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Jaime Garzón, Eduardo Umaña, Jesús María Valle
y los
esposos Mario Calderón y Elsa Alvarado
fueron asesinados entre 1997 y 1999.
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El modus operandi contra Jaime Garzón y otras personas
"incómodas"
El crimen de Jaime Garzón fue declarado de lesa
humanidad, igual que el de Eduardo Umaña. Esos y otros homicidios, señala la
Fiscalía, se cometieron en un contexto sistemático de violencia contra defensores
de derechos humanos.
El
asesinato del periodista y humorista Jaime Garzón, cometido el 13 de agosto de
1999, no es un crimen cualquiera: es un crimen de lesa humanidad. Esa es la
determinación que acaba de tomar la Fiscalía, tal cual quedó consignado en la
Resolución No. 048 con fecha del 28 de septiembre de 2016. Un documento que no
deja lugar a dudas de que se trató de un crimen planificado entre miembros de
la Fuerza Pública y paramilitares, sistemático —contra él y tantos más—, y con
la intención de acabar con la gente que tuviera su mismo perfil: defensor de
derechos humanos.
Garzón
fue encasillado por las Fuerzas Militares como “enemigo interno”. Y no sólo él.
Según el documento, también José Eduardo Umaña y Jesús María Valle, reconocidos
abogados de Bogotá y Medellín, respectivamente; o Mario Calderón y Elsa
Alvarado, investigadores del Centro de Investigación y Educación Popular
(Cinep), fundado por la comunidad jesuita. En el caso de Umaña, fuentes que
conocen el expediente, que son de alta credibilidad, le confirmaron a este
diario que la declaración de lesa humanidad también está lista ya. Y vienen
pronto las de Valle y la pareja Calderón Alvarado.
El Enemigo Interno
La
teoría del enemigo interno, subrayó la Fiscalía, nació en el seno de las
Fuerzas Militares desde los años 60. En múltiples manuales de guerra y
documentos militares de las siguientes cuatro décadas se plantearon argumentos
—absurdos y hasta antidemocráticos— que sostienen esta tesis: “Todo individuo
descontento, amargado, inconforme (...) es un guerrillero en potencia”. “Todo
individuo que de una u otra manera favorezca las intenciones del enemigo debe
ser considerado traidor”. Es decir, a los ojos de ciertos agentes estatales,
Garzón, Umaña, Valle, Calderón y Alvarado eran traidores que debían ser —y fueron—
eliminados.
Desde
principios de los años 90, anota la Fiscalía, la ONU en sus informes había
advertido lo peligroso que resultaba esa doctrina de seguridad nacional contra
los defensores de derechos humanos como Garzón. El organismo llegó a calcular
que entre 1998 y 2014 se cometieron 1.293 homicidios de defensores en el país,
y esa es una de las razones por las cuales hoy la Fiscalía puede decir que el
caso de Garzón es de lesa humanidad: porque su homicidio se produjo en un
contexto de crímenes sistemáticos contra una población muy específica, gente
que con su trabajo incomodaba a sectores del Estado.
En
el caso de Garzón, dice la Fiscalía, lo que selló su destino fue su rol como
mediador ante la guerrilla para buscar la libertad de secuestrados. En el caso
de Umaña, su actividad como abogado, defensor de presos políticos y de
sindicalistas. En el caso de los esposos Mario Calderón y Elsa Alvarado, sus
trabajos de investigación social en el Urabá antioqueño y en el páramo de
Sumapaz. En el caso de Jesús María Valle, sus denuncias de la connivencia entre
miembros de la Cuarta Brigada del Ejército y los paramilitares en las masacres
del Aro y La Granja, zona rural del municipio antioqueño de Ituango.
Características Comunes
Según
estableció la Fiscalía, en estos cuatro crímenes que dejó como resultado cinco
personas muertas y un país sacudido y golpeado, se estableció que “el modus
operandi común a los homicidios de defensores de derechos humanos consistió en
que miembros de la Fuerza Pública, escudados en su lucha contrainsurgente,
declaraban objetivo legítimo a defensores de derechos humanos con ocasión a su
labor o por tener una postura crítica frente a sectores oficiales; información
transmitida al máximo jefe de las Auc, Carlos Cataño Gil, quien ordenaba a la
banda sicarial La Terraza para ejecutar el homicidio”.
Desde
hace varios meses, la Fiscalía se puso en la tarea de establecer cuáles eran
los “patrones criminales” que compartían el asesinato de Jaime Garzón con el de
Jesús María Valle, Eduardo Umaña, Mario Calderón y Elsa Alvarado. En este
documento la Fiscalía los enlistó: todos denunciaron amenazas y seguimientos;
los perpetradores fueron los sicarios de la temida banda La Terraza de
Medellín; la orden siempre vino de Carlos Castaño, pero con “anuencia de
agentes del Estado”, y, por último, las investigaciones judiciales se
desviaron. Fueron “ejecuciones extrajudiciales”, asegura la Fiscalía.
Un
testimonio clave para desenmarañar estos casos fue el de Diego Fernando Murillo
Bejarano, alias Don Berna, quien se refirió a estos asesinatos y mencionó el
nombre de otro posible implicado: nada más y nada menos que el del general (r)
Mauricio Santoyo, exjefe de seguridad del expresidente Álvaro Uribe, condenado
en Estados Unidos por su relación con grupos paramilitares. En las diligencias
judiciales, Don Berna les pidió perdón a familias como la de Eduardo Umaña.
Sobre
la manipulación de las indagaciones, la Fiscalía tuvo en cuenta que desde 2004,
cuando Carlos Castaño fue condenado por la muerte de Garzón en el Juzgado
Séptimo Penal del Circuito Especializado de Bogotá, se ordenó que funcionarios
del DAS fueran investigados por su posible responsabilidad en la aparición de
falsos testigos en el juicio. Nada pasó. En cuanto al expediente Umaña, la
Fiscalía anotó que la investigación giró alrededor de seis supuestos
guerrilleros que fueron señalados por el Centro de Estudios Estratégicos del
Ejército. Al final se comprobó que nada tenían que ver con el homicidio y el
caso se estancó.
La
familia de Jaime Garzón le había pedido a la Fiscalía que declarara su caso de
lesa humanidad pero, en junio del año pasado, el organismo dijo no. El 18 de
abril de este año, cuando se cumplía el aniversario número 18 de su muerte, la
familia de Eduardo Umaña hizo lo mismo. La familia de Mario Calderón y Elsa
Alvarado, con ayuda de la Comisión Colombiana de Juristas, lleva meses
trabajando en un documento para solicitarlo también; quizá la decisión de la
Fiscalía se emita antes de que esa petición sea enviada.
El Rol de Ciertos Militares
Para
la Fiscalía, no hay ninguna duda de que miembros de las Fuerzas Militares
fueron determinantes en estos crímenes. En la resolución de Garzón se lee que
el coronel (r) Jorge Eliécer Plazas Acevedo, jefe de inteligencia de la Brigada
XIII en esa época, creó "un grupo de vigilancias y seguimientos con el
teniente Alexander Praga, el sargento Guillermo Lozano, el agente de inteligencia
E5 Jorge Cruz Aragón, el sargento Mosquera Romaña y los informantes Darwin
Lisimaco Betancurt y José David Rojas". Las interceptaciones telefónicas a
Garzón, indica la Fiscalía, fueron muchas veces transcritas y entregadas a
Carlos Castaño.
Por
el homicidio de Jaime Garzón fueron llamados a juicio el coronel (r) Plazas
Vega, quien habría interceptado sus comunicaciones para entregarle las
transcripciones al jefe paramilitar Carlos Castaño, y José Miguel Narváez,
exsubdirector del DAS y antiguo catedrático de la Escuela Superior de Guerra,
quien habría persuadido a Castaño del homicidio. El general (r) Rito Alejo del
Río, condenado a 25 años de prisión por el asesinato de un campesino en Chocó,
fue llamado a rendir versión libre. En 2001 la Fiscalía allanó la casa del cabo
retirado e informante del Ejército Evangelista Basto Bernal, y allí encontró
reportes de inteligencia militar de seguimientos a, entre otros, Garzón. Basto
Bernal fue condenado por el atentado al entonces líder sindical —hoy congresista—
Wilson Borja.
“Es
tan cierto que el Estado perseguía a los defensores de derechos humanos (…) que
basta con señalar las declaraciones del señor Villalba dentro del expediente en
las que relata la existencia de listas elaboradas por paramilitares y militares
con los nombres de defensores de derechos humanos que deberían ser asesinados”,
concluye la Fiscalía. Una lista en la que figuraban los nombres de las víctimas
cuyas muertes ahora son un símbolo de esas alianzas perversas entre el Estado y
grupos ilegales: Eduardo Umaña, Jesús María Valle, y los esposos Mario Calderón
y Elsa
Comcrear:
Órgano de expresión del comité Cívico “Ramón Emilio Arcila”
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