9/05/2012

Inteligencia Militar, Colombia: Álvaro Uribe, los Paramilitares, las FARC y Santos


Cordial Saludos Amigos, Simpatizantes y Militantes del Polo 
Como una contribución para la actual coyuntura, en Polo Crítico damos a conocer el siguiente análisis que realizó y nos enviara el señor José María Rodriguez Gonzáles.

“Esta síntesis de las estrategias de los gobiernos de Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos contra las FARC viene del análisis original en inglés para discusión de asuntos de inteligencia militar en Latinoamérica.
Existe una diferencia enorme entre el secreto militar, necesario en todas las acciones bélicas como en la actual guerra contra las FARC, y lo que el público ve en la superficie. El problemático y negativo ex presidente Álvaro Uribe conoce bien esta diferencia y explota este desconocimiento público para su beneficio político personal; y esto es lo que esta síntesis va a aclarar” José María Rodríguez González y que realizaremos en Cuatro Entregas: primera entrega.
La idea de Uribe de Seguridad Nacional que rebautiza como “Democrática” proviene de los años sesenta del siglo pasado y se origina en la Doctrina de la Seguridad Nacional de los Estados Unidos que fue una de las consecuencias de la Guerra fría. Antes, a los problemas que se originaban en la protesta civil se los llamaba, apropiadamente, de Orden Público....Ver abajo resto del Artículo

Carlos A. Ruiz O.
Director Polo Crítico,
Miembro Dirección Polo Antioquia  
En 1961 y por iniciativa del Presidente Kennedy se crea la Alianza para el Progreso con el objeto de desarrollar y modernizar a las naciones latinoamericanas incluyendo el fortalecimiento de la seguridad interna por medio de la Operación de Seguridad Latinoamericana (Plan Lasso en Estados Unidos o Plan Lazo en Colombia). El presidente Alberto Lleras logra que el dinero destinado para la defensa del hemisferio fuera utilizado para objetivos de seguridad interna en Colombia con el decreto presidencial 61-14 de enero de 1961 que firmó el presidente John F. Kennedy. El Plan Lasso también incluía acciones cívicas de atracción de la población que al mismo tiempo servían como recolectores de información e inteligencia para los cazadores de guerrilleros.
Parece irónico pero al mirar la historia de Colombia de los últimos 50 años uno descubre que la tendencia de una clase civil poderosa a resolver los problemas ciudadanos con la violencia, ha hecho creer a la ciudadanía que sus privilegios e intereses son la patria y de esta forma han manipulado a las Fuerzas Militares y Policiales como sus instrumentos de poder. Y no han sido las Fuerzas Militares sino quienes las han manipulado, los que han creado la compleja situación de conflicto armado que ha ensangrentado a Colombia, situación que no hay que seguir avivando, sino apagarla de una vez por todas. Colombia puede tener unas Fuerzas Militares viviendo en paz.
En ese entonces y por iniciativa de la clase civil dominante el general Alberto Ruiz Novoa, un veterano de la guerra anticomunista de Corea, que alentaba la idea de transportar automáticamente la situación anticomunista coreana a Colombia, es nombrado Ministro de Defensa. El cambio más importante que Ruiz Novoa intenta realizar en las Fuerzas Militares es tratar de convertirlas en un Partido Anticomunista Armado, y así, politizándolas, hacerlas actuar. Desde ahí se considera cualquier revuelta civil como un avance del comunismo.
Así, las situaciones de Orden Público que se relacionan con la oposición, y las protestas de civiles como las de estudiantes, trabajadores y campesinos que deben protegerse bajo la libertad democrática del estado ascendieron indebidamente a un problema de Seguridad Nacional, como si la población civil y sus protestas por violentas que sean pudieran ser equiparadas al ataque de una nación enemiga.
Con esta visión exagerada y deformada de las protestas y revueltas civiles, como todavía hoy sucede, en 1964 se llegó a suponer que unas autodefensas campesinas, en ese entonces provenientes del Partido Liberal y concentradas en Marquetalia, eran un foco del comunismo que había que destruir. La actuación del ejército politizado como anticomunista facilitó y produjo que el Partido Comunista tomara realmente la dirección de las Autodefensas Campesinas y que conformaran lo que fueron las FARC hasta 1982 y, desde ahí en adelante lo que hoy son las FARC-EP.
No había en Colombia comunismo armado ni organizado como ejército, pero aparecen unas Fuerzas Militares politizadas anticomunistas que atacan a unos campesinos beligerantes liberales unidos en las Autodefensas Campesinas y a la vuelta de la esquina Colombia ahora ya tiene un ejército armado comunista y casi medio siglo de derramamiento de sangre. Este error se equipara al que por poco comete Uribe al querer internacionalizar la guerra y elevar a las FARC a un rango internacional de combate que no es de ninguna manera conveniente para el país.
Este comunismo vernáculo que nunca se relacionó con una invasión soviética de Colombia, sí comenzó a asociarse con una oposición radical al Estado, y una situación de orden público que pudo apaciguarse y mantenerse dentro de los linderos de la política tradicional fue desbordada y regalada al comunismo como una fuerza social y militar.
Sin ningún conocimiento militar y guiado solamente por el odio y un sentimiento de venganza personal irreductible, todo lo que Uribe hace es revivir a toda costa esa situación militar anómala de los años sesenta del siglo pasado y que originó las peores dictaduras que avergüenzan a las Fuerzas Militares y a la historia de América Latina.
Estrategia militar de Uribe
I Los paramilitares y la limpieza social

La estrategia militar del gobierno de Uribe contra la insurgencia* de las FARC tenía dos prioridades, la primera, eliminar cualquier apoyo logístico de las FARC en las poblaciones en zonas de influencia de la guerrilla, y la segunda, golpear al Secretariado. Ninguna de las dos era muy difícil, sobre todo la primera, porque era una guerra de limpieza social abierta y sin escrúpulos contra la inerme población civil. Guerra en la que los paramilitares cumplieron el papel principal.
Los paramilitares existen por decisión de los “Césares” y su organización se inició durante el gobierno de Julio César Turbay Ayala con su Estatuto de Seguridad y Defensa de la Democracia, expedido en 1978 y se consolidó con la Ley 3567 de 1994 firmada por el presidente César Gaviria Trujillo que definió a las Convivir. La función de defensa nacional civil y autodefensa fueron sus parámetros inamovibles. La participación personal de Uribe fue ocuparse de que el paramilitarismo tuviera todo el apoyo del gobierno, cosa que logró a partir de las Convivir de Antioquia, cuando fue gobernador de ese departamento, hasta la entrega de los servicios nacionales de inteligencia DAS, bajo su mando, para todas las operaciones del paramilitarismo, cuando fue presidente. Dentro de esta prioridad estratégica bastaba con que Uribe solo mencionara en público o en privado que alguien era sospechoso de apoyar a la guerrilla para que cualquier paramilitar ejecutara una acción contra esa persona.
La guerra de limpieza social contra la población inerme que encarnó y cumplió Uribe quedó demostrada por tres evidencias inocultables. Una, que la única razón y justificación para robarle sus tierras y pertenencias a los campesinos, violar sus mujeres y asesinar sus niños era que un paramilitar sospechara que podrían ser auxiliadores de la guerrilla. Dos, que Uribe nunca consideró ni defendió a las víctimas de los paramilitares y por el contrario siempre ha sido hostil y enemigo de ellas. Y tres, que Uribe exigió una completa inmunidad para todos los paramilitares e impulsó su participación política. Estas exigencias de Uribe no las pudo cumplir el Congreso con la mal llamada Ley de Justicia y Paz por impedimentos del estado de derecho, pactos internacionales, la intervención de la Corte Constitucional y la presión internacional y de la población colombiana.
Uribe desconoció que en la paz**, las reivindicaciones, la rehabilitación y el perdón siempre son para el enemigo y el castigo ejemplar es siempre para los amigos del Estado porque por la participación del gobierno en los crímenes de paramilitares y neoparamilitares éstos son una aberración del Estado.
Por otra parte, Uribe nunca censuró ni personalmente ni como integrante del gobierno, ninguna acción paramilitar contra los civiles. Uribe nunca los denunció públicamente como si lo hacía constantemente con las FARC sin olvidar el más mínimo detalle. Uribe jamás afectó intereses paramilitares ni bombardeó un solo campo paramilitar, con el agravante de que sabía dónde se hallaban y también sabía que los paramilitares eran reconocidos legalmente como terroristas*** además de narcotraficantes. Hay que tener en cuenta que los paramilitares fueron los únicos verdaderos narcoterroristas y a quienes históricamente el término les cabe sin posibilidad alguna de error****.
Lo peor, y otra inculpación de esta asociación de Uribe con el paramilitarismo, es que además de permitir que los paramilitares se apoderaran de todas las tierras que quisieran, los territorios que ellos le quitaron a toda la población que supuestamente ayudaba a las FARC nunca los recobró Uribe
para Colombia y se los dejó a los paramilitares como premio por quitárselo a las FARC. En otras palabras, Uribe le entregó al crimen organizado las áreas de influencia de la guerrilla sin que él ni su gobierno les importara ganar ninguna jurisdicción sobre ellas. Para Uribe que los paramilitares tuvieran posesión de esos territorios era igual a que el gobierno la tuviera y de esa manera lo contaba entre los logros de su gobierno.
Esta asociación de Uribe con el paramilitarismo prueba por dónde andaba su “corazón grande” en la ejecución de su prioridad estratégica de limpieza social de la población civil inerme que pudiera auxiliar a la guerrilla.
La limpieza social y su ejecución por parte del paramilitarismo es el componente inseparable y más importante de la Seguridad Democrática de Uribe. Es el que involucra a civiles como informantes, vengadores y combatientes, el más corrosivo y destructivo de lo humano en la sociedad colombiana y es el que ha convertido a esos individuos civiles en portadores de crueldad, corrupción y crimen, como lo demuestra la conducta sanguinaria de los grupos paramilitares y neoparamilitares.
No se puede ignorar que la preocupación de Uribe en el entrenamiento y la dotación militar para las funciones de limpieza social o exterminio ejercido por el paramilitarismo incluye su interés de que fueran óptimas. En ese sentido, la importación de expertos entrenadores israelíes y la dirección de fanáticos y sangrientos militares criollos no parecen ser casos aislados. Tampoco parece aislada de esas conexiones la solicitud de militares a través del gobierno de Israel a la ONU para que Uribe los defendiera de su ataque a una tripulación civil en un barco rumbo a Gaza. Uribe nunca rechazó el ofrecimiento para intervenir en un caso donde hubo víctimas civiles de una agresión armada, como si fuera natural para él que ese tipo de acciones se consideraran normales y defendibles.
La preocupación personal de Uribe sobre el funcionamiento del paramilitarismo se extendió también al aseguramiento de su financiación que se caracterizó por su reserva y por los abundantes dineros de sus colegas ganaderos, en su mayoría agremiados a Fedegan, de hacendados y de muchos poderosos y adinerados representantes de la empresa privada antioqueña, costeña, nacional y hasta internacional complementaban los ingresos del narcotráfico de los paramilitares para asegurarse que con su dinero las acciones de los paramilitares cumplieran los objetivos de Uribe de acabar con la población civil que apoyaba a las FARC o que era sospechosa de apoyarlas, por medio de la limpieza social y así evitar que interfirieran en sus intereses con vacunas, otros impuestos y reclutamiento de campesinos.
La relación de Uribe con dineros de y para los narcotraficantes no se ha aclarado, pero testimonios de Uribe sobre su íntima asociación de negocios con su familia, testimonios que provienen de muchas fuentes, muestran que familiares directos de Uribe, convictos como Mario Uribe, su primo hermano, fue también su socio político de toda la vida, y no convictos como sus dos hermanos, uno muerto, Jaime Alberto, y otro vivo, Santiago, señalados por colaboración, financiamiento y participación de acciones paramilitares, no han negado, ni Uribe tampoco lo niega, que nunca hayan roto su colaboración mutua. La nueva generación de los Uribe, Tomás y Jerónimo Alberto, ha sido señalada por recibir favores económicos y la tradición política, convicciones y maneras de operar que desde su infancia les ha inculcado Uribe. Los lazos y las convicciones políticas de la familia de Uribe son idénticos y se han demostrado como íntimos y la causa de la unión y asociación que toda la familia de Uribe comparte alrededor de él y que Uribe ha cultivado con base en sus relaciones de sangre. *****

En nuestra Próxima entrega: Estrategia militar de Uribe
II La destrucción del Secretariado de las FARC

1 comentario:

Anónimo dijo...

Considero que el artículo comete el mismo error de Uribe. Este reivindica el crimen del paramilitarismo, ustedes reivindican el crimen guerrillero!. Muy mal me parece!.