Por primera vez Enrique Santiago, el principal asesor
jurídico de las FARC, revela qué acepta y qué no acepta esa guerrilla en
materia de justicia. Sus palabras causan polémica.
A
Enrique Santiago se le conoce en España de dos maneras. Una como dirigente
político del Partido Comunista y de Izquierda Unida, y otra como abogado del
pueblo en causas tan sonadas como el caso Bárcenas, y en litigios de derechos
humanos, algunos de ellos al lado de Baltasar Garzón. Desde hace un año se
convirtió en el asesor jurídico de las FARC para la Mesa de Conversaciones de
La Habana, por invitación y auspicio del gobierno noruego. Actualmente hace
parte de la subcomisión jurídica, junto al reconocido político conservador
Álvaro Leyva y al abogado defensor de derechos humanos Diego Martínez. Su
visión de la justicia transicional y los dilemas que se tratan de resolver en
Cuba permite ver qué tanto castigo está dispuesta a aceptar la guerrilla, y
cuáles fórmulas de acuerdo hay en discusión.
SEMANA:
¿Entienden las FARC que hoy los procesos de paz requieren una dosis de
justicia?
Enrique
Santiago: Las FARC entienden perfectamente el derecho internacional. Prueba de
ello es que se han aprobado medidas concretas como la Comisión de Verdad, con
estándares muy altos.
SEMANA:
¿Aceptan que podrían ir a un tribunal?
E.S.:
Si este proceso de paz se plantea como el escenario para juzgar a una de las
partes, por supuesto que lo van a rechazar. Esa no es una alternativa porque
esto no es una derrota ni una rendición.
SEMANA:
Habrá alguna dosis de impunidad…
E.S.:
En Colombia hay impunidad pero no son las FARC las que han disfrutado de ella.
Ese es un gran equívoco. Según el informe preliminar de la Corte Penal
Internacional, el Estado colombiano ha perseguido a las guerrillas. Son miles
de guerrilleros condenados, miles de encarcelados, miles de abatidos.
SEMANA:
¿Entonces dónde está la impunidad? ¿En las Fuerzas Armadas?
E.S.:
Tampoco. En casos como los falsos positivos se está avanzando, hay multitud de
militares detenidos, por supuesto más tropa que altos oficiales pero no hay
absoluta impunidad. Los grandes nichos de impunidad están en los instigadores
del paramilitarismo, por un lado, y los grupos políticos que están detrás de
las actuaciones del Estado, por el otro.
SEMANA:
Explíquese.
E.S.:
¿Dónde acaba la cadena de mando del Estado en una dictadura? A lo mejor en el
Estado Mayor de las Fuerzas Armadas. Pero en una democracia acaba en el palacio
presidencial y en el consejo de ministros, y eso está plenamente establecido
por la jurisprudencia internacional.
SEMANA:
¿Es decir que las FARC quieren que ministros y presidentes se sienten en el
banquillo?
E.S.:
Desde el punto de vista jurídico, los máximos responsables de los crímenes
cometidos durante el conflicto no son únicamente quienes han empuñado las
armas. Está claro quiénes son los máximos responsables de la insurgencia. Pero
¿quiénes son los máximos responsables del Estado? Para la justicia
internacional no hay inmunidad de ningún cargo político.
SEMANA:
¿Quién establece quiénes son estos máximos responsables?
E.S.:
Lo tenía que haber establecido la Fiscalía. Pero no lo ha hecho. ¿Cómo es
posible que haya solo una sentencia, una, sobre financiación del
paramilitarismo? En un país donde ganaderos, gremios y empresarios han
instigado, organizado, financiado el paramilitarismo para cometer crímenes de
lesa humanidad.
SEMANA:
¿La Fiscalía no ha hecho su parte?
E.S.:
La Fiscalía creó una unidad de contexto sobre los delitos de las FARC y tiene
documentados más de 50.000 crímenes y hay 800 funcionarios trabajando en eso.
Pero la propia Fiscalía reconoce que no hay una unidad de contexto para los
casos de crímenes de Estado ni del paramilitarismo. ¿No es eso un trabajo
unidireccional?
SEMANA:
Bueno, pero ha habido todo un proceso de Justicia y Paz…
E.S.:
Del que apenas hay 33 sentencias a pesar de que hubo 37.000 desmovilizados. Y
esas sentencias afectan exclusivamente a combatientes. Eso es un engaño.
SEMANA:
¿Aspiran las FARC a una amnistía?
E.S.:
Las FARC no están pidiendo una amnistía general, pero sí una amnistía amplia
para los delitos políticos y conexos, que se definirán en su momento. Ahora,
todos en La Habana son muy conscientes de que los crímenes internacionales no
están cubiertos por ninguna amnistía. Y que se necesita un mecanismo
extrajudicial que garantice la verdad sobre estos hechos, y que se impongan
sanciones con contenido reparador y restaurador. Eso tiene efecto de cosa
juzgada en cualquier sistema jurídico.
SEMANA:
¿Para esos delitos fue que se creó el Marco Jurídico para la Paz?
E.S.:
Creo que las FARC nunca aceptarán ese marco porque a pesar de que fue pensado
con buena intención tiene dos problemas: el primero es que lo creó de manera
unilateral una de la partes, sin contar con la otra. Y el segundo, más grave,
es que inhabilita para participar en política a quienes resulten condenados por
crímenes de lesa humanidad o de graves de guerra. Cuando los miembros de una
organización como las FARC han pasado 50 años en armas y deciden abandonarlas,
lo único que no se les puede prohibir es que participen en política. Eso no
tiene ningún sentido ni está contemplado en el derecho internacional.
SEMANA:
Y eso afecta directamente al secretariado de las FARC…
E.S.:
Póngase en los zapatos de los nueve comandantes guerrilleros si quedan
excluidos de la participación en política. Eso es una mala estrategia, un
error, y un obstáculo muy serio que el Estado tendrá que resolver.
SEMANA:
¿Cuál sería entonces el modelo de justicia en versión de las FARC?
E.S.:
La insurgencia entiende que el Estado debe cumplir con su obligación de
investigar y esclarecer; de perseguir y sancionar. El asunto es que hay muchas
formas de cumplir con estas obligaciones. La Constitución colombiana establece
en su artículo 66 transitorio un instrumento extrajudicial de investigación y
sanción. En derecho, cuando la sanción se cumple, se extingue la
responsabilidad penal.
SEMANA:
¿Cómo sería ese mecanismo extrajudicial?
E.S.:
Hay que diseñarlo. Pero puede ser una sala dentro de la Comisión de la Verdad,
o por fuera de ella, donde a cambio de una verdad completa, exhaustiva y
detallada se acuerden sanciones que reparen y restituyan a las víctimas. Y
habrá que crear un tribunal de cierre que ratifique las sanciones que se
impongan desde esta instancia extrajudicial. Este tribunal también tendrá que
juzgar a quienes no quieran ofrecer verdad completa y exhaustiva, e imponerles
las penas que el sistema ordinario establezca.
SEMANA:
¿Qué tipo de penas tendrían entonces los máximos responsables?
E.S.:
Penas alternativas para quienes estén dispuestos a dar verdad, no dar
repetición y a reparar.
SEMANA:
Pero la fiscal de la Corte Penal Internacional dijo que algo de privación de la
libertad debe haber…
E.S.:
Si el Estado cumple su obligación de justicia, no hay ninguna norma en el
derecho penal internacional que diga que deba haber privación de la libertad.
Creer que la única sanción que equilibra el daño causado es la cárcel, es un
concepto medieval.
SEMANA:
El presidente, el procurador, los ministros y hasta el fiscal coinciden con la
idea de que haya algo de privación de la libertad…
E.S.:
Si alguna autoridad del país cree que debe haber pena de prisión, me imagino
que lo estará pensando para todo el mundo y no solo para las FARC. Por tanto
tendrán que dirigirse a aquellos a los que la justicia no ha perseguido.
SEMANA:
En la Colombia de hoy no es viable que un presidente termine en un tribunal
junto a las FARC.
E.S.:
Esa ya es una consideración política y lo mío es lo jurídico, y en ese terreno
está claro que la cúspide de la cadena de mando alcanza a ministros,
presidentes y a toda la cadena política.
SEMANA:
¿Lo que quieren las FARC es un trato simétrico con el Estado?
E.S.:
Las FARC no buscan una simetría absoluta. No están diciendo que si Timochenko
va a la cárcel, Santos vaya también. Están diciendo que si los máximos
responsables de la guerrilla van a la cárcel, los del Estado también deben ir.
Buscan más equilibrio y equidad en la resolución del conflicto. Porque la
insurgencia no es la más responsable de los crímenes de este país, ni de lejos.
SEMANA:
¿Tendremos acuerdo sobre justicia en cuatro meses?
E.S.:
Perfectamente puede estar cerrado en cuatro meses siempre y cuando no haya
posiciones maximalistas como que unos van a la cárcel y los otros no. Si la
posición es todos vamos a la cárcel, las FARC no tendrán problema.
SEMANA:
Pero la sociedad colombiana es maximalista…
E.S.:
La sociedad colombiana lo que está demandando es que no haya impunidad. El
Estado debe cumplir su obligación de investigar, perseguir y sancionar, y sobre
eso ya hay acuerdo. Ahora, el Estado tiene que garantizar que no va a haber
repetición de esos hechos.
SEMANA:
El expresidente Uribe, como jefe de la oposición, tampoco dejaría pasar una
fórmula de cero cárcel…
E.S.:
De todos los presidentes, Uribe es el que debería estar más preocupado de que
este modelo de verdad salga adelante. Insiste mucho en la prisión pero él es el
que tiene más papeletas. En España tiene un proceso penal abierto y en
condición de imputado. Semana.com – 25 – 07 – 2015
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