10/18/2018

El Maltrato del Ejército al General Carlos Suárez, Que Destapó los Falsos Positivos. Fue Retirado de las Filas y Vive Aislado

Carlos Suárez fue retirado de las filas y vive aislado en una finca a raíz de su valiente investigación sobre este oscuro capítulo de las Fuerzas Militares
Es probable que el General Carlos Suarez no se ha enterado que 21 de los militares que el denunció por casos de falsos positivos hayan sido condenados a penas de 21 y 35 años de prisión.
Ahora está dedicado a vivir tranquilo en su finca de Facatativá. Lo único que le importa es poder sintonizar en su televisor a los cinco ciclistas colombianos que compiten en la Vuelta al País Vasco, pero no los ve. Reacciona rabioso convencido de que lo están escuchando quienes toman decisiones o quizá la tropa a la que durante sus 35 años de servicio siempre quiso inculcarle pasión y compromiso. Quiere estar seguro que sus quejas tengan un interlocutor. Como se lo propuso cuando llegó con su cartapacio de documentos a presentar el informe, el más delicado de su carrera militar. Allí, en la Casa de Nariño, lo esperaban a mediados del 2008 el Presidente Uribe, el ministro de Defensa Juan Manuel Santos y el general Freddy Padilla León.
El general Suárez, hasta entones auditor general, llegaba con su informe debajo del brazo producto de un recorrido por los distintos cuarteles a lo largo y ancho del territorio, muchos de ellos ubicados en zonas de conflicto donde habían tenido que vivir el ascenso de las Farc en los gobiernos de Ernesto Samper y Andrés Pastrana —a pesar de haber iniciado un proceso de paz con esta guerrilla— y su enfrentamiento a fondo desde comienzos del gobierno de Álvaro Uribe y durante todo su primer gobierno quien había asumido en el día a día de su mandato su rol de comandante en jefe de las Fuerzas Militares como lo determina la Constitución. Uribe no delegaba esta responsabilidad y su comunicación con los cuarteles llegaba hasta la base de la cadena de mando.
A comienzos del 2008, en el segundo año del segundo periodo de Uribe, empezaron a reportarse una cadena de muertes, que se presentaban como “bajas en combate”, en los municipios de Soacha, vecino de Bogotá, y Ocaña en Norte de Santander. El Ejército dio un parte de 19 guerrilleros en enfrentamientos con la guerrilla. Mujeres comenzaron a presentar denuncias sobre desapariciones de jóvenes, vecinos, hijos de conocidos en ambas zonas. El cuadro resultaba extraño pero llamaba especialmente la atención que en los levantamientos de los cadáveres, los presuntos insurgentes tenían heridas que revelaban tiros de gracia, como si se tratara de ejecuciones y no muertos en combate. Los indicios llevaron al comandante del Ejército a tomar medidas para esclarecer los hechos. El escogido para liderar la investigación fue el general Carlos Arturo Suárez quien venía de lucirse en la conducción de la Operación Jaque que terminó con el rescate de Ingrid Betancourt, los tres norteamericanos y varios miembros del Ejército colombiano.
El general Suárez fue el artífice de la operación Jaque, pero le cedió el protagonismo al comandante Freddy Padilla de León y al entonces MinDefensa Juan Manuel Santos. Se aplicó a fondo en su tarea. Cuando llegaba a las guarniciones militares, los oficiales investigados trataban de apaciguarlo ofreciéndole un trago o un almuerzo, amabilidad y simpatía a la manera como habían manejado auditorías e investigaciones en el pasado. Con Suárez se equivocaban, estaba hecho de otra pasta. Para él estaba claro que nadie debería temer una inspección cuando se obraba con rectitud porque en la guerra solo son posibles tres situaciones: los combates, los errores y los crímenes.
Un paisa nacido en Sonsón Antioquia, le entregó al Ejército más de la mitad de sus 64 años de vida. Formado en una familia católica de doce hijos, su profunda fe religiosa lo ha guiado en las duras y las maduras. Cuando estuvo en las décadas más terribles del conflicto en los 80 y 90 en las llamadas zonas rojas en el Magdalena Medio o Urabá, el general nunca se desesperó por conseguir resultados fáciles sino por hacer su tarea de combate pero sin descuidar el bienestar de la comunidad.
Como comandante, aunque lo apreciaban dentro de la tropa, su voluntad de no caer en el sectarismo castrense le trajo enemigos. A un sector de los militares le incomodaba su mente abierta, su capacidad de entender al otro así estuviera en la otra orilla. En San Juan de Sumapaz, por ejemplo, se presentó con Mario Upegui, un veterano militante del Partido Comunista, a una reunión en donde los pobladores de esa cuna de resistencia de luchadores de izquierda pudieron expresarle libremente a los militares los vejámenes que sufrían por parte de la fuerza pública. Los uniformados se ofendieron cuando escucharon que el alcalde de esa localidad los saludó con un “Buenos días, camaradas” y llegaron a indignarse cuando vieron a Suárez responder el saludo con una sonrisa, fiel a su creencia en que ninguna posición extrema sirve en un país en conflicto. Ese es Carlos Arturo Suárez.
El mismo que no dudó en revelar la realidad de lo que encontró después de muchas entrevistas a comandantes de guarniciones y de leer bitácoras de guerra. Estaba claro: ninguno de los 19 guerrilleros presentaba antecedentes penales e incluso uno de ellos, Fair Leonardo Porras, era un muchacho que presentaba discapacidad mental. En el afán por obtener resultados, varios comandantes del Ejército habían aprobado la ejecución de estos jóvenes inocentes para después hacerlos pasar por integrantes de las Farc.
Luz Marina Bernal sostiene una foto de su hijo Fair Leonardo Porras, uno de los jóvenes de Soacha presentados como falsos positivos por el EjércitoLos operativos de Suárez eran silenciosos, efectivos y económicos: casi nunca se gastaba una bala. En el 2004, el Ejército planeaba adentrarse en lo más profundo de la selva del Caguán para sacar de allí a Anayibe Rojas Valderrama, alias Sonia, una de las guerrilleras más reconocidas de las Farc. Mientras los otros oficiales determinaban con qué tipo de bombas podrían acosar el campamento, Suárez, como comandante de la Brigada contra el narcotráfico, expuso un plan en donde se garantizaría que no se dispararía una sola arma y que ninguno de los soldados saldría herido. Después de una larga disputa con los oficiales, su plan se impuso. La exitosa misión duró cinco horas y fue llevada con pulso de cirujano por el comandante.
Pero el Informe que tenía entre manos era de otro tenor. Se metía nada menos que con el corazón de la operación en terreno y ponía en entredicho el accionar en el campo de batalla. Comprometía además una línea de mando en donde estaban muchos de sus compañeros de carrera. Sin embargo, no le tembló el pulso. Frente al Presidente Uribe, el ministro de Defensa Juan Manuel Santos y el comandante de las Fuerzas Militares Fredy Padilla de León presentaron las 70 páginas de su documento elaborado con precisión y equilibro. El resultado fue tan contundente que el 29 de octubre de 2008 a los pocos días de haberlo recibido, el Presidente Uribe ordenó la baja de 27 oficiales del Ejército. Había nacido el concepto de los “Falsos Positivos” que equivalía en el lenguaje militar a ejecuciones extrajudiciales. El Informe Suárez constituía la pieza más complicada para cuestionar el comportamiento en el campo de batalla. Abría un camino que después derivó en conclusiones más dramáticas como que no se trataba de una práctica marginal sino que se había generalizado en muchos batallones y los muertos inocentes eran demasiados. Más de 3000 uniformados han sido detenidos de los cuales 850 han sido condenados.
Aquello que parecía un gran logro se convirtió en una pesadilla para el general. Los oficiales se mofaban de él y lo tildaban de idiota útil de la guerrilla, bautizándolo como El general Machaca. Un sector del alto mando del Ejército empezó a presionar, en el 2009, para que lo designaran como agregado militar en Chile. Estados Unidos reversó la decisión porque consideraba un obstáculo para las investigaciones que estaba adelantando el Ejército. Al gobierno Uribe no le quedó otro camino que nombrarlo inspector de las Fuerzas Militares.

Un año después la presión surtió efecto y Carlos Arturo Suárez se fue contra su voluntad. El Informe Suárez es la investigación con más implicaciones para las Fuerzas Militares, una pieza definitiva para el esclarecimiento del conflicto en Colombia, pero para el general Carlos Arturo Suárez fue el principio del fin de su carrera militar. Dejaba atrás su uniforme, pero se llevaba el honor. - Por: Iván Gallo – Las 2 Orillas – 21 – 09 – 2015 
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10/01/2018

Entrevista a Magistrados Luis Hernández y José Barceló Hablaron Sobre el Linchamiento del que han sido Víctimas, el Entorpecimiento a la Justicia e hicieron Señalamientos Contra Uribe sus abogados.


Los magistrados José Luis Barceló, presidente de la Corte Suprema de Justicia, y Luis Antonio Hernández fueron los encargados de dirigir las investigaciones en contra del expresidente Álvaro Uribe por la presunta manipulación de testigos.
Hablaron sobre el linchamiento del que han sido víctimas, el entorpecimiento a la justicia e hicieron señalamientos contra el exmandatario y sus abogados.
Ahora, que han entregado los resultados de las indagaciones a la sala de instrucción de primera instancia, los dos togados dieron su versión sobre el polémico proceso.
Para Barceló, en esta investigación y en otras más, los jueces se han convertido en víctimas de un linchamiento mediático alimentado con mentiras. “No podría hacer señalamientos o decir nombres. La metodología de muchos de los investigados y procesados de la justicia es decir que son perseguidas por los jueces”, dijo la cabeza de la Corte Suprema.
Sobre este tema, Hernández fue poco más allá y aseguró que dichas tácticas han sido propiciadas por las mismas defensas de los procesados: “Los pules importantes de abogados hacen mediáticamente sus procesos. Al lado de los honorarios se cobra el manejo de los medios de comunicación”.
De igual manera, criticó el papel de los medios informativos, sobre todo en los temas relacionados con el expresidente: “No hay un tuit de Uribe que no tenga eco en los medios. Cualquier afirmación que haga el expresidente, y ha hecho bastante asociadas al caso que estaba tramitando la corte, tiene una repercusión”.
En el marco del mismo proceso, Barceló censuró a aquellos que reprodujeron mentiras como que iban a expedir orden de captura en contra del líder del Centro Democrático. “Cómo es posible que el senador Uribe y otros medios digan que yo salí ebrio, quién sabe en qué lugar de la ciudad, a decir que íbamos a capturar a Uribe. Falso de toda falsedad”, aseguró el magistrado.
“No es un error”
Los magistrados también se refirieron a la interceptación realizada por equivocación a Uribe pensando que era el teléfono del representante Nilton Córdoba. Ambos aseguraron que no fue en error y dijeron desconocer la razón por la que el número del exmandatario figuró dentro de las indagaciones a Córdoba por el cartel de la toga.
“La malicia surge de la coincidencia”, dijo el magistrado Hernández al señalar que posiblemente el teléfono de Uribe llegó al otro expediente por un simple error al usar un oficio como plantilla de otro.
De igual manera, rechazó cualquier suposición de que la corte cometió “el error” a propósito para poder intervenir las comunicaciones del exmandatario. “Me parece absurdo que nos crean tan tontos de haber hecho maliciosamente la interceptación del teléfono del expresidente Uribe como si fuera el de Nilton Córdoba para después trasladar las escuchas del caso de Uribe cuando nosotros tenemos la facultad de interceptar al expresidente de manera reservada”
Los dos magistrados concluyeron que el producto de las interceptaciones es válido dentro de la investigación, pero será la sala de instrucción de primera instancia la que “determinará si las escuchas tienen o no validez y si merecen ser usadas”.  No obstante, el magistrado Hernández reiteró que la escuchas contenían “información valiosa para el caso de manipulación testigos”.
“La única intención es debilitar al juez que está investigando”
Sobre las críticas realizadas por las interceptaciones y la estrategia de defensa usada por el equipo legal de Álvaro Uribe, ambos magistrados hicieron duros señalamientos.
Según el togado José Luis Hernández, la única intención del expresidente y sus defensores es debilitar al juez que está investigando cuando “anuncia que va a renunciar y no lo hace, si recusa a un juez y después desiste de la recusación y si anuncia una demanda internacional y no la hace”.
Sobre las estrategias usadas, que muchas veces incurrieron en ataques directos a los magistrados, Barceló aseguró que era algo esperado: “sabíamos que se iba a utilizar un camino de desprestigio y se iba a poner en tela de juicio nuestro buen nombre y dignidad”. De igual manera, aseguró que el país no podía olvidar que durante el gobierno de Uribe “a la corte le metieron micrófonos y la persiguieron. No es un cuento narrativo, hay personas condenadas por esos hechos”.
Para finalizar, el magistrado Hernández criticó a la defensa por politizar el proceso y al expresidente por sus acciones. “Un expresidente debe ser un ejemplo de buen ciudadano. Si un juez lo cita debe dar unas explicaciones como él dijo que lo haría y no obstaculizar el ejercicio de la actividad judicial”, dijo el presidente de la sala penal de la Corte Suprema de Justicia.

Por la misma línea, el magistrado José Luis Barceló censuró la actitud tomada por el senador del partido de gobierno: “Qué ejemplo se le está dando a las nuevas generaciones cuando una persona con ese reconocimiento y prestigio político se va lanza en ristre contra la Corte Suprema y sus magistrados”. Por: Noticiascaracol.com
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“Ramón Emilio Arcila”

9/26/2018

Iván Velásquez, de Desterrado en Guatemala a Ganador del Nobel Alternativo

Iván Velásquez, de desterrado en Guatemala a ganador 
del Nobel alternativo Foto: Daniel Reina / SEMANA
Este abogado nacido en Medellín enfrentó a Pablo Escobar, Paramilitares, parapolíticos y al presidente de Guatemala. Su labor le ha valido amenazas y hasta el destierro, pero también premios y el apoyo de un pueblo que se ha volcado a las calles a respaldarlo.

Iván Velásquez es una especie de desterrado. Trabajó más de 20 años para la justicia colombiana y tuvo que irse del país tras convertirse en un objetivo de persecuciones y seguimientos desde la inteligencia estatal. Cuando encontró un segundo país para ejercer su vocación, Guatemala, el mismo presidente le prohibió la entrada a esa tierra.
Como la mayoría de personajes que influyen de manera tan directa en la realidad de un país, a la par que su lista de rivales crece, también el reconocimiento a su trabajo. La fundación Right Livelihood le acaba de otorgar el que se considera como el Premio Nobel Alternativo, por su lucha contra la corrupción en Guatemala. En 2015, la revista ‘Foreign Policy‘ lo había destacado como una de las personas más influyentes del mundo. Y el pueblo guatemalteco se ha volcado a las calles, varias veces y en masa, a respaldar su gestión.
"Hazlo, y si te da miedo, hazlo con miedo", dice uno de los mensajes más recientes de Velásquez en su cuenta de Twitter. El miedo o el deber es la ecuación que ha marcado la trayectoria del abogado nacido en Medellín. Durante los años 90 y como procurador de Antioquia, se enfrentó a Pablo Escobar, ese personaje que encarnaba lo peor del crimen.
Durante esos días tuvo una misión temeraria. Recoger pruebas para exponer la forma en que el capo del Cartel de Medellín transformó su sitio de reclusión, la cárcel de La Catedral, en algo más parecido a un complejo turístico donde sus deseos eran órdenes. Lujos, fiestas y vicios tenían lugar allí y Velásquez fue uno de los que lo expuso con su trabajo.
Meses después de que Escobar se fugó de La Catedral, en 1992, Velásquez asistió a una reunión con la esposa del narcotraficante en la que se esbozaba un nuevo intento de entrega del criminal. En esa cita, autorizada por el entonces presidente César Gaviria, Velásquez compartió sillón con el entonces senador Álvaro Uribe Vélez, quien 15 años después se convertiría en uno de sus mayores contradictores.
Durante esos años detrás de la pista del Cartel de Medellín, Velásquez fue amedrentado por los gatilleros de Escobar. A finales de los 90 volvería a vivir situaciones similares, entre intimidaciones y amenazas, cuando empezó a seguir el rastro del paramilitarismo desde su cargo de fiscal regional en Antioquia. Allí le tocó manejar varios de los expedientes más complejos de esos años, como el de las masacres de El Aro y La Granja y el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle.
Por esos años tuvo que vivir uno de los episodios que, en entrevistas con medios, ha calificado como los más duros de su carrera: el asesinato de compañeros suyos del CTI a manos del paramilitarismo. Sería su salto al escenario de los altos tribunales el que lo catapultaría como un "investigador estrella". En el año 2000 llegó a fungir como magistrado auxiliar en la Corte Suprema de Justicia.
Seis años después, cuando las investigaciones contra la parapolítica tomaron vuelo, Velásquez fue nombrado como el coordinador de esos casos. El récord que consiguió le ganó tanto reconocimiento como enemigos. Durante ese tiempo, la Corte Suprema de Justicia condenó alrededor de 50 congresistas por sus nexos con el paramilitarismo. Eso le consiguió el mote de "el magistrado estrella de la parapolítica", pese a que nunca fue designado como un togado titular del máximo tribunal.
Pero solo fue hasta 2007 que Velásquez salió de su relativo anonimato, cuando el entonces presidente Uribe lo señaló de estar presionando pruebas en su contra. Luego fue sindicado por el paramilitar Tasmania de haberle ofrecido beneficios jurídicos a cambio de declaraciones. En últimas, se le señaló de urdir un complot contra el mandatario. Finalmente, se demostró que el montaje era en contra de Velásquez, quien salió fortalecido de ese escándalo. Luego se supo que era uno de los objetivos de las chuzadas ilegales del DAS, y hasta se le investigó disciplinariamente por haber sacado copias de expedientes paramilitares de la Corte.
Pero la situación que desató su salida de la corte fue que lo relevaran como coordinador de la parapolítica pese a sus evidentes logros, en 2012. Al año siguiente, en medio de las persecuciones en contra suya y de su familia, que quedaron documentadas, se fue del país. Esa salida pudo leerse en su momento como que Velásquez se había cansado de sufrir las consecuencias de su ejercicio. Sin embargo, dos años después reapareció en un país que le era ajeno, pero que afrontaba una crisis institucional de corrupción.
Velásquez llegó a Guatemala designado por Naciones Unidas como la cabeza de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un actor independiente con el objetivo de apoyar los entes judiciales guatemaltecos, que existía desde 2006 pero que tomó mucho protagonismo con la llegada de Velásquez.
Entonces, el abogado antioqueño junto a la fiscal general Thelma Aldana lideraron la investigación de La Línea, un caso de defraudación aduanera al que terminaron vinculados varios altos funcionarios del gobierno de Guatemala. Finalmente, las pesquisas llegaron hasta la vicepresidenta Roxana Baldeti y al presidente Otto Pérez Molina, quien renunció a su cargo y terminó preso mientras enfrenta su juicio. Entre las críticas contra el colombiano se dijo que estaba en una cacería de brujas, obsesionado por tumbar presidentes.
"Yo lamenté que el expresidente Pérez Molina resultara involucrado en las investigaciones", dijo entonces Velásquez, quien en un inicio no calculó el alcance que tendría su investigación junto a la fiscal. En medio de esa crisis institucional, el pueblo guatemalteco se volcó como nunca a las calles a respaldar el trabajo de la Comisión y a condenar la corrupción.
Velásquez siguió trabajando en otro casos. Entre esos, tocó al sucesor de Pérez, a Jimmy Morales, el nuevo mandatario que se posesionó en 2016. y a su círculo familiar. El hijo y el hermano de Morales terminaron presos y vinculados a un proceso por lavado de dinero y fraude, cargos de los que se declaran inocentes. Velásquez también pidió que se levantara el fuero del presidente frente a otras pesquisas por la supuesta financiación ilícita de su campaña.
Esos choques con el mandatario desembocaron, hace un año, en la expulsión del exmagistrado colombiano de ese país: "Declaro non grato al señor Iván Velásquez y ordeno que abandone la república de Guatemala", dijo Morales. Sin embargo, un tribunal guatemalteco frenó esa decisión. Pese a que Velásquez cuenta con el apoyo de buena parte de la ciudadanía guatemalteca, el descontento de la clase política hacia su figura ha crecido. En esencia, el argumento que esgrimen en su contra es que su trabajo es una intromisión internacional en la soberanía local.
En medio de esa crisis que atraviesa el ejercicio de Velásquez en Guatemala, llegó el premio considerado el Nobel Alternativo. "Thelma Aldana e Iván Velásquez han estado al frente de uno de los esfuerzos anticorrupción más exitosos en el mundo", resaltó la fundación Right Livelihood al otorgarles el galardón, para luego resumir así su labor:
"Aldana y Velásquez han jugado un papel crucial en la configuración de una era definitiva en la historia de Guatemala, al tiempo que han reconstruido la confianza en las instituciones públicas. Como consecuencia, se han enfrentado a una resistencia sostenida y han soportado un gran riesgo personal. Su valiente y ejemplar trabajo ha desembocado en más de 60 estructuras criminales identificadas, más de 310 condenas y 34 propuestas de reformas legales".
Es la cuarta vez que el galardón va para Colombia, desde que se empezó a entregar en 1980. Sin embargo, es la primera que se lo gana una persona en particular, pues antes lo habían merecido el Festival de Poesía de Medellín (2006), el Programa de Consolidación del Amazonas, Coama (1999) y la Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare (1990).

El colombiano declaró ante medios que recibe el galardón como un espaldarazo. En últimas, un motivo más para seguir apostándole al deber sobre el miedo. Por Semana.com
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9/14/2018

ATENCIÓN Organizaciones Sociales y Ciudadanías del Oriente Antioqueño: A Defender Nuestro Derecho Político como Victimas del Conflicto Armado

A t e n c i ó n

Organizaciones Sociales del Oriente Antioqueño:

Asociaciones de Víctimas del Conflicto Armado, Organizaciones Defensoras del Medio Ambiente, Acciones Comunales, Asociaciones de Mujeres, Asociaciones de Productores Agropecuarios, Paneleros, Paperos, Organizaciones de Comerciantes, Instituciones Educativas de todos los Niveles, Organizaciones Promotoras de Paz y Reconciliación, Organizaciones Cooperativas, entre otras.

El Movimiento Cívico “Ramón Emilio Arcila”, Victima del Conflicto Armado en el Oriente Antioqueño, los estamos invitando a Pronunciarse, públicamente, para que, en el Congreso de la República, en el debate que se está desarrollando, sobre los Derechos Políticos de las Victimas, se considere que, en el Oriente Antioqueño, tenemos Derecho a tener, al menos, una representación.

Como se recordará, en el acuerdo de paz de la Habana se acordó elegir 16 representantes de los territorios más afectados por el conflicto, con el fin de darles voz y voto a las víctimas, durante dos periodos consecutivos.

Ya hubo dos intentos fallidos, para sacar adelante el proyecto, que crea esas curules especiales, para los territorios afectados por el conflicto armado, sin embargo, el pasado miércoles doce de septiembre, en la Comisión primera del Senado, el Senador Roy Barreras del Partido de la U, presento ponencia favorable para reconocer la representación en aquellas zonas que han sido castigadas duramente por la guerra, por supuesto, los candidatos que aspiren a ocupar uno de esos 16 espacios, deberán ser víctimas legalmente reconocidas.

A pesar de lo anterior, en el Acto Legislativo en discusión aún No figura el Oriente Antioqueño, y fue por ello que el pasado lunes, de parte del Movimiento Cívico “Ramón Emilio Arcila”, Victima del Conflicto Armado en el Oriente Antioqueño, le escribimos una Carta Pública al ponente del Acto Legislativo en los siguientes términos:

“Doctor Barreras, el Oriente Antioqueño es una de las subregiones donde la guerra, fue despiadada, todos los actores de la guerra abusaron, en forma indiscriminada, de los Derechos, Sociales, Políticos, Económicos, ambientales y Culturales, privaron a la ciudadanía del ejercicio de organización social y política, por ejemplo, con la persecución y eliminación de los dirigentes cívicos, redujeron al mínimo el accionar del histórico movimiento Cívico, una organización de organizaciones, quienes luchábamos por la Defensa del Territorio y los Derechos de la Ciudadanía, lesionaron profundamente la participación política, pues no solamente prohibieron a las ciudadanías Votar, también exigieron a los aspirantes a alcaldías y Concejos, renunciar a sus pretensiones y a quienes desobedecieron, los ejecutaron.

En el Oriente, se registran miles de asesinatos, desapariciones, decenas de Masacres; los desplazamientos se cuentan por miles, como consecuencia de lo anterior, hubo municipios que casi dejaron de ser viables, sin embargo, hasta el presente no hemos sido considerados, para que el Oriente Antioqueño como Victima, sea merecedor del Derecho a tener, una representación política en el Congreso”.

Por todo lo anterior, estamos invitando, a las Organizaciones Sociales de la Región, a que se pronuncien públicamente, para defender el Derecho, que en el Oriente Antioqueño tenemos, como Víctimas del Conflicto Armado

Fraternalmente,

Carlos A. Ruiz Ospina

Representante Declarante, Elegido Unánimemente para la Reparación Colectiva No Étnica del Movimiento Cívico “Ramón Emilio Arcila”, Victima del Conflicto Armado en el Oriente Antioqueño
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9/10/2018

Movimiento Cívico del Oriente Antoqueño, Victima del Conflicto Armado, Envía Carta Abierta al Senador Roy Barreras

Carta Abierta al Senador Roy Barreras

Carlos A. Ruiz Ospina:
Representante Declarante,
Movimiento Cívico “Ramón
Emilio Arcila”, 

Marinilla, septiembre 10 de 2018

Doctor
Roy Barreras
Senador de la República de Colombia

Honorable Senador,

Como es de público conocimiento, el Estado Colombiano, mediante la Dirección Nacional de Victimas, ha reconocido al Histórico Movimiento Cívico “Ramón Emilio Arcila”, como Victima del Conflicto Armado en el Oriente Antioqueño, como consecuencia, somos Sujetos de Reparación Colectiva.

Doctor Barreras, el Oriente Antioqueño es una de las subregiones donde la guerra, fue despiadada, todos los actores de la guerra abusaron, en forma indiscriminada, de los Derechos, Sociales, Políticos, Económicos, ambientales y Culturales, privaron a la ciudadanía del ejercicio de organización social y política, por ejemplo, con la persecución y eliminación de los dirigentes cívicos, redujeron al mínimo el accionar del histórico movimiento Cívico, una organización de organizaciones, quienes luchábamos por la Defensa del Territorio y los Derechos de la Ciudadanía, lesionaron profundamente la participación política, pues no solamente prohibieron a las ciudadanías Votar, también exigieron a los aspirantes a alcaldías y Concejos, renunciar a sus pretensiones y a quienes desobedecieron, los ejecutaron.

En el Oriente, se registran miles de asesinatos, desapariciones, decenas de Masacres; los desplazamientos se cuentan por miles, como consecuencia de lo anterior, hubo municipios que casi dejaron de ser viables, sin embargo, hasta el presente no hemos sido considerados, para que el Oriente Antioqueño como Victima, sea merecedor del Derecho a tener, una representación política en el Congreso.

Por todo lo anterior, Senador Barreras, tiene usted, la Histórica oportunidad, de enmendar esta injusticia, al incluir a nuestro territorio, en este histórico debate, que en buena hora ha tenido la oportunidad para, no sólo revivir las curules de las Victimas, además para enmendar la injusticia que se ha cometido, al haber excluido al Oriente Antioqueño, de tener su representación Política, como Víctimas del Conflicto Armado en el Oriente Antioqueño.

Fraternalmente,

Carlos A. Ruiz Ospina

Representante Declarante, Elegido Unánimemente para la Reparación Colectiva No Étnica del Movimiento Cívico “Ramón Emilio Arcila”, Victima del Conflicto Armado en el Oriente Antioqueño
Comcrear Óriente: Organo de Expresión del Movimiento Cívico “Ramón Emilio Arcila”

8/27/2018

El Poder Nace del Voto: Efectivamente, Desde los Albores del Siglo XXI, un Fantasma de Ciudadanías Libres y Progresistas Recorre la Geografía Colombiana

El Poder Nace del Voto

Efectivamente, desde los albores del siglo XXI, un fantasma de Ciudadanías Libres y Progresistas recorre la geografía colombiana, fantasma que ha venido creciendo dándole cada vez un mayor poder a proyectos alternativos, como cuando Carlos Gaviria quien alcanzó más de 2.600.000 votos, rompiendo todos los históricos del siglo XX, continuando con el SI, que subió a más de 6.000.000 millones de votos, seguimos con la candidatura presidencial de Gustavo Petro, logrando más de 8.000.000 millones, y finalmente el histórico resultado de la Consulta Anticorrupción, con cerca de 12.000.000 millones de votos.

Y es precisamente este fantasma el que viene asustando a estas oligarquías corruptas, mafiosas y criminales, quienes tienen una deuda pendiente con la Justicia, que hasta ahora, han venido pagando a cuentagotas.

Pero también, los sectores alternativos tenemos que transformar nuestras prácticas tradicionales de hacer política, erradicar la corrupción y el sectarismo, existentes en el mundo de las ONG, del Cooperativismo, del Sindicalismo, de las Acciones Comunales, en fin, todas aquellas prácticas que lesionan la credibilidad y el poder de convocatoria. 

Es hora de prepararnos para ser Gobierno y para ser Poder, y para ello se requiere, que esa Juventud Rebelde y Progresista, continúe tomándose los espacios de dirección de las diferentes organizaciones, continúen desarrollando la Investigación, la Formación, la Disciplina, la Ética y mucho compromiso para Reconstruir este país

Comcrear Óriente: Organo de Expresión del Movimiento Cívico “Ramón Emilio Arcila”

8/16/2018

Sobrevivientes del Movimiento Cívico del Oriente Antioqueño Exigen Reparación Colectiva

Un grupo de sobrevivientes del Movimiento Cívico del Oriente Antioqueño y líderes sociales de la región, le exigen a la Unidad Nacional de Víctimas que reconozca a esta organización social como sujeto de reparación colectiva. Le piden al Estado que garantice la creación de una comisión de la verdad para esta región, un ejercicio de memoria histórica y la apertura de un centro de pensamiento que potencie la participación ciudadana en los 23 municipios del Oriente.


Desde diciembre de 2014, cuando se realizó un foro en memoria de Ramón Emilio Arcila, líder del Movimiento Cívico del Oriente Antioqueño asesinado en 1989, un grupo de líderes sociales y de sobrevivientes de ese movimiento, que tuvo gran influencia en la política de la región durante las décadas de 1980 y 1990, emprendió la labor de exigirle al Estado que reconozca a esta organización como víctima del conflicto armado y propicie una reparación colectiva tal y como lo establece la Ley 1448.
La petición se hizo porque más de 200 líderes de este Movimiento fueron víctimas de distintos grupos armados entre los años 1983 y 1995. Además, esta organización cívica fue señalada por algunos poderes locales de agudizar el conflicto armado en el Oriente Antioqueño, pues sus acciones tenían gran impacto en la comunidad. La persecución y las constantes amenazas hicieron que este colectivo desapareciera del escenario político regional a finales de la década de 1990.
Carlos Arturo Ruiz, quien fue coordinador del Movimiento Cívico entre 1981 y 1984, y hoy lidera la petición de reparación colectiva ante la Unidad Nacional de Víctimas, considera que todo el Oriente Antioqueño debe ser reparado, pues perdió uno de los procesos sociales que promovía el pensamiento crítico en la región. Por esta razón, la reparación que presentaron se centra en tres objetivos: construir una comisión de la verdad, emprender un ejercicio de memoria histórica y constituir un centro de pensamiento.
Carlos Arturo Ruiz O. Fue el Coordinador General del 
Movimiento Cívico del Oriente Antioqueño 1981 - 1984
“Con la comisión de la verdad queremos que se revelen los nombres de quienes ordenaron los asesinatos de los dirigentes cívicos. También queremos que se haga un ejercicio de memoria histórica que reconozca por qué surgió el Movimiento Cívico y que reconstruya la historia de vida de nuestros líderes. El principal objetivo de esta reparación colectiva es la recuperación de la masa crítica del Oriente. Eso lo lograremos con la construcción de un centro de pensamiento que se dedique a la investigación sobre las principales problemáticas que afectan a la comunidad; además, permitirá la formación de líderes jóvenes que actualicen la agenda política del Movimiento Cívico”, dice Ruiz.
Esa preocupación por la defensa de los derechos de las comunidades surgió en la década de 1980; en esa época, nació el Movimiento Cívico del Oriente con el propósito de enfrentar los efectos económicos y sociales de los megaproyectos que llegaron a la región, como la hidroeléctrica de Guatapé, la Autopista Medellín-Bogotá y otros embalses construidos en municipios como San Carlos. El Movimiento lideró las discusiones y realizó varios paros cívicos en contra de estos proyectos, acciones que fueron vistas con buenos ojos por la comunidad. En ese periodo, con el lema “Pasemos de la protesta a la propuesta”, varios candidatos vinculados al Movimiento fueron elegidos como alcaldes en algunos municipios.
Movimiento cívico Uno de los volantes que distribuyeron comerciantes y habitantes del municipio de Marinilla para manifestarse en contra del asesinato de Ramón Emilio Arcila, en diciembre de 1989.
Ramón Emilio Arcila, abogado de Marinilla, fue asesinado en diciembre de 1989 cuando era candidato a la alcaldía de este municipio. Él es reconocido como el creador de esta consigna. A 28 años de su muerte, el reclamo de la reparación colectiva que adelantan los sobrevivientes del Movimiento Cívico del Oriente está inspirado en su legado.
El sacerdote Francisco Ocampo fue cercano a Ramón Emilio en los años de mayor agitación social en el Oriente: “Ramón Emilio, además de ser un gran profesional, era un líder. Logró que la población de todo el Oriente buscara soluciones a sus problemas. Su liderazgo chocó con ciertos poderes económicos y él fue víctima de eso. El Movimiento logró despertar la conciencia, pero el Estado siempre está cuidando a los grupos políticos y económicos”.
 El sacerdote Francisco Ocampo: Gerente de 
la Corporación Educativa para el Desarrollo Integral,
fue uno de los aliados del Movimiento Cívico del
Oriente Antioqueño
Para recuperar y fortalecer estos liderazgos, una de las acciones que promovió Carlos Arturo Ruiz, en compañía de otros líderes sociales de todo el Oriente, fue la creación del “Diplomado en Cultura Política, Derechos Humanos y Paz Territorial, Ramón Emilio Arcila”. En este programa académico, que se realizó con el apoyo logístico de la Corporación Coredi, participaron 53 estudiantes y 14 profesores, entre quienes se destacan Rubén Darío Pinilla, Magistrado del Tribunal Superior de Medellín; Iván Marulanda, constituyente; y Gabriel Ignacio Gómez, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia.
En el diplomado, que finalizó 22 de julio en Granada, los participantes hicieron una lectura del contexto del Oriente Antioqueño y propusieron una agenda política acorde a sus demandas. “Si logramos que nos den la reparación colectiva, debemos animar a los jóvenes a que asuman la dirigencia del Movimiento. Por esta razón, los trabajos finales del diplomado son los insumos que llevaremos a una asamblea de organizaciones sociales en la que definiremos el rumbo que tomará nuestro Movimiento Cívico”, dice Carlos Arturo Ruiz.

Si se quiere alcanzar la paz territorial, como aseguran los líderes sociales que están acompañando el proceso de reparación colectiva, El Estado debe apoyar las iniciativas que promueven el debate y el pensamiento crítico en las comunidades, como lo hizo Movimiento Cívico del Oriente Antioqueño. Por Esteban Tavera – Hacemos Memoria – 25 – 07 - 2018
Comcrear Óriente: Organo de Expresión del Movimiento Cívico “Ramón Emilio Arcila”