Saúl Franco
MD.- Vocero - ANSA - Alianza Nacional por un Nuevo Modelo de Salud - Edición N°
00324 – Semana del 12 al 18 de Octubre de 2012
El colapso
del actual Sistema de Salud y Seguridad Social –SSSS- no parece tener reversa.
Según la
Superintendencia Nacional de Salud, sólo en el mes de agosto
del presente año se presentaron en todo el país 17.000 quejas y reclamos, la
mayoría de ellos relacionados con faltas en la atención y en la prestación de
servicios. Sectores cada vez más amplios y diversos van pasando de la
indignación a la acción organizada para lograr un modelo que no sólo supere las
deficiencias estructurales del actual sino que sea capaz de hacer realidad la
vigencia del derecho a la salud. Al mismo tiempo, los defensores del modelo
vigente, integrados por el empresariado nacional e internacional que ha hecho
de la respuesta a la enfermedad un campo lucrativo a gran escala, los
tecnócratas que lo legitiman y ayudan a su funcionamiento y los sectores
estatales y gubernamentales que siguen convencidos de sus bondades se empeñan
desesperadamente en ajustarlo, aplicarle nuevos paños de agua tibia, hacernos
creer que la crisis es coyuntural, y convencernos de que le demos una nueva
oportunidad al modelo en lugar de pensar en aventuras de cambios radicales.
Dada la
intensidad de los debates, la lluvia de propuestas y la emergencia de la
incertidumbre sobre el futuro del SSSS conviene mirarlos con cuidado en dónde
estamos para aclarar mejor hacia dónde debemos ir.
Se agita el
debate parlamentario: Si bien ni
las leyes resuelven los problemas ni el Congreso actual tiene la legitimidad y
credibilidad esperadas, es claro que se requieren ajustes en el ordenamiento
legal del sistema de salud y que el debate parlamentario puede contribuir a
aumentar los niveles de conocimiento y conciencia y a despejar el rumbo futuro.
Por ello, desde diferentes ángulos político-ideológicos, atendiendo a
diferentes intereses y preocupaciones y buscando muy distintos niveles de
solución, se han presentado recientemente múltiples iniciativas legislativas en
salud. Algunas responden a problemas específicos como la penalización de la no
atención oportuna de las urgencias, Proyecto de Ley 50 de 2012 Senado. Otras
buscan reformas funcionales del SSSS, sin alterar su estructura, tales como el
Proyecto de Ley 51 de 2012 Senado. Oras plantean reformas puntuales a nivel
constitucional como el ya fallido Proyecto de Acto Legislativo 040 de 2012
Cámara, que pretendía establecer a nivel constitucional el derecho fundamental
a la salud. Y otras, bajo la modalidad de Leyes Estatutarias pretenden delinear
los alcances reales del derecho a la salud y los procedimientos y recursos
mediante los cuales el Estado lo garantizará, tal como se establece en el
artículo 152 de la
Constitución Política. Se han radicado hasta ahora en el
Senado de la República
tres Proyectos de Leyes Estatutarias en Salud –PLES- y al parecer el Gobierno,
después de muchas vacilaciones, presentará en los próximos días su propio
proyecto. Es conveniente señalar de manera sintética los contenidos básicos y
las principales diferentes entre los proyectos en curso.
PLES 48
Senado. El primer Proyecto de Ley Estatutaria en Salud –PLES- de la presente
legislatura fue radicado el 31 de julio por el senador Jorge Ballesteros,
después de un cuidadoso trabajo, con la firma del Presidente del Congreso y de
otros parlamentarios. En esencia busca definir algunos conceptos fundamentales
en el campo de la salud; los principios básicos del Sistema General de
Seguridad Social en Salud –SGSSS-; los derechos y deberes de los “usuarios” del
SGSSS; el Plan Único de Beneficios –PUB-; el financiamiento de dicho PUB y la
administración y el flujo de los recursos; la operación de indicadores de salud,
y la creación de una nueva figura jurídica: la acción de protección en salud.
PLES 105
Senado. Radicado el 29 de agosto, este Proyecto de Ley Estatutaria en Salud es
el producto del trabajo de varios años de la Comisión de Seguimiento a
la Sentencia T-760
y de Reforma Estructural del Sistema de Salud –CSR-, con la participación de
académicos, organizaciones gremiales, sociales, populares, sindicales, de
pacientes y mujeres. Cuenta con el respaldo de un amplio bloque parlamentario
multipartidista, y de la
Alianza Nacional por un Nuevo Sistema de Salud, con presencia
en todas las regiones del país. Este Proyecto propone un cambio de fondo en el
sistema, a partir de la reformulación de la salud, del papel del Estado, de la Sociedad y de los
ciudadanos y sus organizaciones. Parte de tres postulados básicos: la salud
como derecho humano fundamental, y no como mercancía; el Estado como garante de
dicho derecho, y no como árbitro pasivo o agente del mercado; y el sistema de
salud no sólo como mecanismo para el lucro mediante la atención de las
enfermedades, sino como instrumento eficaz para la defensa de la vida, la
promoción de la salud, la prevención de las enfermedades y la generación de
mayor bienestar para toda la población. El Proyecto desarrolla la propuesta de
un Sistema Único Descentralizado de Seguridad Social en Salud –SUDS-, con una
red articulada de prestación de servicios integrales de salud, financiamiento
público con recursos fiscales y parafiscales, fondo único de seguridad social,
rectoría social, dirección estatal, reconocimiento de los territorios y la
diversidad nacionales, participación del sector privado sin ánimo de lucro en
la prestación de los servicios, estricto control por parte de agencias
especializadas de los organismos de control del Estado, y amplia participación
social en todas las instancias de dirección, gestión, vigilancia, control y
evaluación del sistema. La propuesta elimina los paquetes de beneficios, la
intermediación financiera, los copagos y cuotas moderadoras y, por tanto, las
actuales EPS. Le da especial atención al sistema de información en salud, a los
procesos de formación del personal del sector, a la autonomía y la
autorregulación de los profesionales de la salud, a las condiciones de trabajo digno,
y establece pautas para la necesaria acción intersectorial. Finalmente, el
proyecto establece un período de transición razonable de dos años para poder
realizar todos los cambios requeridos en el ordenamiento legal, reglamentario,
institucional, financiero, operativo y, en especial, en la mentalidad y las
actitudes de las personas y las instituciones.
PLES 112
Senado. Este Proyecto fue radicado por un bloque parlamentario liderado por el
senador Luis Carlos Avellaneda. Tanto en su concepción como en sus objetivos,
alcances y propuestas, es muy semejante al anterior. Posiblemente la principal
diferencia entre ambos es el énfasis que el 112 hace en la importancia de
erradicar de todos los niveles del sistema el ánimo de lucro, por considerarlo
el origen de buena parte de los males y dificultades del actual sistema. Pero,
dada la gran afinidad entre ambos proyectos, sus impulsores han decidido
trabajar como un solo bloque para enfrentar la propuesta gubernamental, y han
acordado una estrategia común de divulgación, debate, organización y
movilización.
El escenario
actual y las alternativas futuras: Estamos
entonces ante la expresión, en clave de leyes, de las dos posiciones que
existen en la realidad en el país frente a la crisis del sistema de salud. De
un lado, quienes quieren mantener una concepción de predominio económico y
asistencialista y su respectivo modelo, haciéndole algunos ajustes operativos,
regulatorios y de control, pero sin alterar sus postulados, ni su lógica, ni su
estructura. De ahí que su proyecto mantenga el imperativo de la sostenibilidad
fiscal, la existencia de las EPS, un paquete de beneficios como reducción
efectiva del derecho, la no eliminación real de la intermediación financiera, y
el posible debilitamiento de la tutela mediante la acción de protección de la
salud.
Es la
posición expresada ya por el PLES 48, acogida por un sector parlamentario y, en
caso de que el Gobierno Nacional no presente finalmente su proyecto en la misma
dirección, sería también la posición del empresariado, los inversionistas en
salud, la tecnocracia del sector y todos los interesados en mantener el estado
de cosas vigente en salud y seguridad social. Del otro lado estamos quienes
desde una concepción de derechos una óptica no mercantil de la vida, una ética
del bien común, la equidad y la prioridad de la vida y la salud frente a los
negocios y un concepto de la salud más cercano al bienestar, al acceso
universal a la atención de las enfermedades; a la vida digna, pensamos con
responsabilidad y conocimiento de causa, pero sin temores que es la hora de un
cambio estructural en el modelo. Es la posición materializada en los PLES 105 y
112, cuyo contenido ya se esbozó y que en esencia busca anteponer la salud de
la gente al bienestar de los negocios, y la lógica de la vida digna en una
sociedad justa al discurso de las ganancias, los paquetes de beneficios y el
equilibrio financiero.
Es conocida
la relación de muchos senadores y representantes con el empresariado sanitario,
en especial de EPS e IPS, con la industria farmacéutica y con el sector
financiero lo que inclinaría la balanza a favor del posible proyecto
gubernamental o del PLES 48 al momento de las decisiones parlamentarias en la
actual legislatura. Pero, hay argumentos sólidos para pensar tanto en las
posibilidades reales del bloque parlamentario que apoya las propuestas
alternativas e inclusive en el cambio de actitud y de opción de muchos
parlamentarios como para tener la seguridad de que, aún frente a una votación
adversa, el modelo ya no podrá volver a ser el mismo y las semillas de una
posibilidad distinta y definitiva ya están sembradas en los ciudadanos/as y en
la sociedad. La reciente derrota por un estrecho margen del proyecto de Acto
Legislativo 040 en la Cámara
puede ser una señal al respecto. Y mientras continúen las movilizaciones, las
discusiones argumentadas y la convergencia de fuerzas por un nuevo modelo,
seguirá habiendo motivos para el optimismo y la esperanza. Por descontado
además que existen otras vías democráticas diferentes a la legislativa y que la
sociedad ha sabido y sabrá emprenderlas o intensificarlas de manera creativa y
sinérgica.
Pero, la
gran apuesta es LA PAZ: El inminente
inicio de negociaciones de paz con la guerrilla introduce una variación
esencial en el escenario nacional y recoloca la paz como la gran apuesta del
país en el momento. Pues bien, existe una esencial relación bidireccional entre
salud y paz. De un lado, la paz es una de las precondiciones de la salud, como
lo declararon desde la carta de Ottawa sobre promoción de la salud en 1986. Y
la realidad es clara al respecto: sin paz hay mayor inseguridad, mayor
incertidumbre y, por tanto, mayor riesgo de enfermedades mentales. Más aún: en
condiciones de guerra se incrementan los homicidios, las heridas, todas las
formas de violencia, los traumatismos de todo tipo – incluyendo los
psicológicos -, y se dificulta el acceso a los servicios de salud tanto
asistenciales como preventivos. Al mismo tiempo, las violaciones al derecho
internacional humanitario y a la misión médica hacen parte del arsenal de la
guerra. Y de otro lado: sin salud no hay paz. De hecho, entre las llamadas
condiciones objetivas del conflicto armado que padecemos hace casi sesenta años
se encuentra la falta de políticas públicas y, por consiguiente, de acceso
universal a servicios esenciales como salud y educación. La salud puede ser
entonces un buen camino hacia la paz en la medida en que un buen SSSS elimina
algunas de las razones del conflicto, reduce las inequidades y las exclusiones,
genera legitimidad para el Estado, revitaliza la ciudadanía y crea un clima de
mayor bienestar.
Sería por
tanto un aporte significativo al proceso de paz la aprobación de una reforma de
fondo al sistema de salud como la contenida en los proyectos de Ley Estatutaria
en Salud 105 y 112 orientada, como ya se dijo, a darle contenido real y
vigencia efectiva al derecho a la salud para todos los colombianos/as, a
fortalecer la responsabilidad social del Estado, a reducir inequidades
históricas y a producir mayor bienestar. Por la estrecha relación salud-paz, el
proceso de negociación con la guerrilla se convierte entonces en un nuevo y
fuerte a argumento a favor de un cambio sustancial en la manera de entender y
atender la salud en la sociedad colombiana, y en una coyuntura altamente
favorable para anteponer los intereses colectivos a los intereses particulares
y a la visión mercantil que han primado durante la vigencia de la Ley 100 de 1993.
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