Cuando recién inicia la búsqueda de desaparecidos en La
Escombrera, de la Comuna 13, cobra relevancia esta impresionante imagen captada
por el fotógrafo Jesús Abad Colorado.
Un
hombre alto, vestido de camuflado pero sin distintivos militares, señala con su
mano derecha hacia una casa. El brazo levantando a media asta significa, en el
contexto de la fotografía, una sentencia inapelable. Con el gesto delator el personaje le indica a los soldados que lo
rodean, a plena luz del día, que “ahí es, que ahí están”.
La
escena no tendría nada de extraña si no fuera porque ese mismo hombre, detrás
del cual hay un puñado de soldados de las Fuerzas Antiterroristas Urbanas,
lleva la cara cubierta con una capucha. Los verdaderos uniformados cargan
chalecos antibalas, fusiles, cascos, prensillas, insignias. El encubierto, en
cambio, exhibe un arma no menos peligrosa: el dedo que apunta.
La
fotografía fue tomada por el reportero gráfico Jesús Abad Colorado entre el 16
y el 19 de octubre del año 2002, mientras transcurría Orión, la más grande
operación militar urbana que haya tenido lugar en Colombia, según un informe
del grupo de Memoria Histórica, de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación,
publicado en el 2011.
Penetrar
a la Comuna 13, significaba para las autoridades retomar el control de un
territorio en el que operaban, camufladas entre civiles, las milicias urbanas
de las FARC, el ELN y los CAP (Comandos Armados del Pueblo). Durante los
primeros tres días de operativos los habitantes de la Comuna 13 de Medellín no
pudieron ir a otras partes de la ciudad, recuerda Adriana Arboleda, directora
de la Corporación Jurídica Libertad, ONG que defiende y asesora a víctimas de
desaparecidos. Nadie podía entrar o salir de los barrios Belencito Corazón, 20
de Julio, El Salado, Nuevos Conquistadores y Las Independencias II.
Helicópteros
artillados y un despliegue de 1.500 efectivos, entre Ejército, DAS, Policía,
CTI, Fiscalía y las Fuerzas Especiales Antiterroristas, escudriñaron durante
cinco días palmo a palmo las empinadas callecitas de la comuna. Para las
autoridades civiles y militares, Orión fue el triunfo de la institucionalidad
sobre la delincuencia. Así lo dijo el alcalde de ese entonces, Luis Pérez
Gutiérrez. Orión se ejecutó en el marco de la política de seguridad democrática
del presidente Álvaro Uribe Vélez, quien lideró y brindó el apoyo necesario
para que las el Estado operara articuladamente.
Las
cifras respaldaban el optimismo. De acuerdo a datos del CINEP, durante la
avanzada, la Fuerza Pública realizo´ 150 allanamientos y capturo´ a 355
personas, de las cuales 82 terminaron sindicadas. Pero la operación arrojó
también otros números que empañaron la eficiencia y la transparencia de las
autoridades. El Instituto Popular de Capacitación (IPC) habla de un civil
muerto, 38 civiles heridos y ocho más desaparecidos.
Un
mal síntoma de los resultados fue que la Fiscalía ordenó luego la libertad de
88 de los judicializados. Para comienzos de 2007, solo dos de los capturados
habían sido condenados. Lo más preocupante, dice Diego Herrera, director del
IPC, es que a partir de Orión comenzaron a afincarse en el territorio los
hombres del Bloque Cacique Nutibara, de las Autodefensas Unidas de Colombia
(Auc). “Orión permitió sacar a un grupo armado (la guerrilla), para darle
entrada a otro, que terminó controlando lo que pasaba en la Comuna 13. Esta fue
la puerta de entrada a la hegemonía paramilitar que se vivió después en todo
Medellín”.
Eso
también lo dice el informe de Memoria Histórica: “Orión no implicó el fin del conflicto armado
ni del poder ejercido por actores ilegales en la Comuna 13. Los espacios
dejados por la guerrilla fueron copados por el Bloque Cacique Nutibara, que
continuó incurriendo en acciones violatorias de los Derechos Humanos hasta el
momento de su desmovilización en diciembre de 2003”. Prueba de ello es que el
día en que dicho Bloque entregó oficialmente las armas, se vieron salir de la
Comuna 13 buses llenos de muchachos rumbo a desmovilizarse. Una vez pasaron los
actos protocolarios, en los mismos vehículos retornaron a los barrios.
Un
dato revelador es que entre 2002 y 2003 se registraron en Medellín 92
desapariciones forzadas. Y si se amplía aún más el rango de tiempo, las
personas que los paramilitares se llevaron de la Comuna 13 y que nunca
volvieron a sus casas pueden llegar a 300, según lo documentó en un auto la
Sala de Justicia y Paz, del Tribunal Superior de Medellín. Pero pueden ser más,
o pueden ser menos. Ese es el incierto rompecabezas que ahora la Fiscalía
intenta armar en La Escombrera, la enorme montaña de basura donde los paramilitares
escondieron los cadáveres de quienes se llevaron a la fuerza, tal como lo
indican varios testimonios de desmovilizados.
La
foto de Jesús Abad Colorado, así como el registro que durante Orión hicieran
varios reporteros gráficos de El Colombiano, entre ellos Henry Agudelo, no son hoy simples anécdotas.
Que un encapuchado aparezca patrullando la Comuna 13 junto con la Fuerza
Pública, coincide con la versión que ante la instancia de Justicia y Paz rindió
el excomandante paramilitar Diego Murillo Bejarano, alias Berna.
“El
Cacique Nutibara hizo inteligencia, logró la ubicación de guerrilleros, se
infiltró dentro de la población civil y todos estos datos se le adjudicaron a
las Fuerzas Militares (…) Varios de nuestros hombres fueron allá, muchos de
ellos iban encapuchados, se identificó a varias personas, algunas fueron dadas
de baja, otros fueron capturados y después desaparecidos”, dijo el 28 de
noviembre de 2008.
La
posible complicidad entre la Fuerza Pública y actores armados ilegales nunca
fue investigada por la Procuraduría General de la Nación. Tampoco
judicializada. Solo varios años después y gracias a una Acción de Tutela y al
aporte de pruebas y testimonios, la Corporación Jurídica Libertad logró que la
Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia abriera una investigación
preliminar en contra de los generales Mario Montoya, comandante de la IV
Brigada del Ejército durante la ocurrencia de los hechos, y del general en
retiro Leonardo Gallego, comandante de la Policía Metropolitana. Hasta el momento,
no obstante, nadie ha asumido la responsabilidad política de lo que sucedió en
Orión.
Una
persona que conoce los hechos de la operación como testigo, pero que ahora teme
ser identificada, le dijo a Semana.com: “Mucho antes de la operación, los milicianos
de la guerrilla también cometieron atropellos graves en contra la población
civil. Sin van a buscar restos en la montaña van a encontrar víctimas de lado y
lado. Lo que uno no puede entender es que el Estado se equipare con el
delincuente. Es mucho más cuestionable y más grave, que la autoridad participe
de un delito”, dice.
Taparse
el rostro durante un operativo, deshacerse de los distintivos militares detrás
del anonimato, no ha sido la manera en que las Fuerzas Militares han
desempeñado su papel durante más de 50 años de conflicto. Es por eso que la
foto de Jesús Abad Colorado lleva implícito un atributo que trasciende el
testimonio gráfico. Más que un registro, la imagen lleva el peso de una prueba
sumarial.- Semana.com - Nación - 18 - 08 - 2015
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La Responsabilidad de Álvaro Uribe y del General Mario
Montoya en el Caso de los Muertos que están Desenterrando en La Escombrera
Muchos
de los cadáveres fueron asesinatos producto de la Operación Orión que dirigió
el general Mario Montoya, quien, por órdenes del entonces presidente Uribe,
realizó una cruenta retoma de la Comuna 13.
El
29 de mayo de 2002, con el pretexto de pacificar la comuna 13 de Medellín, una
primera operación militar –la Operación Mariscal- reunió 900 hombres de la
fuerza pública y se saldó con la muerte de nueve civiles (entre ellos cuatro
niños), 37 heridos y 50 detenciones arbitrarias.
La
intrusión, sin embargo, sólo duró unas horas: la población salió con banderas
blancas y al mismo tiempo la presencia de la prensa y de organizaciones de
defensa de los derechos humanos ejercieron tal presión que el ejército tuvo que
detener su intervención.
Una
de las primeras órdenes que dio Álvaro Uribe como presidente, fue «retomar» la
Comuna 13 –una forma de inaugurar su dura política de «seguridad democrática»-.
Tras una breve operación «Antorcha» (el 15 de agosto), la operación «Orión»
lanzó sobre el barrio, el 16 de octubre, cinco batallones de la IV Brigada, el
Grupo de Fuerzas Especiales Urbanas (FUDRA), el batallón contraguerrillero del
ejército, efectivos de la policía metropolitana y de la policía de Antioquia,
con el apoyo del Departamento Administrativo de Seguridad (la policía política,
DAS). Más de 3.000 hombres lanzados en una operación de guerra total contra la
población.
En
efecto, aunque en las primeras horas las milicias combatieron, la envergadura de la ofensiva las obligó a
replegarse. Eso no impidió que los helicópteros continuasen acribillando los
tejados de las casas, las tanquetas
siguieron disparando de forma indiscriminada empujando a las calles una
avalancha de habitantes desesperados. Durante cinco días de «pacificación», vestidos
de camuflaje, la cara cubierta con pasamontañas negros, los «informadores»
-entre ellos un tal Carlos Pesebre que lo confesaría- guiaron a los agentes de
la fuerza pública que registraron las casas. Al final de los registros, que se
llevaron a cabo sin órdenes judiciales, se contaron 355 detenciones arbitrarias
a las que se añadieron, según el balance oficial, 39 civiles heridos, siete
desaparecidos y tres policías muertos.
La
primera fase de la operación duró hasta el 20 de octubre. La Comuna estaba
completamente aislada. Nadie tenía autorización para salir o entrar, únicamente
la versión de la fuerza pública se filtró a los medios, «se trata de una
operación militar legítima que, al perseguir a los grupos ilegales, ha devuelto
la paz a la Comuna».
Una
segunda fase podía comenzar: en la Comuna 13 sólo permanecían los efectivos del
ejército, de la policía y los paramilitares del «Bloque Cacique Nutibara» que
ocupaban totalmente el territorio, lo que no habían podido hacer hasta ese
momento. Desde entonces en esa zona, presentada como un «laboratorio de paz»,
era raro no encontrar cadáveres en las
calles. Así fue, recurriendo a la práctica de las desapariciones forzosas, como
los paracos establecieron su control social en la Comuna hasta finales de 2003.
«Denunciamos eso desde el principio», recuerda la abogada Adriana Arboleda,
miembro de la Corporación Jurídica Libertad, «nadie nos creía, nadie nos
escuchó. Nos acusaban de ser el brazo jurídico de la guerrilla».
Doce años después
sabemos un poco más sobre lo que deberíamos llamar un crimen de Estado. Los
supervivientes, los familiares de las víctimas e incluso los exparamilitares
han afirmado que muchos desaparecidos fueron enterrados en un lugar llamado «La
Escombrera». Un
vertedero 50% público y 50% privado que se extiende por 15 hectáreas en la zona
alta de la Comuna 13, en el límite del barrio El Salao y con el municipio San
Cristóbal. «Como Corporación Jurídica», continúa Adriana Arboleda, «hemos
registrado 92 desapariciones. Nunca hubo tantas en una zona urbana en tan poco
tiempo. Pero la cifra real es mucho más espantosa…»
En
diciembre de 2002, dos meses después de la operación «Orión», por iniciativa
del Presidente Uribe se firmó el pacto de Ralito, primera etapa de la vuelta a
la vida civil de los paramilitares que culminaría en julio de 2005 con la
controvertida Ley Justicia y Paz que les garantizaba una impunidad casi total.
El primer grupo desmovilizado, el 25 de noviembre de 2003, incluso antes de la
aprobación de la ley, fue precisamente el «Bloque Cacique Nutibara» en cabeza
de Don Berna. .
Convertido
en la época en el principal narcotraficante de la capital antioqueña, donde
controlaba también otras actividades delictivas como secuestros y extorsiones,
«Don Berna» fue extraditado en 2008 a Estados Unidos por narcotráfico. Allí afirmó
que los cadáveres de 300 víctimas, repartidos en un centenar de fosas comunes,
se hallaban en «La Escombrera». También precisó que la operación «Orión» fue
planificada y coordinada conjuntamente por los paramilitares y los miembros de
la IV Brigada que mandaba entonces el general Mario Montoya –nombrado después
comandante en jefe del ejército colombiano por Uribe-. El general Montoya
dimitió en noviembre de 2008, cuando estalló el escándalo de los «falsos
positivos».
Desde
2010 todo sigue igual. Escandalizadas por semejante inmovilidad, las víctimas y
las ONG exigen imperiosamente el cierre inmediato de «La Escombrera». En ese
vertedero de basura, de un espesor de 70 metros, todos los días se vierten más
desechos, entre ellos numerosos productos químicos que pueden modificar los
resultados de las potenciales investigaciones futuras cuya posibilidad se aleja
cada día un poco más…
En
2005 los paramilitares abandonaron la Comuna 13 en sus vehículos para
desmovilizarse. Unos días después volvieron en los mismos vehículos, vestidos
de civiles, para seguir controlando el barrio. Toda la ciudad ha vivido el
mismo fenómeno –lo mismo que numerosas regiones del país donde ya actúan, con
los mismos modos operativos que en el pasado, las «bandas criminales emergentes»
(BACRIM)-. En el corazón de Medellín, en las calles peatonales, centros
comerciales y espacios públicos, pululan guardias uniformados de compañías
privadas de seguridad: la mayoría son paramilitares «reinsertados».
Cuando
se extraditó a «Don Berna», en 2008, las compañías de transporte de algunos
barrios organizaron un paro laboral inmovilizando sus autobuses –con el
beneplácito de la alcaldía-. Y las violaciones de los derechos humanos
continúan, «Ciertamente se puede observar que hubo una disminución de las
agresiones entre 2004 y 2006: los paras querían legitimarse, demostrar que
hacían bajar los índices de criminalidad», que volvieron a dispararse a partir
de 2009. En parte también porque los lobos se devoran entre ellos.
Con
«Don Berna» fuera del circuito su estructura mafiosa, la Oficina de Envigado,
surgida en su origen de la red de sicarios creada por Pablo Escobar en la
década de 1980, se disparó. Algunos miembros formaron un grupo nuevo llamados
los Paisas. Desde 2011, otra banda, los Urabeños, les disputan los barrios
ofreciendo a cada jefe de pandilla, para comprar su lealtad, 35 millones de
pesos y un arsenal raramente inferior a seis fusiles de asalto. El jefe de los
Urabeños, Carlos Pesebre, uno de los principales informadores del ejército en
la operación «Orión» tenía varios combos, o bandas criminales, antes de caer
preso en el 2013.
Aunque
las dinámicas de esas estructuras paramilitares no son las mismas de hace doce
años, una constante permanece: siguen amenazando abiertamente a las organizaciones
comunitarias o culturales, a los comités de acción comunal, a los militantes y
dirigentes sociales. ¿Con total impunidad? Quizá total no. Los combos han
conseguido tanto poder que no respetan a la fuerza pública y no dudan en
asesinar policías. En cambio el 8 de agosto de 2012 capturaron a Erickson
Vargas Cardona, alias «Sebastián», último jefe conocido de la Oficina de
Envigado. Es obvio que no se persigue a esos paramilitares como a los grupos
guerrilleros. «Y hay que señalar que detrás de esos actores criminales están
personas que tienen tanto poder –empresarios, políticos u hombres de negocios-
que a pesar de las detenciones las estructuras no se desestabilizan».
En
Medellín, en la Comuna 13, la situación aún es crítica. Lejos está de poder
hablarse de la “pacificación” que el general Montoya le vendió al país y al
presidente Uribe como un resultado
victorioso. Doce años después es de público conocimiento que en pleno centro de
Medellin la operación Orión no fue nada distinto a una alianza entre fuerza pública y los paramilitares de don
Berna, con acuerdo ilegal que puede terminar mandando a la cárcel al otrora
exitoso general Mario Montoya. - Las 2 Orillas, 30 – 07 - 2015 Bogotá.
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