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Masacre de El Aro, registrada entre
el 22 y 31 de octubre de 1997
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Varios
testimonios de excomandantes paramilitares reseñaron la relación entre miembros
de la Fuerza Pública y los autores de dicha masacre registrada entre el 22 y 31
de octubre de 1997.
Desde
1996 el entonces máximo comandante de las Autodefensas Unidas de Colombia
(AUC), Carlos Castaño Gil estaba planeando una irrupción armada al municipio de
Ituango (Antioquia) puesto que consideraba que en dicha zona eran trasladadas
las personas que eran secuestradas por las Farc. En la mentalidad de Castaño
Gil todos los habitantes de dicha región eran auxiliadores y auspiciadores de
dicho grupo guerrillero.
Bajo
esta premisa citó a una reunión a Salvatore Mancuso Gómez, conocido con el
alias de ‘El Mono’ y Carlos Mauricio García Fernández, alias ‘Rodrigo Doble
Cero’ con el fin de planear la incursión en dicha región. Para ello contactaron
al comandante del Bloque Mineros, Ramiro Vanoy Murillo, alias ‘Cuco Vanoy para
que les entregara la información relacionada con las rutas de acceso y el
préstamo de 50 hombres para la acción.
Según
los testimonios recolectados fueron más de 200 hombres los que ingresaron desde
diferentes puntos estratégicos al municipio. Con anterioridad Salvatore Mancuso
había recibido de manos del comandante de la Cuarta Brigada del Ejército,
brigadier general Alfonso Manosalva Flórez coordenadas de la región de Ituango
relacionada con campamentos guerrilleros, nombre y ubicación de milicianos,
auxiliares de la subversión, nombres de secuestrados y localización de las
tropas de los mismos.
Para
llegar a la zona, los diferentes comandantes paramilitares contaron con la
“aquiescencia” de miembros de la Fuerza Pública que permitieron la normal movilización
de varios camiones con hombres fuertemente armados y vestidos con prendas de
camuflaje. Los testimonios de los desmovilizados de las AUC permiten inferir
que existió una relación entre la planeación de la incursión así como su
ejecución.
Mancuso
Gómez aseguró en su versión libre el 18 de noviembre de 2009 que el objetivo de
dicha incursión armada era la búsqueda de secuestrados, para lo cual contaron
con información brindada por los miembros del Ejército Nacional en las que se
hacía referencia al “nombre de secuestrados y la ubicación de los mismos”.
Igualmente se cuenta con la declaración del exparamilitar Francisco Enrique
Villalba Hernández, alias ‘Cristian Barreto’.
En
sus declaraciones ante las autoridades judiciales aseguró que la operación
“tenía como objetivo el rescate de varios secuestrados, principalmente, un
familiar del expresidente, hoy senador de la República, Álvaro Uribe Vélez,
quien para esa época fungía como Gobernador del departamento de Antioquia, y
había dado la orden a los comandantes paramilitares, en la última reunión
previa a la ejecución de la masacre, de “acabar el pueblo”; ¡borre el pueblo!”.
Según
la declaración de Villalba Hernández –quien fue asesinado el 22 de abril en el
municipio de La Estrella (Antioquia) pocas semanas después de recibir la
detención domiciliaria- el entonces mandatario departamental participó en las
reuniones con los comandantes paramilitares. “Indicó que posterior a la
incursión armada, concretamente en una reunión con los paramilitares a principios
del mes de noviembre de 1997, el aludido Uribe Vélez, en compañía de otros
jefes paramilitares, felicitó directamente a los perpetradores por los
resultados obtenidos en la luctuosa acción”.
Su
declaración, de la cual hay constancia en la Comisión de Acusaciones de la
Cámara de Representantes, hace referencia a que toda la información sobre dicha
incursión fue comunicada por el secretario de la Gobernación de Antioquia,
Pedro Juan Moreno Villa, además de la presencia de un helicóptero adscrito a la
Gobernación que sobrevoló la zona. En el mismo habrían estado Carlos Castaño
Gil, Álvaro Uribe Vélez y dos miembros de la Cruz Roja.
La
presencia de este helicóptero también fue referida por la viuda de uno de los
campesinos que fue torturado y asesinado por los paramilitares. Posteriormente
los paramilitares que ejecutaron la acción recibieron una condecoración por
parte de Carlos Castaño y Salvatore Mancuso debido a lo que se consideró un
éxito en la misión. Por estos hechos la Sala de Justicia y Paz del Tribunal
Superior de Medellín compulsó copias para investigar al actual senador del
Centro Democrático así como a varios oficiales del Ejército Nacional y las
Fuerzas Armadas. Por: El Espectador.com - Redacción Judicial - 09 02 - 2015
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