Luis Jorge
Garay se ha aproximado a la criminalidad y la corrupción en Colombia desde un
enfoque muy diferente al tradicional. Primero, abordó el concepto de la captura
del Estado, para analizar cómo los grupos de poder aprovechaban su influencia
para lograr leyes y regulaciones a favor suyo y no del interés general.
Después, comenzó a aplicarlo para analizar cómo los grupos ilegales habían
capturado el Estado y comenzado a reconfigurarlo.
En su último
libro, Redes Ilícitas y Reconfiguración del Estado, usando la metodología de
análisis de redes, profundiza ya en casos concretos de captura del Estado.
Analiza específicamente la toma del Congreso y la penetración del DAS por parte
de los narcoparamilitares durante el primer gobierno de Uribe. Para eso utilizó casos ya judicializados en
Justicia y Paz. El conocimiento que Garay ha acumulado es uno de los marcos teóricos
para la nueva aproximación de la
Fiscalía de Eduardo Montealegre al concepto de
"macrocriminalidad".
Su tesis es
que hay que entender que las organizaciones criminales actúan en forma de red y
que estas redes están constituídas por unos criminales pero también por unas
personas que operan en la legalidad, que son "gente divinamente" pero
que sirven de puente entre ese mundo ilegal y el Estado y las empresas que
operan a la luz del día. Y que si esos enlaces entre ambos mundos no se
identifican y se castigan, de poco servirá que la Fuerza Pública
capture un capo todas las semanas, pues la estructura criminal se reproducirá.
Se parte de
un principio básico criminológico: las nuevas redes ya no son estructuras
jerárquicas como lo fue el Cartel de Pablo Escobar, sino estructuras cada vez
mas especializadas horizontalmente en red, con campos de especialización,
puentes estructurales que conectan los sectores ilegales y los “grises” que
están en la legalidad y son cruciales para el funcionamiento de las redes
ilícitas transnacionales y para su reproducción. Ser una estructura más
horizontal y flexible, hace a estas organizaciones más resilientes ante choques
tanto internos como externos.
¿Quién sería
un agente gris?
Un banquero
o un cambista que se dedica a lavar dinero a la criminalidad dentro de sus
actividades legales. Un militar que, en vez de atacar al criminal, le permite
actuar en el territorio. Un agente del Das, o el director, que en vez de
perseguir a los criminales filtra información para permitirles tener acciones
más tranquilas. Un congresista que mediante un acuerdo político con la
criminalidad busca tramitar proyectos de ley para favorecerlos. El accionar de
los actores grises que una vez juzgados se vuelven criminales es esencial para
entender la criminalidad.
¿Cómo cambia
esto la concepción tradicional del derecho penal?
La
concepción tradicional penal se enfoca en un victimario, o un ilegal, que
comete un hecho delictivo en contra de la víctima. Cuando el enfoque es a
partir de las redes, cada vez se vuelve más importante entender las acciones
legales o grises para ese funcionamiento. Ya no todas la relaciones de la red
son criminales; en apariencia son legales, pero si se enmarcan en el contexto
para el cual se cometieron se entiende que son ilegales. No es lo mismo tener
un acuerdo político para favorecer intereses criminales que un acuerdo para
sacar adelante un objetivo de interés común. Lo importante es el contexto.
La red de
Jorge 40
Usted
estudió la red asociada al jefe paramilitar Jorge 40. ¿Qué fue lo más
interesante que encontró?
Dentro de
toda la documentación judicial y procesal de Jorge 40, un dato revelador era
que había sustituído parcialmente instancias del Estado. Firmaba los convenios
que establecía con agentes grises en el mundo empresarial, político o de
funcionarios públicos. Eran acuerdos para el manejo de parte de los recursos
del sistema general de preferencias. Acuerdos para asignar la contratación
pública a empresas que contaban con su aval, o para transferir dinero de
regalías a estas organizaciones. Había un nivel de institucionalización de
relaciones entre lo gris, lo legal y lo abiertamente criminal.
En segundo
elemento es que en el caso de Jorge 40 se encontró que la captura del Estado
fue de lo local hacia arriba. Llegó a su máxima expresión con la captura de
parte del legislativo y parte del Das. No está judicializado hasta donde llegó
en el sistema judicial.
Lo tercero
que es interesante es la complejidad del entramado de las subredes. En lo
político, estaba el senador Álvaro García, que se encargaba de las relaciones
con los políticos del nivel local, regional y nacional, con alcaldes,
concejales, en siete departamentos de la Costa Atlántica.
La complejidad de las relaciones entre Jorge 40 y multiplicidad de agentes de
la red casi no se ve en otros casos.
¿Qué explica
que Jorge 40 tuviera relaciones directas con tantos agentes en las redes?
La única
explicación es que Mancuso y Jorge 40 todavía tenían una respetabilidad social
en sus regiones gracias a su origen social, cosa que no tuvo, por ejemplo,
Martin Llanos, que era hijo de un abierto criminal y no tenía capacidad de
interactuar directamente con la institucionalidad. Tenía que hacerlo a través de la alcaldesa de
Monterrey.
Esto
significa que si Jorge 40 hablara se podría desarticular realmente la red que
giraba alrededor suyo
Ese es un
punto crucial. Una vez la captura avanza tanto que compromete incluso
instancias de instituciones, el desmonte de estas redes es muy difícil porque
ya existe un capital social perverso y una institucionalización. Ahí viene un
tema que es crucial, que es la nueva visión de inteligencia y seguridad. No
basta con abatir o capturar a los grandes criminales. Si no se desmontan
simultáneamente los puentes estructurales de las zonas grises ese capital
social continúa intocado y se coloca al mejor postor y eso es lo más perverso.
Toca desvertebrar todo el esquema social e institucional gris y supuestamente
legal.
¿Se logró
algo de eso en Justicia y Paz?
El proceso
en Justicia y Paz tuvo un elemento muy importante y es que los fiscales
lograron ubicar muy rápidamente que lo político formal era muy importante.
Antes no había precedente de esto. Ellos proveyeron información crucial a la Corte Suprema que
fue muy importante para la investigación de casi el 30 por ciento del Congreso.
El problema
es que al tener que cambiar la perspectiva penal tradicional, los fiscales se
concentraron en los hechos de criminalización pura, tradicionales, que son
claves: quién mató a quién. Pero no entraron a estudiar otro tipo de relaciones
que son determinantes como las de financiación. Es muy poco lo que se avanzó
porque los capos no han querido sino hablar sobre victimización.
¿Por qué
cree que no hablan de los financiadores?
El que más
habló fue Hazbun, que dio una lista de 400 empresas, pero en general no han
hablado de financiación de empresarios sino solo de narcotraficantes y hubo
muchos financiadores que no eran narcotraficantes. Algunas razones es que hay
todavia unas relaciones existentes y que esos agentes grises son poderosos.
Pensando que van a ser liberados con penas débiles en Estados Unidos y vuelven
a Colombia les conviene mantener ciertas relaciones con estructuras de poder
gris o legal.
Con los
militares igual, no han involucrado a muchos militares pese a que varios
agentes participaron directa e indirectamente. Han hablado mucho de exmilitares
ya muertos. Con los políticos igual. Lo de los políticos se supo fue porque se
descubrió el Pacto de Ralito porque ahí estaban las firmas. Ninguno habló de
eso en un principio. Han tenido una posición estratégica.
¿Eso explica
que extraditen a 12 capos y que esto no haya tenido un impacto sobre el
negocio?
Es porque
hay una zona gris y supuestamente legal muy poderosa que acumula el poder
capital perverso. Son las que permiten la reproducción. Muchos hablan de las fuerzas
oscuras pero no se trata solo de eso. Son agentes claves que están en la
legalidad.
¿Quiénes
eran los agentes grises en la red de Jorge 40?
Álvaro
García Romero, Dieb Maloof, Salvador Arana y otros congresistas. También está
el caso de Jorge Noguera y el del “ventilador del Das”, que muestra una subred de inteligencia. No
sabemos nada de empresarios, muy poco de militares, muy poco de hacendados y de
terratenientes. Lo van a sacar de Justicia y Paz porque no ha dicho nada. Es
para volver al país sin que tenga enemigos claros. Mancuso tuvo contradicciones
por presiones sobre familiares y hablaron muy poco. Parece una estrategia
coordinada de presionar un poco al Establecimiento involucrado al decir ‘vamos
a hablar mas’ pero siempre esperando no tener una confrontación directa a la
espera de tener un mejor futuro para ellos.
Cambiando un
poco el foco, ¿qué implicaciones tiene para el proceso de paz que también sea
una red criminal?
Mi opinión
es que en las Farc hay todavía una cúpula política con unos regimientos que mal
que bien están bajo su control y comprometidos en un proceso de negociación y
que quieren una participación política en el futuro en el país. Hay que apoyar
el proceso de negociación. Pero eso no va a desactivar el conflicto tradicional.
¿Por qué?
No podemos
saber qué porcentaje de la guerrilla está involucrado en actividades
abiertamente ilegales en asocio táctico con las Bacrim. Y crecientemente hay
información de inteligencia y de la
Fiscalía sobre su relación con organizaciones poderosas como
el Cartel de Sinaloa, alrededor no solo del narcotráfico, sino que están
integrando mercados ilegales, como la minería criminal. Un subgrupo de las Farc
está involucrado en este proceso.
¿Qué
porcentaje? No sabemos, pero es un grupo poderoso.
Llama la
atención que las Farc en un principio tuvieron relaciones con Eta y con la
organización mafiosa italiana 'Ndrangheta, con las que había intercambio de
explosivos y armas por cocaína. Eso está en fallos y sentencias en Italia y
España. Pero más recientemente, hay actividad creciente con otros mercados como
el coltán. No está judicializado. Hay información sobre relaciones de las Farc
alrededor de oro en Antioquia con el Cartel de Sinaloa y con los Rastrojos.
¿Tiene
sentido una negociación con las Farc sin que entreguen toda su red criminal?
Uno de los
puntos de la agenda es el desmonte del narcotráfico. Pero no solo es importante
el desmonte del narcotráfico sino de todos los mercados ilegales en los que
están involucrados. La duda es qué tanto la cúpula de las Farc conoce lo que
estan haciendo en la región. Tengo mis
serias dudas de que tengan conocimiento. Uno de los objetivos de la negociación
es que develen cómo parte de la estructura está involucrada en el negocio. Pero
ellos no lo aceptan, es un tema muy crucial en la negociación. La preocupación
es que si no se avanza en ese sentido, ese porcentaje va a seguir como una
organización transnacional ilícita en la región con carteles internacionales.
Hay evidencia de que cada vez hay más italianos en Colombia.
¿Si?
Hace poco
arrestaron seis capos italianos en Colombia. Estan teniendo que venir a
negociar directamente el envío de droga a Italia, a través de África, y no
sabemos el hueco negro de Venezuela. Esto se ha transnacionalizado. Y no solo
es coca. En el libro que hemos hecho con Mejico, sobre la Familia Michoacana ,
hay un caso muy famoso de un comerciante joven chino que se instaló en el DF y
tenía negocios en Miami. A veces los carteles que se matan en el territorio
llegaban donde este chino, para mandar coltán y pactar el lavado de dinero en
China, que es muy laxo para lavado de capitales. Se usaba parte de ese dinero
para importar sustancias claves para drogas sintéticas que son fabricadas por
el Cartel de Sinaloa. Era una triangulación perfecta. Al chino le encontraron
en su casa 200 millones de dólares en billetes. Esta en Maryland en la cárcel.
Eso demuestra en que nivel estamos.
¿Cuáles son
esos nuevos mercados que están integrando las redes criminales?
El de coltán
es un mercado super valorado. El oro es el mejor artículo, porque no solo
tienen ganancias sino que lo lavan todo. El oro es una moneda patrón, lo
exportan, lo sobrefacturan, y logran una legalización perfecta.
¿Cómo opera
este mercado criminal del oro?
Si uno logra
tener poder territorial, puede entrar y explorar oro fácilmente. Requerirá
ingenieros, los grises y los legales. En el territorio se apropian del subsuelo
como antes se apropiaron del suelo. Por eso es mi miedo es que, dadas las
condiciones de Colombia, donde no se sabe ni qué se exporta ni a cuánto, se
pueda desarrollar una mineria criminal a favor de organizaciones ilícitas
transnacionales.
¿Usted es
partidario de congelar la explotación minera?
Se debería
hacer una moratoria en zonas de conflicto y de restitución de tierras. ¿Qué se
va a restitur si debajo hay una licencia minera? Hay que seguir la moratoria
mientras entendemos esto. En algunas zonas, incluso tenemos que estudiar
revertir licencias mineras. Eso le va a costar mucho al Estado, porque hay
derechos adquiridos.
Las buenas
prácticas
¿Hay alguna
forma de desarticular estas redes?
La decisión
de la Fiscalía
colombiana de crear una unidad de macrocriminalidad va en el sentido correcto.
Implica una nueva tecnología de investigación, una transversalidad en la investigación
y una tecnificación en el análisis de los casos. Porque Colombia no puede
seguir sin analizar la macrocriminalidad. No es garantía de que se va a
desmontar pero es un avance importante.
Las redes
ilicitas se caracterizan por la integración de mercados de carácter cada vez
más transnacional. Por eso se necesita abordarlos de manera transnacional. Es
muy complejo, aunque se está avanzando. Por ejemplo, en el marco de la OEA se han firmado convenios
para compartir información. Sin la unión y sin unas normas armonizables entre
países claves es imposible.
¿Qué impacto
tendría sobre la macrocriminalidad si se legalizan los cultivos ilícitos?
Infortunadamente
en la medida en que se han integrado multiplicidad de mercados, y la cocaína va
perdiendo peso, y la van ganando otros mercados, esa despenalización o
descriminalización va a tener una menor efectividad en las redes poderosas,
porque tienen otro capital social que permite sustituir ese mercado.
¿O sea que
el “activo” no es el producto sino el canal?
El canal es
clave y el entramado de lo gris y lo legal.
¿Qué cuota
de responsabilidad le cabe al sector financiero como agentes grises en esta
macrocriminalidad?
Es un sector
que está en el punto de mira de las organizaciones macrocriminales para lavar activos,
diversificar portafolios, pero también lo hacen a través de la creación de
empresas. No es solo el sector bancario. Esto implica que sectores clave
adquieran una conciencia de tener un código ético para combatir la criminalidad
organizada.
¿Hay algún
ejemplo de eso?
El Código
Ético Empresarial Antimafia en Sicilia establece que cuando hay una sospecha
fundada de que una empresa está asociada con dineros ilegales es expulsada del
equivalente de la Andi. Y
se le prohíbe a cualquier otra empresa tener relaciones con esa empresa. Es una sanción social y moral. Eso se empezó
a aplicar hace dos años en Sicilia, y ahora también funciona en Lombardia y
Roma.
¿Ha
funcionado?
Está
funcionando. Se trata no solo de ética sino que también en el mundo empresarial
convivir con la macrocriminalidad no es rentable.
Entendiendo
esta teoría, ¿cómo debería cambiar el periodismo judicial?
No es un
problema solo del periodismo. Es que las autoridades por mostrar resultados
efectivos de largo plazo privilegian la información sobre ‘cayó este capo, cayó
este otro capo’, y no permiten entrever la complejidad de lo que estamos
tratando. El cubrimiento se concentra en los hechos del día, pero no en un
análisis más sistemático. Entender por qué la organización criminal se reprodujo
a pesar de los capos que han caído es fundamental.
Lo que falta
Usted
estudió el fenómeno de reconfiguración del Estado durante la época de Uribe.
¿Se ha revertido este proceso con Santos?
Tengo serias
dudas de qué tanto ha cambiado el proceso. Obviamente el país ha avanzado con
el juicio de congresistas y de funcionarios como Jorge Noguera. Sin embargo, mi
concepción es que el sistema político nunca ha asumido la responsabilidad de
hacer las reformas necesarias para erradicar estas prácticas.
¿Qué tipo de
reformas puntuales se necesitarían?
Necesitaríamos
optar que no solo el partido político pierde la silla sino que debería haber
una verdadera sanción al partido. Si hay evidencia de tratos con la ilegalidad
de una alta proporción de miembros quitarle la personería jurídica. Es
draconiano pero no hay más que hacer. Es que incluso en el Congreso ha habido
un reciclaje de personas que no garantizan que este tipo de prácticas se hayan
desmontado.
Institucionalmente
se dio un paso importante con el Das pero tampoco hemos avanzado en crear una
institucionalidad que de plenas garantías. Tengo dudas sobre movimientos que se
dan en la Justicia ,
que no parecen muy claros. El sistema político no ha tomado la decisión de
romper totalmente con la ilegalidad. Son claro oscuros muy complejos, porque la
profundidad de la captura y cooptación del Estado ha llegado a puntos muy
graves. Cuando ve lo local y lo regional se da cuenta que ha reproducido el
fenómeno con otras caras y otras formas.
Su visión es
un poco pesimista
No es ser
pesimista. Es alertar de lo que puede pasar.
Por Juanita León / La
Silla Vacía - 13 de mayo de 2013.
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