En el Parque de los Hippies en Bogotá, se realizó una
vigilia en nombre de los líderes sociales asesinados en el transcurso del año.
ACTIVIDADES ILEGALES - MARCHA PATRIÓTICA
No
hay tiempo que perder. La ola de atentados y asesinatos de integrantes de la
Marcha Patriótica exigen la priorización de las investigaciones, para
determinar quiénes están detrás de los crímenes, en su planeación y en su
financiamiento.
Así
lo considera la dirigente de la Unión Patriótica, Aida Avella, quien ve con
mucha preocupación cómo la historia que sufrió y sobrevivió parece estarse
repitiendo, más de 20 años después y pese al proceso de paz recientemente
concluido.
La
clave, afirma, es apuntar de inmediato a los que dan las órdenes e identificar
quiénes son, para lograr la diferencia específica con el genocidio de la UP,
por la que de, aproximadamente, cinco mil muertes, solo se condenó a un autor
intelectual: el dirigente político de Antioquia César Pérez García, por ordenar
la masacre de Segovia, donde fueron asesinadas 45 personas.
Porque
para Avella cada vez hay más indicios de una actuación criminal que podría
estar conectada entre sí y que ya ha tocado ocho departamentos: Bolívar, Sucre,
Cauca, Caquetá, Meta, Nariño, Atlántico y Huila.
“Así
era. Mataban en un lado y en otro. En cada departamento es solo uno. Pero si se
coge el conjunto, esto obedece a un plan nacional, que lo vemos como un plan
nacional contra la paz. Los muertos tienen ciertas características. Primero, la
mayoría son reclamantes de tierra. Son líderes sociales y son líderes de
movilización”.
Fueron
cinco hace una semana y dos en la semana que termina. El jueves en la noche,
Martha Díaz, líder de víctimas en el Atlántico, madre de un joven víctima de
‘falsos positivos’, amenazada, sobrevivió a un ataque sicarial. El viernes fue
Marcelina Canacué, de la Marcha Patriótica en Neiva, por cuenta de tres tiros.
Van
125 integrantes de esa colectividad muertos desde el 2011. Según Indepaz, 76
este año entre militantes de Marcha Patriótica, líderes comunales, campesinos,
indígenas, estudiantes, reclamantes de tierras y víctimas de otro tipo por el
conflicto.
¿Qué
cree Avella? Que debe ser un plan. “Debe tener autores intelectuales,
financiadores y grupos de sicarios, porque los sicarios no trabajan gratis”,
dice con temor.
Pero
consultado por Colprensa, el ministro de la Defensa, Luis Carlos Villegas, señaló
que hasta el momento, no hay elemento alguno que permita señalar que se trata
de un ataque sistemático.
“Por
el momento lo que hemos podido establecer es que no hay un patrón sistemático.
Son casos en las regiones, derivados de las dinámicas locales y tenemos que
reforzar la seguridad, precisamente, en esas regiones. Todo homicidio nos duele
a todos inmensamente en el Gobierno”, dijo.
Villegas
señaló que tras una reunión sostenida en el Gobierno, la Fiscalía, la Policía,
las autoridades de seguridad ciudadana y las Naciones Unidas, se acordó unir
esfuerzos para poder establecer quién, quiénes, y con qué dineros se están
cometiendo estos crímenes.
¿Quienes?
¿Quiénes
son los responsables? Esa es la gran pregunta. La Marcha Patriótica, las
organizaciones de derechos humanos, la UP, entre otros, hacen referencia a
“paramilitares” en forma genérica. Podría ser, según fuentes consultadas,
vestigios de ese grupo ilegal y las bandas criminales (bacrim) nacidas tras su
desmovilización, a las que Naciones Unidas llama posparamilitares, grupos de
estudio denominan neoparamilitares y el Gobierno Nacional, crimen organizado.
Del
listado que hace Indepaz se destaca que en el suroccidente colombiano (Valle
del Cauca, Cauca, Nariño, Huila y Caquetá) han asesinado a 33 líderes sociales
(42 % del total); de los cuales 17 fueron en el Cauca, ocho en Nariño, cinco en
el Valle, dos en Caquetá y uno en el Huila.
“La
presencia de grupos paramilitares se ha incrementado, en especial en las zonas
donde hacían presencia las Farc-EP y actualmente las amenazas contra miembros
de organizaciones sociales es permanente”, indicó Indepaz. Su director, Camilo
González Posso, indicó que se trata de un fenómeno paramilitar que combina
grandes estructuras, con bandas locales, que ejecutan homicidios selectivos,
que están tratando de copar los territorios de la guerrilla, las zonas de
cultivos ilícitos y de minería ilegal, destruyendo a su paso las bases
sociales.
“Sí
tienen un patrón de comportamiento de copar territorios y destruir bases
sociales, matando líderes”, dijo, al explicar que los grupos responsables
cambian sus nombres.
Por
eso, como responsables de estos crímenes surgen las Autodefensas Gaitanistas,
que son los mismos ‘Urabeños’, ‘Clan Úsuga’ y ‘Clan del Golfo’. También
aparecen ‘Los Tierreros’ y las bacrim de Buenaventura y ‘Las Águilas Negras’.
Según
explicó en reciente columna el director de la Comisión Colombiana de Juristas,
Gustavo Gallón, desde 2006 se puede hablar del Frente Libertadores del Sur,
expansión del paramilitarismo de la Casa Castaño en Nariño; ‘Nueva Generación’
y ‘Rocas Campesinas’, comandados por ‘Castañeda’ o ‘El Escorpión’.
Las medidas
En
la primera reunión realizada por la oleada de crímenes, el ministro del
Interior, Juan Fernando Cristo, anunció medidas. En primer lugar, que los casos
pasarán a la Unidad de Contexto de la Fiscalía General de la Nación, para que
se pueda establecer el modus operandi y si hay circunstancias parecidas en cada
uno de estos asesinatos, es decir, si hay sistematicidad.
En
segundo lugar, dijo que se fortalecerá la unidad para el desmantelamiento de
las organizaciones criminales que creó la Fiscalía en virtud del primer acuerdo
de paz y, tercero, que se trabajará en un modelo de protección para la Marcha
Patriótica, mientras se estudia cada caso en particular.
Además,
se fortalecerán las misiones de verificación del Ministerio del Interior en los
territorios, especialmente en el Cauca; mientras inicia la conformación de la
Comisión Nacional de Garantías de Seguridad que tiene el acuerdo de paz.
Igualmente
se anticipó que la Unidad Nacional de Protección revisará los esquemas de
seguridad, aunque, según el ministro Cristo, “no es multiplicando esquemas de
protección como se resuelve el problema, sino yendo detrás de quienes están
generando el clima de incertidumbre”.
Otro
anuncio fue sobre un trabajo más compenetrado entre la Fiscalía y la Marcha
Patriótica para que se entregue información sobre las regiones en donde
considera que hay más riesgo, en ese proceso ya denunciado en que los grupos
ilegales están copando los territorios que dejan las guerrillas.
Reclamantes del Caribe
Desde
comienzos de mes, reclamantes de tierras de nueve comunidades del departamento
de Magdalena denunciaron que siguen siendo víctimas de amenazas, patrullajes,
presiones, señalamientos y estigmatizaciones, que han aumentado en el
transcurso de 2016.
Así
mismo, afirman que recientemente les han ofrecido altas sumas de dinero
instándolos a firmar documentos en los que aseguran que vendieron sus tierras
voluntariamente y no bajo amenazas o presionándolos para que desistan del
proceso de restitución.
En
su comunicación, citando cifras del Banco de Datos de Derechos Humanos y
Violencia Política del CINEP/PPP, señalaron que de los 54 homicidios
relacionados con procesos de Restitución de Tierras desde el 2011, el 57,4 %
son presuntamente responsabilidad de grupos paramilitares.
“Del
mismo modo, de las 80 amenazas relacionadas con procesos de restitución de
tierras ocurridos entre los años 2011 y 2016, el 35 % (28) son presuntamente
responsabilidad de grupos paramilitares. Valga indicar que la mayoría de las
amenazas su autor es desconocido”.
Asimismo,
las amenazas y homicidios relacionados con procesos de Restitución de Tierras
entre 2011 y 2016 se han presentado en su mayoría en los departamentos:
Antioquia, Córdoba, Cesar, Sucre, Tolima, Bolívar, Atlántico, Magdalena y Meta
(gran parte en la región Caribe).
Defensores
La
Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (CCEEU), plataforma que agrupa 269
organizaciones sociales, indicaron de 30 homicidios que han tenido lugar en
fechas posteriores al inicio del cese del fuego bilateral y definitivo pactado
entre el Gobierno y las Farc.
“El
hecho de que 30 de estos homicidios se hayan perpetrado después de la firma del
Acuerdo entre el Gobierno y las Farc resulta alarmante y pone de manifiesto la
necesidad de incluir un componente de verificación en derechos humanos en la
implementación de ese Acuerdo, aspecto que no fue tomado en cuenta en la
resolución 2261 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas”, señaló.
Opiniones
En
carta al presidente Juan Manuel Santos, los eurodiputados llamaron “la atención
frente a la situación de riesgo de las comunidades rurales más afectadas por el
conflicto y los grupos más vulnerables, como niñas y mujeres, comunidades
afro-colombianas, campesinas y pueblos indígenas, para los cuales pedimos
garantías de protección”. COLPRENSA - El Colombiano.com – 27 – 11 -
2016
Comcrear Óriente: Organo de Expresión del Movimiento Cívico
“Ramón Emilio Arcila”
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