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| Gisela Brito |
Con
el complemento perfecto del poder de amplificación de los medios masivos de
comunicación, todavía concentrados en pocas manos, las encuestas de intención
de voto pueden servir para intentar direccionar la voluntad popular antes de
las elecciones en favor del candidato de sus propios intereses
El
2014 llegó con un horizonte incierto para el futuro político de la región;
estaba en juego la continuidad del cambio de época en países clave del eje
progresista en América Latina. Tras celebrarse en la primera parte del año
elecciones presidenciales en El Salvador, Costa Rica, Panamá y Colombia,
quedaban por delante los comicios en Bolivia, Brasil y Uruguay. El resultado en
estos últimos fue la revalidación de los procesos políticos en marcha y la
apuesta por la continuidad del cambio posneoliberal. En Bolivia, la victoria de
Evo Morales fue contundente en primera vuelta. En Brasil y Uruguay, en cambio,
se celebraron balotajes para definir la elección. Con todo, los países del eje
posneoliberal cerraron el 2014 fortalecidos por el espaldarazo de legitimidad
que les dieron sus pueblos en las urnas.
Queda
claro que, al menos por ahora, los intentos restauradores de la derecha
regional han fracasado en su objetivo de instalar en el poder gobiernos
serviles a los intereses de la hegemonía neoliberal. Exceptuando los golpes de
estado en Paraguay y Honduras, el amplio catálogo de estrategias implementadas
a lo largo de los últimos años –intentonas destituyentes o golpes “suaves”,
guerra económica, uso y abuso del poder mediático concentrado, construcción de
nuevos liderazgos basados en el marketing político y en el uso de un lenguaje
en apariencia desideologizado, entre otras muchas- no han conseguido hacer peligrar,
al menos en el plano electoral, la continuidad del cambio en América Latina.
Pero también es evidente que este bloque no cejará en la reinvención o búsqueda
de nuevas herramientas que le permitan allanar el camino para lograr su
objetivo de desbancar del poder a los gobiernos populares democráticamente
elegidos, sean éstas legales o no, legítimas o no, éticas o no. Una expresión
de ello se observó en las últimas contiendas electorales de Brasil y Uruguay,
donde un nuevo actor/invitado se sumó a la fiesta destituyente para aportar su
grano de arena en la estrategia de la derecha regional: las encuestas de intención de
voto.
En ambos países hubo sondeos previos que arrojaron
resultados escandalosamente alejados de lo que sucedió el día de la elección, lo
que hace sospechar que fueron utilizadas como instrumento político para
intentar incidir en el resultado electoral, o en caso contrario habría que
pensar que estuvieron muy mal diseñadas y aplicadas porque no lograron predecir
nada.
Por ejemplo, en Brasil, el
grupo
Ibope según una encuesta elaborada a pedido del multimedios O Globo (acérrimo
opositor al PT) afirmaba a fines de agosto que Dilma Roussef obtendría en
primera vuelta 34% de los votos frente a 29% de Silva, y que en el escenario de
un balotaje entre ambas candidatas, la ecologista se impondría por un 45%
frente a la presidenta, que alcanzaría el 36% de los votos. A mediados de
septiembre el escenario ya era de “empate técnico”. Finalmente, en primera
vuelta Marina Silva obtuvo 21,32% de los votos (apenas un 2% más de lo que
había alcanzado como candidata presidencial en 2010), por lo que la segunda
vuelta se disputó entre Rousseff (51,64%) y Aécio Neves (48,36%) -quien había
obtenido en primera vuelta un impactante 33,55% de los votos, a pesar de que
las encuestas le otorgaban una intención de voto en torno al 20%)-.
En
Uruguay, Luis Lacalle Pou (PN), el candidato “por la positiva” construido según
los nuevos patrones del marketing político de derecha (imagen jovial y discurso
de no confrontación vacío de contenido, diseño gráfico de colores alegres y
“buena onda”), se perfilaba hasta poco antes de la primera vuelta como un
contendiente difícil para Tabaré Vázquez, que iba por un tercer mandato del
Frente Amplio. Ante un posible escenario de balotaje, los medios de
comunicación dominantes, amparándose en los datos de algunas empresas
consultoras buscaron sin descanso posicionar que sobrevendría un empate técnico
entre ambos candidatos y que, de ganar, el Frente Amplio no conseguiría
mantener la mayoría parlamentaria. Nada de esto sucedió, sino que por el
contrario la amplia ventaja que obtuvo el FA en primera vuelta sobre el PN
(47,81% a 30,88%) fue definitoria para la segunda vuelta y para conservar la
mayoría en ambas cámaras.
No
se trata de un hecho novedoso. Como ya había sucedido con la reelección de Hugo
Chávez en octubre de 2012, los sondeos de intención de voto ocuparon esta vez
un lugar central durante las campañas electorales de ambos países
sudamericanos. En aquella ocasión, las principales encuestadoras otorgaban a Henrique
Capriles la victoria o manejaban escenarios de empate técnico, pero finalmente
el resultado fue una victoria del chavismo por más de diez puntos sobre el
candidato opositor. En definitiva, en todos los casos, la realidad de los
resultados arroja serias dudas sobre la fiabilidad con que cuentan las
consultoras a la hora de anticipar el resultado de una elección.
El
saldo obligado de este recorrido ha de ser la reflexión en torno al rol de las
empresas privadas de investigación social en la política regional. Solamente
hay dos posibilidades para explicar los fallos en los resultados emitidos por
las consultoras privadas.
La
primera: es sabido que las encuestas son una herramienta metodológica que nos
permite, a partir de preguntas realizadas a una porción pequeña de la
población, extrapolar sus respuestas y tomarlas como representativas de un
universo poblacional, siempre contemplando un margen de error estadístico. Y
siempre y cuando la metodología se aplique en forma correcta, sobre una muestra
realmente representativa del universo en estudio. Una explicación posible
entonces sería la posibilidad de errores en la metodología de la encuesta:
muestras no representativas, preguntas mal formuladas o errores al aplicar
factores de expansión. Se podría pensar en que, puesto que a lo largo de la
última década las realidades socioeconómicas de la población variaron
enormemente produciéndose importantes cambios en los estratos de población
tradicionalmente considerados, existe la posibilidad de que algunas
encuestadoras aún continúen basando la metodología de la encuesta en patrones
sociodemográficos que no fueron adecuadamente actualizados o que se apliquen
erróneamente los factores de expansión dando lugar a sesgos en la representatividad
de la muestra.
O
la segunda: si la neutralidad en política no existe, en ciencias sociales mucho
menos. Si tenemos en cuenta que en la región existen importantes grupos de
empresas privadas -con grandes intereses económicos- que se ocupan de abastecer
el mercado de los sondeos de opinión, no es descabellado pensar la intención
política del uso de las herramientas de investigación social en las contiendas
electorales. Con el complemento perfecto del poder de amplificación de los
medios masivos de comunicación, todavía concentrados en pocas manos, las
encuestas de intención de voto pueden servir para intentar direccionar la
voluntad popular antes de las elecciones en favor del candidato de sus propios
intereses mediante la instalación de matrices de opinión previas a la elección
como fue el caso del “huracán” Marina que parecía que arrasaba con todo a su
paso o como sucedió con Capriles en Venezuela. Y como sucede también en
Argentina con las mediciones de encuestadoras privadas que anuncian dudosos
valores de inflación –luego replicadas hasta el cansancio por los medios
concentrados- que nada tienen que ver con la realidad económica del país.
Cabe
preguntarse entonces cuáles son las vinculaciones e intereses políticos que
operan detrás de la aparente asepsia de los números que ofrecen las encuestas.
Un caso paradigmático es el del Grupo Ibope, la más grande empresa de
investigación de
mercado
en la región y una de las multinacionales más grandes de Brasil que tiene
intereses económicos en la mayor parte del continente (en muchos países
controla la medición de audiencias televisivas –por la que enfrenta sospechas
sobre su metodología por ejemplo en Argentina y México- pero también investiga
el comportamiento de los patrones de consumo, la opinión pública, cuestiones
medioambientales, además de la intención de voto, entre otros). Pero existen
también otros grupos privados de empresas de investigación social como
Datanalisis (de Venezuela), o Equipos (de Uruguay) que también tienen presencia
en varios países de la región. Y como quedó demostrado en muchas ocasiones, los
números que arrojan sus sondeos no siempre son fiables, y se alejan de la
realidad por valores que superan cualquier margen de error estadísticamente
esperable. Y es que la técnica y la política, al igual que pasa en la economía,
son inescindibles.
En
la era del marketing político y las redes sociales, donde todo se mide por la
imagen y aceptación de tal o cual candidato, a veces independientemente de su
capacidad política, y donde la política ocurre ya no sólo en las estructuras
partidarias y en los actos de calle, sino principalmente en los medios masivos
de comunicación, los sondeos de opinión ocupan un lugar fundamental en las
elecciones, porque nos permiten conocer el perfil del votante, sus intereses y
opiniones. Y en este sentido, las empresas de investigación social cumplen un
rol público y deberían tener por ello la obligación de rendir cuentas sobre la
información que brindan. Y los Estados nacionales deberían asumir la
responsabilidad de regular el mercado de los sondeos de opinión. Una
alternativa para garantizar la fiabilidad de los mismos podría ser una
legislación que los sujete a auditorías públicas de la construcción
metodológica y de los resultados.
Por
otro lado, pero en la misma línea, resulta llamativo que en América Latina el
área de la investigación social este relegada exclusivamente al ámbito privado
y que no existan organismos públicos capaces de brindar datos sobre sondeos de
intención de voto u opinión, como sí ocurre en otros lugares del mundo (por
ejemplo en España, el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) es un
organismo público). Mientras, la vorágine electoral continuará su marcha en la
región. En 2015 será el turno electoral de Argentina, y seguramente todo el proceso
estará atravesado por los sondeos de intención de voto. Tal vez sea hora de mover fichas
en un nuevo frente de batalla para impedir que se utilicen las encuestas como
herramienta política durante las campañas electorales, ya sea avanzando en la
regulación y/o auditoría de las empresas de investigación privadas o bien
creando organismos públicos, integrados por universidades públicas y/u
organizaciones sociales u organismos estatales que permitan contar con estudios
de opinión serios y confiables, no sólo para los candidatos, sino también para
la población, como un modo de democratizar el acceso a información de calidad
en el ámbito de la investigación social. - Por: Gisela Brito – Telesur.com –
Opinión - 06 – 01 - 2015
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