La Fiscalía General de la Nación se ha tomado más de 20
años para asumir su responsabilidad como acusador, en nombre de la sociedad,
contra quien dirigió personalmente un escuadrón de la muerte que adquirió
característica de ejército y dominó a sangre y fuego un área del departamento
de Antioquia, donde los Uribe Vélez poseen tierras y una intrincada red de
hacendados y narcotraficantes que todavía hoy dominan impunemente la región al
ritmo de sus antojos y caprichos. Dos de ellos son los narcotraficantes
confesos Santiago Gallón Henao y un hermano suyo, ambos registrados en la Lista
Clinton (ver aquí). Estos, lo mismo que Santiago Uribe Vélez, aparecen en expedientes
judiciales como socios prominentes de la “Oficina de Envigado”, la
multinacional del crimen, hasta hoy inmortal, que fundó Pablo Escobar para
cobrar y ajustar cuentas en el bajo mundo. Gallón Henao recibió –por medio de
su empresa Clamasan S.A.– millonarios “incentivos” de fondos públicos durante
los dos gobiernos consecutivos de Uribe (2002-2010) a través del programa Agro
Ingreso Seguro, por lo cual la Corte Suprema de Justicia condenó a cárcel al ex
ministro de Agricultura Andrés Felipe Arias (alias ‘Uribito’), hoy prófugo en
Miami. Gallón Henao ha tenido abultados negocios con la compañía Uribe Vélez
S.A. y figura entre los autores intelectuales del ampliamente conocido y
siempre deplorado asesinato del futbolista Andrés Escobar, a quien una facción
de la mafia ordenó matar porque en el Mundial de Fútbol de 1994, celebrado en
Estados Unidos, perdió una apuesta multimillonaria por culpa de un autogol
histórico de este deportista que cambió el resultado esperado en el partido que
ofrecía mejores expectativas para el equipo colombiano.
El escuadrón de la muerte de Santiago Uribe Vélez se
llamó “Los Doce Apóstoles” debido a que entre la jefatura mayor estaba un
sacerdote-asesino que cargaba un arma entre una Biblia y colaboraba en la
elaboración de las listas de personas que, con la venia final del hermano de
Uribe, debían ser asesinadas (ver aquí).
La
acusación contra Santiago Uribe Vélez fue formulada por Carlos Iván Mejía,
fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, contra quien el “Troll-Center”
[maraña de agresivas páginas en Internet sin nombres responsables y cuentas
apócrifas en las redes sociales] del uribismo ha lanzado ataques, injurias,
amenazas, ofensas y agravios con el claro propósito –aunque malogrado– de
alejarlo del caso.
La
batería de abogados de los Uribe Vélez también ha enredado sin pausa la
investigación penal en el caso de los “Doce apóstoles” mediante el uso del
derecho sin rigor, apelando a trucos manidos de rábula y apelaciones sin
sentido que se han ido cayendo una a una.
La
última apelación intentó tumbar el llamado a juicio hecho por el eficaz y
activo fiscal Mejía. La demanda fue revisada por la vice fiscal general, María
Paulina Riveros, quien, en una decisión de 165 páginas, consideró que abundan
las razones, las pruebas, los testimonios y las disposiciones legales
necesarias para sentar en el banquillo de los acusados al hermano de Uribe por
crímenes de lesa humanidad.
La
señora Riveros rechaza los alegatos de la defensa en el sentido de que la
inmensa banda de asesinos de los Uribe Vélez no existió y explica: “el
propósito de este grupo criminal era la comisión de homicidios selectivos de
personas señaladas de ser auxiliadores de la guerrilla o indeseables sociales”
y agrega, en la página 99: “los homicidios perpetrados no obedecían al capricho
o al arbitrio de los miembros de la organización, sino que, por el contrario,
dependían de las directrices que se trazaran por parte de sus líderes”, quienes
elaboraron una “lista negra”, sobre la cual indica: “fue el nombre que recibió
el soporte que contenía los nombres de estas personas”.
Los testigos principales son Juan Carlos Meneses Quintero
(ex oficial de policía), Pablo Hernán Sierra García (paramilitar), Alexander de
Jesús Amaya Vargas, Eunicio Alfonso Pineda Luján, Albeiro Martínez Vergara,
John Jairo Álvarez Agudelo y Ólguan de Jesús Agudelo Betancur.
La vice fiscal conceptuó también: “se puede establecer
como un hecho cierto y probado que el señor Santiago Uribe Vélez ejercía la
dirección y coordinación del grupo de Los Doce Apóstoles”.
“A partir de las directrices que trazaba él [Santiago
Uribe] con los otros líderes de la organización al margen de la ley, se
diseñaban las estrategias para lograr el asesinato de las personas que
aparecían en la famosa lista”.
Todavía
no ha sido fijada la fecha en que comenzará el juicio y el hermano de Uribe
permanece “preso” –ilícitamente– en la zona de recreo de una guarnición
militar, que él mismo escogió, próxima a una de las fincas del expresidente,
situada en la zona de Rionegro, cerca de Medellín. En ese lugar goza de la
servidumbre que le prestan soldados destacados para su servicio y recibe a sus
amigos, con los que hace amenas tertulias alrededor de botellas de aguardiente.
La posibilidad de que un artilugio de tinterillo lo ponga
en libertad en cualquier momento, antes del juicio, nunca ha dejado de estar
latente. Puede ocurrir también que no vuelva a fallar un nuevo intento de
asesinato en la cárcel contra Meneses, uno de los testigos estelares. Si algún
juicio en Colombia está rodeado de peligros, es este. Porque después de
él, debe celebrarse otro, por orden de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal
superior de Medellín que ordenó a la Fiscalía General de la Nación investigar a
50 maleantes, entre ellos los dos hermanos Uribe Vélez, por crímenes de lesa
humanidad, distintos a los cometidos por los escuadrones de la muerte de
“Los
Doce Apóstoles”. Varios de los que deben ser investigados ya han reconocido sus
procederes criminales, como es el caso del ya mencionado Gallón Henao.
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| Gonzalo Guillén |
Comcrear Óriente: Organo de Expresión del Movimiento Cívico
“Ramón Emilio Arcila”
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