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Milton Romani dirigió
la Junta Nacional de Drogas
de Uruguay. / Confedrogas
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El
uruguayo es considerado un referente mundial como gestor de las políticas que
legalizaron el mercado de la marihuana en Uruguay.
Milton
Romani, un uruguayo que fue homenajeado en la VI Conferencia Latinoamericana
sobre Política de Drogas por sus más de 50 años como defensor de derechos
humanos y por ser el precursor en la implementación de políticas públicas para
controlar el consumo de drogas, habló con El Espectador sobre cómo Uruguay
logró romper mitos y legalizar la comercialización y el uso del cannabis o
marihuana. Según Romani, si bien se necesitan consensos colectivos para
afrontar este tipo de problemáticas sociales, los derechos humanos no se pueden
plebiscitar, porque no pueden estar sujetos a una elección que haga una mayoría
accidental. Para él, lo que sucedió en Colombia hace una semana es un claro
ejemplo.
Romani,
psicólogo de profesión, exsecretario general de la Junta Nacional de Drogas de
Uruguay en los gobiernos de Tabaré Vásquez y José Mujica, y exembajador de su
país ante la OEA, sostiene que Colombia, Uruguay, México y Guatemala están
liderando la transformación de la estrategia para afrontar el problema de las drogas,
con el objetivo de obtener mejores resultados en la lucha contra el crimen
organizado y en el tratamiento de consumidores.
·
¿Por
qué Uruguay logró abrir el debate del consumo de drogas a la ciudadanía?
Hay
algunas claves. En primer lugar, el gobierno del Frente Amplio Nacional —el
primer gobierno de izquierda— se propuso realizar una política integral de
drogas, en la que se abarcaran las diversas dimensiones. En materia de
regulación reglamentamos la atención sanitaria a los usuarios de drogas. Existía
desde el punto de vista público, con comunidades terapéuticas, hechiceros y
religiosos, pero no había regulación del Estado.
·
¿En
qué consistió esa regulación?
Regulamos
algo que había puesto a Uruguay en la década de los noventa en un caos
financiero total. Se trataba de las sociedades anónimas de inversión, más
populares ahora por los Panama Papers. A través de estas sociedades se lavaba
mucho dinero del narcotráfico en Uruguay. Hubo operaciones importantes en el
año 95. Por eso el foco se puso en la regulación de los mercados, porque si se
dejaban libres de regulación, se nos hubieran venido varios huracanes.
·
¿Cómo
se llega a la legalización del consumo de marihuana?
En
Uruguay, además de una ley que se promulgó en el año 74, durante la dictadura,
nunca se penalizó la tenencia de una dosis razonable para consumo personal de
ningún tipo de drogas. Esta descriminalización que existió en Uruguay nunca le
dio un dolor de cabeza por asuntos de consumo y crimen organizado. Eso creó las
condiciones. Finalmente, Uruguay tiene una tradición política diferente a la
región. El siglo pasado el país libró una lucha importante entre republicanismo
e ideas conservadoras que permitió separar la Iglesia y el Estado, el voto
femenino en 1916, legalizar la prostitución y el juego clandestino. Es decir,
es una tradición liberal que hoy se expresa en la tenencia y el consumo
personal de drogas, y que abrió la posibilidad de que se construyera una
política integral y que regulara el acceso legal al cannabis.
·
La
regulación del mercado abonó el camino a la legalización, pero ¿cómo se
combatió el narcotráfico?
Cuando
regulamos el mercado financiero, a la vez creamos la Unidad de Inteligencia
Financiera, la Secretaría Antilavado y los juzgados y fiscalías especializadas
en crimen organizado. Desmontamos la posibilidad de que se instalaran varias
organizaciones que veían en Uruguay un paraíso fiscal y un país relativamente
tranquilo en el que no había sicarios. Eso lo impedimos. Uno de los objetivos
de la regulación del cannabis es quitarle el negocio al narcotráfico. En
definitiva, hay una pregunta que se puede hacer toda Latinoamérica: ¿vamos a
permitir que el negocio de las drogas siga siendo prerrogativa de un mercado
capitalista salvaje del narcotráfico y apenas regulado por las agencias de
represión, o lo vamos a colocar bajo el control del Estado o la empresa privada
regulada?
·
Si
entiendo bien, ¿sería una balanza entre la regulación y el mercado y la defensa
del derecho de cada persona a consumir drogas?
Totalmente.
A nivel internacional, Uruguay no ha salido con la bandera de la regulación del
cannabis, pero tampoco la ocultamos. Nos tomamos la libertad soberana de
legislar, en el marco de las convenciones y otros organismos internacionales
significativos. El documento Ungass 2016 nos ha dado la razón. La bandera de
Uruguay, junto a Colombia, México, Guatemala y otros países, es la debida
integración de los instrumentos de derechos humanos con las políticas de
drogas.
·
Hablaba
de que Uruguay tiene una tradición liberal, pero países como Colombia siguen
siendo conservadores en una gran proporción del territorio. ¿Cómo se explica
que haya logrado tener avances significativos en la política de la lucha contra
las drogas?
Tampoco
te voy a mentir que en Uruguay hay bolsones conservadores que nos han hecho
mucha resistencia. Pero a medida que avanzamos se institucionaliza y se pierde
el miedo. En Uruguay hemos tenido un fuerte debate por la ley de interrupción
voluntaria del embarazo y menos con la ley del matrimonio igualitario y derecho
de adopción. La legitimización social que comienza a existir frente a estos
hechos es porque se transforma en un hecho de ciudadanía.
·
¿Cómo
lograr la legitimización social?
Hay
un papel insustituible de la sociedad civil y las organizaciones de derechos
humanos. Hay una voluntad política que debe estar sustentada en partidos
políticos fuertes que se atrevan a discutir estos temas. Tenemos que rescatar
la política como un mecanismo de vínculo de una sociedad.
·
¿Por
qué estas luchas en temas de derechos humanos se dan de forma individual, en un
principio —por ejemplo, en Colombia a través de tutelas ante la Corte
Constitucional—, y no a partir de un consenso social a través de una votación?
Es
verdad, pero los consensos generalizados también son importantes. Por ejemplo,
en Uruguay la ley se discutió en el Parlamento y se votó por mayoría, con el
apoyo pasivo de cinco diputados de la oposición, pero la opinión pública sigue
pensando que la marihuana es el diablo en la tierra. Tenemos otros ejemplos,
como someter a plebiscito la ley de caducidad de la pretensión punitiva del
Estado —así llamamos a la ley de impunidad para los torturadores militares de
la dictadura—, y lo perdimos dos veces. Aprendimos que los derechos humanos no
se plebiscitan. Las luchas se ganan en batallas jurídicas, humanitarias y hay
consensos que son superiores. La declaración de los derechos humanos es un
consenso que para romperlo hace falta más que un plebiscito.
·
Y
en el caso de Colombia, según esta afirmación, ¿se debía plebiscitar los
acuerdos de paz en Colombia?
En
mi humilde opinión, y con la humilde experiencia que hemos tenido en Uruguay,
yo debería decir que la paz es un bien supremo y público, que no puede ser sometido
a mayorías accidentales que pueden cambiar. Los plebiscitos y las elecciones
son para cambiar gobiernos, pero los derechos fundamentales no pueden estar
sometidos. El derecho a la vida es inherente a los seres humanos y no puede
estar sometido a la voluntad de un plebiscito.
·
Si
bien en Colombia ya se hizo el plebiscito y demostró que, a pesar de la
abstención, el país estaba dividido, ¿considera que el resultado es un
retroceso o una posibilidad de avanzar en la construcción de paz?
Siempre
es un camino para la paz. A pesar de lo que pasó, toca seguir insistiendo. Creo
que ha sido un paso, que puede ser un traspié, pero que toca seguir adelante
luchando por la paz. Tengo la confianza como hermano latinoamericano en que los
colombianos van a encontrar la paz. Es una opinión y un resultado sobre una
base de acuerdos ya existente, por lo que sigue siendo un proyecto muy bueno.
·
¿Por
qué el individuo es ahora el eje de las políticas de drogas y no el crimen
organizado?
La
guerra contra las drogas, que ha sido un modelo impuesto desde el gobierno
Nixon en Estados Unidos, se convirtió en un mecanismo geopolítico de
instalación de EE. UU. en todo el territorio. Ahora su política cambió, pero
hace unos años le sirvió para expandir su dominio y tuvo a Colombia como una
base importante. Eso no es una novedad. Por lo tanto, como dice Kofi Annan, la
guerra contra las drogas ha sido una guerra contra las personas. Hemos perdido
más gente en esta guerra que las pérdidas humanas por las secuelas de las
mismas drogas. Resituar al ser humano en el centro de los humanos es necesario.
·
¿El
Plan Colombia es una experiencia aprendida en la lucha contra las drogas?
Creo
que sí, y Colombia, bajo el mandato del presidente Juan Manuel Santos, ha
tenido un liderazgo muy importante, junto a México y Guatemala. A tal punto que
pidieron una sesión especial en las Naciones Unidas para replantear la política
de lucha contra las drogas. Siempre me quedó presente la imagen que planteó
Santos para explicar el tema: que es como una bicicleta fija, en la que siempre
pedaleamos, pero seguimos en el mismo lugar.
·
¿Qué
papel juegan las grandes potencias en el debate?
Aquí
hay una responsabilidad compartida de forma desigual, porque resulta que hay
una vía de sur a norte en la que sube la cocaína, pero de norte a sur bajan las
armas de fuego que se consiguen en un mercado norteamericano no regulado y
libre. El crimen organizado no sólo son las drogas, sino las armas, la trata de
personas y el “luckyvenga”, es decir, cualquier cosa que dé negocio. - Por:
Santiago Martínez Hernández – El Espectador.com – 10 – 10 – 2016 - Twitter:
@santsmartinez
Comcrear Óriente: Organo de Expresión del Movimiento Cívico
“Ramón Emilio Arcila”
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