¿Qué implicaciones tendrá?
La
Mesa de Conversaciones de La Habana logró la semana pasada un acuerdo para
crear una comisión de la verdad sobre el conflicto. Así se destraba el punto de
víctimas que se discute hace un año. La
Mesa de Conversaciones de La Habana logró la semana pasada un acuerdo para
crear una comisión de la verdad sobre el conflicto. Así se destraba el punto de víctimas que se discute hace un año.
Dice
un viejo proverbio que la verdad es la primera víctima de la guerra. Por eso
una de las columnas vertebrales de los procesos de paz, sobre todo cuando se
trata de guerras civiles donde no hay vencedores ni vencidos, es la verdad
sobre los horrores cometidos durante el conflicto. Colombia no será la
excepción. El jueves pasado el gobierno y las FARC llegaron a un acuerdo para
crear una Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No
Repetición.
Este
anuncio es importante no solo porque le devuelve un aire de confianza al
proceso, y le permite superar su momento más crítico, sino porque saca del
atolladero el punto de víctimas que tenía a la Mesa estancada desde hace un
año. Redactar el acuerdo tomó por lo menos seis meses dadas las diferencias
abismales que había entre las partes.
La
verdad no es un tema menor. La guerra es un escenario en el que florecen el
engaño y los prejuicios, y estos redundan en ocasiones en exclusiones y odios.
Civilizar una sociedad que ha estado sumida en la violencia, como la
colombiana, requiere que se genere un reconocimiento colectivo del desastre
causado y un rechazo moral a la guerra. Esa es la única manera de superar el
conflicto. La construcción de una nación requiere narrativas comunes que
permitan crear un destino compartido. Por eso es tan importante, en perspectiva
de la historia, este acuerdo.
Esta
comisión tiene la tarea de contarle al país qué fue lo que pasó en los 50 años
de conflicto; por qué se llegó a esos extremos de violencia; quiénes fueron los
más afectados; y qué grupos fueron responsables.
La
idea es que los involucrados en las peores atrocidades, sea directa o
indirectamente, reconozcan lo que hicieron, y que eso sirva para dignificar a
las víctimas, para garantizar que no se repita y seguir adelante. Su
funcionamiento será una catarsis colectiva, ya que no se trata de una
investigación académica sino de un proceso social y político que se pondrá en
marcha, como el resto de lo acordado en Cuba, cuando se firme la terminación de
la guerra y las FARC ya no estén en armas. No antes, como han dicho algunos
miembros de la oposición.
La
tarea no será fácil. La experiencia internacional es más bien desalentadora.
Estas comisiones suelen tener todo tipo de resistencias y, en muchos casos,
exacerban la división política. En Colombia, donde el proceso de paz ya es un
factor de polarización, la comisión tendrá que remontar más de un obstáculo.
Uno de ellos es que el conflicto colombiano es excepcionalmente largo y
enmarañado, y por tanto la comisión deberá priorizar y enfocarse en periodos y
hechos específicos.
El
mayor desafío de las comisiones de la verdad es que logren tener la suficiente
legitimidad en contextos de sociedades divididas y heridas por años de
conflicto. Esta legitimidad depende en buena medida de quiénes la conforman y
cómo se eligen. En La Habana se decidió que estará conformada por 11 personas
de reconocida independencia, de las cuales tres pueden ser extranjeras, y que
serán elegidas por un comité acordado entre las partes para un periodo de tres
años.
El
presidente de la comisión será nombrado de común acuerdo entre el gobierno y la
guerrilla, y ese es un punto crítico, pues de la credibilidad que tenga el
personaje depende en buena medida el éxito del trabajo. Así como, por ejemplo, en
Argentina fungió como presidente el escritor y humanista Ernesto Sabato, de
incuestionables credenciales éticas, y en Chile fue el también respetado
político Raúl Rettig, es por su nombre que se conoce mundialmente el informe;
en Kenia su presidente tuvo que renunciar cuando surgieron denuncias serias que
lo involucraban en violaciones de derechos humanos.
El
otro problema que suelen tener estas comisiones es su relación con la justicia.
Por naturaleza no pueden tener efectos judiciales. De lo que se trata es de
establecer una verdad sin más ambiciones, y eso ya es un reto enorme.
Uno
de los grandes logros alcanzados la semana pasada por las FARC y el gobierno es
que, de común acuerdo, dijeran que esta es apenas una de las patas de una mesa
que tiene otros soportes que son esenciales para ponerle fin a la guerra:
justicia (tribunales especiales y penas alternativas) y reparación. Es decir,
la comisión no reemplaza la justicia, sino que va por otro carril, pero aún no
se sabe si debe ser secuencial, primero verdad y luego justicia, o simultánea.
Pero de que habrá justicia ya no queda duda, pues así quedó suscrito en el
acuerdo.
¿Qué implica que sea extrajudicial?
La
única manera de que una comisión de la verdad sea viable es que no tenga
efectos judiciales. Esto garantiza que la gente tenga menos temores a dar
testimonio –sean víctimas, victimarios o cómplices de estos– y que su relato no
lo incrimine ni le genere amenazas o riesgos personales.
El
carácter extrajudicial significa que nada de lo que allí se diga será usado
como prueba contra nadie en los tribunales. Y que la concurrencia es
voluntaria. Es decir, que la comisión no puede obligar a nadie a dar su
testimonio. Sin embargo, Humberto de la Calle aclaró que el gobierno considera
que quienes vayan a ella pueden recibir beneficios judiciales, algo que aún no
está acordado entre las partes.
En
ese escenario, los máximos responsables de hechos muy graves pueden contar la
verdad y obtener beneficios en sus juicios; y quienes tienen delitos de menor
gravedad y aspiran a que la justicia no los persiga más también podrían
hacerlo.
Este
punto es especialmente sensible dado que en el acuerdo se habla de personas que
directa o indirectamente han estado involucradas en el conflicto. El fiscal
Eduardo Montealegre ha dicho que en la Fiscalía hay investigaciones
preliminares sobre 13.000 personas que pudieron haber sido cómplices de los
paramilitares, y que si son juzgados por el sistema ordinario tendrían penas
mayores de las que han tenido por ejemplo el Alemán, o las que tendrá
Timochenko.
La
cifra depurada habla de por lo menos 8.000 personas, pero va a crecer cuando se
conozcan los hechos relacionados con las FARC, y allí pueden aparecer desde
empresarios que financiaron a las AUC, hasta campesinos que le sirvieron de
apoyo a la guerrilla en la logística.
Ahora,
que la verdad no tenga implicaciones judiciales no quiere decir que sea inútil,
o que vaya a haber impunidad.
Es
útil porque la verdad en sí misma es una manera de reparar a las víctimas y de
cerrar heridas, en la medida que haya comprensión de la compleja trama que hay
detrás de una larga violencia.
Y
no implica denegación de la justicia. Si algo ha enseñado la experiencia
internacional es que la verdad no puede acompañarse de amnistías o de fórmulas
de perdón y olvido porque eso tarde o temprano se revierte. Así ha ocurrido en
Sudáfrica, Guatemala y Argentina, entre otros.
Responsabilidades colectivas
Algunas
comisiones de la verdad, como la de Argentina, se ocuparon de caso por caso, y
en El Salvador fueron señalados responsables individuales. En Colombia será
diferente.
A
la comisión se le ha dado el mandato de que se concentre en “prácticas y hechos
que representen graves violaciones a los derechos humanos y al DIH, sobre todo
los que representen o sean de carácter masivo”. Es decir, buscará entender los
contextos que hicieron posibles el cometimiento de hechos atroces como las
masacres, los falsos positivos, el desplazamiento, la violencia sexual, el
secuestro o la desaparición forzada.
Muchas
víctimas querrán que cada caso individual tenga una respuesta en la comisión lo
cual será literalmente imposible, dado que esta solo durará tres años y no
alcanzará a resolverlo todo. Al atribuir responsabilidades tampoco podrá
hacerlo en forma personal o particular sino deberá referirse al colectivo,
llámese FARC, Estado o gobierno.
Esto,
aunque es controvertido, puede no ser tan grave. Hay que tener en cuenta que la
comisión no partirá de cero. El proceso de Justicia y Paz, bajo el que fueron
juzgados los paramilitares desmovilizados, a pesar de sus imperfecciones ha
arrojado verdades sobre lo ocurrido con las AUC, sobre todo en Antioquia,
Córdoba y la costa Atlántica. También informes previos como el Basta ya, del
Grupo de Memoria Histórica, publicado hace dos años; y el propio documento
elaborado por la Comisión de Historia del Conflicto y sus Víctimas, entregado
por 14 intelectuales a la Mesa de La Habana en febrero pasado. Así mismo, hay
decenas de informes de ONG muy respetables –como el Cinep o la Ruta Pacífica de
las Mujeres– que han documentado las violaciones de derechos humanos.
Y al fin ¿para qué?
Las
comisiones de la verdad siempre están pensadas en clave de reconciliación, y
parten de la premisa de que si se conoce la historia es más difícil que esta se
repita. Eso ha sido cierto en algunos lugares y tiempos, como el mencionado de
Sudáfrica o El Salvador donde la guerra como tal es cosa del pasado.
En
otros casos han servido al reconocimiento de un conflicto al que la sociedad le
da dificultad aceptar y entender, como ocurrió en Perú con la guerra
insurgente, o en Guatemala donde se desconoció el genocidio maya.
En
el caso de Colombia, una tarea muy importante del acuerdo es que haya
reconocimiento de responsabilidades en el conflicto. En esa materia el país
está mal. En general, quienes están al centro o la derecha le atribuyen mayor
culpa sobre el conflicto y sus desastres a la guerrilla; y quienes están más a
la izquierda culpan al Estado y los paramilitares. También es frecuente que se
nieguen hechos muy graves como los falsos positivos, o que la gente del común
no se interese por un tema que afecta tan profundamente la esencia de la
Nación.
Por
eso el objetivo de esta comisión tendrá que ser ofrecer una narrativa que pueda
contarle a una parte del país qué fue lo que pasó, y que sea tan rigurosa que
nadie pueda exhibir prejuicios frente a ella. Eso se logra en la medida en que
sea independiente, técnica y que escuche a todo el mundo, especialmente en las
regiones.
Este
es un aspecto crucial. El conflicto ha roto la vida de los territorios y es
allí donde con mayor facilidad resurge la violencia, en torno a los problemas
sociales y políticos.
Esto
se hará con audiencias públicas, recogiendo la experiencia de Sudáfrica donde
hubo un proceso masivo de audiencias, muchas de ellas transmitidas por
televisión en horario prime time, en las que se escuchaba a víctimas y
victimarios.
Allí,
sin embargo, la falta de justicia y de reparación ha hecho retroceder los
logros de la Comisión de la Verdad. Por eso el acuerdo del gobierno y las FARC
plantea que la verdad hará parte de un sistema integral de justicia y que las
víctimas son el centro. Le da peso a la convivencia y la restauración del
diálogo social y la confianza entre las comunidades. “La verdad es el puente
entre la convivencia y la construcción de la paz”, dice el comisionado Sergio
Jaramillo. Esto es innovador pero también un gran desafío.
Las dudas
Ahora,
si bien todos los expertos coinciden en que lo que quedó en el papel es
excelente y adecuado para la realidad colombiana, también hay que señalar las
dudas y vacíos que ya empiezan a surgir.
Las
propias FARC señalaron el primero y tiene que ver con los archivos. La
guerrilla viene insistiendo en que se desclasifiquen los documentos secretos de
inteligencia que contengan información sobre violaciones de derechos humanos.
En
el acuerdo quedó consignado que el gobierno facilitará toda la información que
necesite la comisión pero no habla de archivos. El gobierno cree que las leyes
de inteligencia y transparencia son suficientes para ello. Este punto es
crítico porque la falta de acceso a archivos puede hacer imposible el trabajo
de una comisión de la verdad.
Una
segunda duda es si la concurrencia es voluntaria. Por supuesto, quienes tienen
líos con la justicia podrán acudir en búsqueda de beneficios. Pero quienes han
pasado de agache no tienen incentivo para contar la verdad. Y en Colombia hay
mucha gente cuyo papel en la guerra sucia se desconoce hasta hoy.
Otra
duda gruesa que hay es el actual clima de escepticismo que reina en el país. El
éxito de una comisión de la verdad depende de que cada uno ponga su mano en el
corazón y cuente lo que sabe sobre los horrores de la guerra. Se necesita un
consenso amplio, no solo sobre la paz sino sobre las virtudes de recabar en el
paso, en los hechos dolorosos, y reconocerlos como algo nefasto, y no como algo
heroico o impuesto por la realidad que es lo que piensan las FARC y los
militares.
Finalmente,
el mayor riesgo que tiene la Comisión de la Verdad es que genere demasiadas
expectativas. La verdad es una palabra muy grande y ambiciosa, a la vez que
algo difícil de alcanzar. Quienes saben del tema sugieren advertir que lo que
puede dar una comisión de esta naturaleza es la verdad de los comisionados que
hacen parte de ella, y que no es una Biblia, ni un dogma.
Tampoco
se puede pedir lo que no dará. La comisión no dará justicia, aunque sí una
dosis importante de reparación, y no podrá consolar el dolor de cada colombiano
que ha sufrido en la guerra. La propia verdad que pueda alcanzar puede ser
limitada.
La
comisión, en definitiva, brinda la posibilidad de una catarsis colectiva, de
construir un mínimo acuerdo sobre el pasado, y de empezar a ver cómo se crea el
ambiente para vivir en un país sin guerra.
Experiencia agridulce
Sudáfrica.
La Comisión para la Verdad y la Reconciliación de Sudáfrica fue creada en 1994
para garantizar la transición del apartheid a la democracia. Se realizaron
audiencias públicas en las que participaron 22.000 víctimas, de las cuales por
lo menos 2.000 fueron escuchadas por radio y televisión. Aunque en su momento
le hizo un gran aporte a la reconciliación, hoy las víctimas se quejan no solo
de que no hubo suficiente verdad, sino que no hubo justicia y reparación.
El
Salvador. La Comisión de la Verdad fue un mandato de los acuerdos de paz de
1992. Duró 26 meses y produjo un informe conocido como De la locura a la
esperanza: la guerra de los doce años en El Salvador, que señaló a un grupo de
responsables, pero sin consecuencias judiciales.
Perú.
La Comisión de la Verdad y Reconciliación trabajó durante tres años y estudió
el periodo que comienza con Sendero Luminoso en 1980 y termina con Fujimori en
2000. Hubo audiencias para escuchar a las víctimas, pero mucha desconfianza. La
mayor queja es que no tuvo efectos reparadores sobre las víctimas.
Chile.
En 1990 se creó la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación para esclarecer
los crímenes de la dictadura y aportar a la reconciliación. No tuvo efectos
judiciales.
Guatemala.
La memoria del silencio es el nombre que la Comisión de Esclarecimiento le puso
al informe sobre la guerra en ese país. La comisión fue creada en el marco del
acuerdo de paz y su mandato era muy estrecho. Dado que prácticamente no hubo
transición política, las víctimas no querían hablar y el gobierno se negó a dar
información. Paradójicamente, se considera una comisión exitosa porque pudo
explicar el origen y degradación de la guerra. Especialmente demostró que hubo
un genocidio contra el pueblo maya. Semana.com – 06 – 06 - 2015
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