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Sentencia "Todos somos culpables del paramilitarismo":
Corte Suprema. Foto: SEMANA
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“La delincuencia no hubiese logrado sus metas, de no
haber contado con el silencio cobarde o pagado, la ayuda obligada, comprada o
producto de la simpatía, de integrantes del conglomerado social, como algunos
policías, algunos militares, algunos servidores públicos de los niveles local,
municipal, departamental o nacional, algunos jueces, algunos legisladores,
algunos comerciantes, algunos ganaderos, en fin, algunos ciudadanos”.
En la sentencia contra Salvatore Mancuso, el Alto
Tribunal asegura que hubo más patrocinadores de las AUC de lo esperado. Pide un
acto de contrición de la sociedad.
Las
sentencias de la Corte Suprema en casos penales suelen ser textos jurídicos
llenos exclusivamente de pruebas y evidencias. Sin embargo, en el caso de
Salvatore Mancuso el Alto Tribunal fue mucho más allá. En un extenso documento
los magistrados no solo retrataron la situación del extraditado paramilitar,
sino que se lanzaron a hacer una profunda reflexión sobre la responsabilidad de
todos los colombianos en la guerra.
El
“regaño” está contenido en la segunda sentencia contra el jefe paramilitar
Salvatore Mancuso, extraditado a los Estados Unidos. “Jamás aplicamos eso que a
veces resulta más efectivo que la sanción penal: el control social, dado que
antes que rechazar al agresor o a quien lo auxiliaba, permitimos que hicieran
vida social, sin reprocharles, sin excluirlos, sin señalarlos”, dijo la Corte
Suprema de Justicia en su controversial llamado de atención a los colombianos.
En
el documento, de 506 páginas, que fue publicado en la tarde del jueves, el alto
tribunal asegura que “todos somos culpables” del paramilitarismo ya que por
miedo, por complacencia, por intereses de integrantes de la sociedad civil, la
violencia logró hacer estragos en todo el país. “Va siendo hora de que, en aras
de lograr una catarsis, un olvidar, un comenzar de ceros, todos hagamos un
verdadero acto de contrición”, dice la sentencia, que contó con una aprobación
unánime del alto tribunal.
La
Corte, al reconstruir el fenómeno del paramilitarismo, asegura que integrantes
de la sociedad civil cohonestaron y patrocinaron la acción violenta y
sangrienta de los paramilitares y que estos resultan ser más de los esperados.
El Alto Tribunal, sin embargo, asegura que esto no fue una política de Estado y
pide que sean investigados, juzgados y sancionados por la justicia ordinaria.
“La delincuencia no hubiese logrado sus metas, de no
haber contado con el silencio cobarde o pagado, la ayuda obligada, comprada o
producto de la simpatía, de integrantes del conglomerado social, como algunos
policías, algunos militares, algunos servidores públicos de los niveles local,
municipal, departamental o nacional, algunos jueces, algunos legisladores,
algunos comerciantes, algunos ganaderos, en fin, algunos ciudadanos”.
La
ponencia es del magistrado José Luis Barceló y es la segunda que se emite en
contra del extraditado jefe paramilitar. El fallo también cobija con penas
alternativas hasta de ocho años a los excomandantes paramilitares Jorge Iván
Laverde Zapata, alias ‘El Iguano”; Úber Banquez, alias “Juancho Dique” y Édgar
Fierro Flórez, alias “Don Antonio” y a otros ocho postulados a la Ley de
Justicia y Paz.
La
sentencia cobija a 1.426 víctimas: 175 de casos de violencia basada en género;
609 casos de desaparición forzada; 405 casos de desplazamiento forzado; 149 de
reclutamiento ilícito y 87 casos de homicidio. En total fueron más de 5.175
conductas punibles.
La
Corte hace también un llamado a la Fiscalía por errores y por la falta de
profundización en la investigación. “En aras de la celeridad, se sacrificó
elementos más importantes como la verdad que las víctimas y la sociedad
esperan”, sostiene.
El
Alto Tribunal excluyó 14 personas del proceso; ordenó la nulidad parcial en los
casos de 43 víctimas, hasta el incidente de reparación, y en otros 78 casos
ordenó modificar los cargos.
El
alto tribunal también ordena a la Unidad de Víctimas que se paguen
indemnizaciones judiciales sin tener como tope los 20 millones de pesos por
víctima que ordena la Ley de Víctimas. La reparación la deberá pagar el bloque
paramilitar y subsidiariamente al Estado.
Puede
leer: Instalada la más grande audiencia en la historia judicial del país.
Para
los abogados de las víctimas y de los postulados, esta sentencia marca el
comienzo de la aplicación de la estrategia de priorización, ya que la Corte
deja en firme los patrones de macrocriminalidad, que permitirá que de ahora en
adelante los postulados, previa confesión del hecho con circunstancias de
tiempo, modo y lugar, se puedan acoger a sentencia anticipada. Por: Semana.com – 03 – 11 – 2016
Comcrear Óriente: Organo de Expresión del Movimiento Cívico
“Ramón Emilio Arcila”
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