gómez que ayudaba
en el movimiento cultural del oriente que se juntaba a las otras tres líneas
que se tenían: proyecto económico, social y el político. La cuarta línea que se
estaba construyendo era el proyecto cultural, donde crearon CORPORIENTE y uno
de los artífices de eso fue Héctor Abad Gómez que también lideraba la defensa
de los derechos humanos en toda Colombia
A
raíz de la primera alcaldía de elección popular de Arcesio Botero, quien
trabajó buscando recursos para El Peñol con la gobernación de Álvaro Uribe, este
municipio se radicalizó por parte de los grupos subversivos, ante las
estigmatizaciones surgidas por la intervención de la gobernación de Álvaro
Uribe. ASOFIQUE, donde había algunos líderes del oriente antioqueño y el
movimiento cívico, debía desaparecer como movimiento agrario del oriente y se
le debe a Polímeros Echavarría.
En
el 98 en el gobierno de Pastrana hubo una reforma política que afectó al
movimiento cívico del oriente. Se estableció que para participar de las
elecciones de concejo, alcaldías, etc., había que hacerlo por medio de partidos
legalmente constituidos ¿qué implicaciones tuvo eso? Hasta ese momento los movimientos
cívicos inscribían una lista y debían llevar sino la cédula, pero luego de la
reforma no se ven candidatos cívicos en las alcaldías y concejos. Por ejemplo,
en La Unión había un concejal del partido de la U Alberto Vera, pero esta
persona había sido cívico toda la vida; este hecho se repite en toda la región,
aspecto por el cual no aparecen concejales cívicos propiamente en los cabildos
de la región.
El
movimiento cívico se congeló en el 2001 y solo se reactivó 25 años después en
la conmemoración de la muerte de Ramón Emilio Arcila a mediados del 2014, con
el reecuentro de algunos de los sobrevivientes y familiares, amigos.
La
Clásica Ramón Emilio Arcila se institucionalizó luego de la muerte del líder y
hasta el día de hoy se celebra, para muchos es un mensaje de paz y en general
sirve para reinvindicar el nombre y la lucha social del líder.
Los
tres picos de violencia del movimiento cívico coincide con los picos de
violencia de todo el oriente antioqueño: empezando los 80, entre el 88 y 91 y
otra vez en el 97 hasta el final. El movimiento regional fue un proceso que se
exterminó de muchas maneras: estigmatización, muerte física, desaparición,
exilio, entre otras. Hay un caso particular y es la finalización de dos
“alumnos” de Ramón Emilio Arcila: José Luis y Juan Carlos Vallejo. Ellos dos
fueron elegidos en el 98 alcaldes populares, en sendas coaliciones donde
participaron como candidatos del movimiento cívico ¿qué sucede allí? Esas
alcaldías si se pudieran analizar tuvieron un sello cívico. Un ejemplo que ha
sido único y bandera en toda Colombia fue cuando Juan Carlos en La Unión hizo
un referendo revocatorio voluntario y le dijo a los campesinos de La Unión “me
evalúan el primer año de gobierno, y si pierdo dejo la alcaldía”. José Luis
brilló en Marinilla por los resultados eficientes de su gestión. Ambos fueron
víctimas de una modalidad de persecución, la
jurídica, muy utilizada por el establecimiento y los gamonales políticos
para “eliminar a contrarios políticos”. Juan Carlos Vallejo terminó en la
cárcel perseguido por Cesar Pérez García, “dueño de la alcaldía de La Unión”
cuando era parlamentario. Estuvo exactamente en la cárcel 6 meses y un día y su
caso terminó en condena por causa de formalismo olvidado en un documento, sin
compromiso de recuros económicos contra el patrimonio público. La gente supo
entender que fue una víctima más de esa mafia poderosa y macabra de César
Pérez, quien hoy está pagando una condena por la masacre Segovia. Cosa similar le
pasó a José Luis, perseguido por la mafia goda de Marinilla que ha estado
históricamente en el poder; en las asambleas del 80 Ramón siempre les dijo a
los líderes del movimiento cívico “no me lancen a la alcaldía que me matan”,
esa mafia goda que mató a Ramón masacró jurídicamente a José Luis quien está inhabilitado
al igual que Juan Carlos. Fueron los dos que culminaron lo que Ramón quiso
hacer cuando quería estar en la alcaldía de Marinilla o Ernesto ser alcalde de
La Unión.
Juan
Carlos Vallejo dice que él ve un policía en la calle y le da miedo, pues algún
día volvió a fiscalía a hacer una vuelta y lo detuvieron por 20 minutos y
apareció por una pantalla estigmatizado. La justificación fue que era un error
en el sistema de acceso al bunker
Uno
de los ideales de Ramón Emilio era la disputa para que el oriente antioqueño
fuera provincia. En la actualidad esa pelea la viene dando el movimiento social
del oriente antioqueño, El Congreso de los Pueblos y el Movimiento por La Vida
y la Defensa del Territorio, MOVETE.
En
la actualidad, el oriente antioqueño ha mantenido una propuesta de lucha para
la región desde el punto de vista social, político, cultural y económico. Las
estructuras de poder que han estado en los municipios, incluso de las asambleas
y en los entes nacionales, han visto competido su poder político, y han
enfilado baterías contra el movimiento de varias maneras: jurídicamente,
estigmatizando, entre otras. Pero la resistencia continúa, en este momento en
13 municipios se está construyendo el Movimiento por La Vida y la Defensa del
Territorio: MOVETE. La lucha de los movimientos sociales sigue reinvindicando
los derechos del territorio y se hacen movilizaciones relacionadas con los
nuevos desafíos que el desarrollo trae sobre la región con proyectos tales
como la construcción de cerca de 60 microcentrales en el territorio; también se
han tenido problemas fuertes con el grupo ARGOS, porque es el que está sacando
7.200 toneladas de cemento diario en la zona de debajo de Rio Claro y
corregimiento de Jerusalén. Igualmente se lucha por la defensa del río Samaná y
general por la defensa del potencial hídrico del oriente.
Comcrear Óriente: Organo de Expresión del Movimiento Cívico
“Ramón Emilio Arcila”
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